La plataforma de la Mezquita pide al Defensor del Pueblo que medie

Jesús Maeztu asegura que espera una “solución digna a este monumento Patrimonio Mundial tan importante para Córdoba”

La Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de todos ha solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que interceda ante las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias que eviten la apropiación jurídica, simbólica y económica por parte del Obispado de Córdoba de un monumento Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco en 1984.

En su primer acto público como colectivo ciudadano, la plataforma expresó su honda preocupación ante el riesgo que corre su declaración universal porque entiende que “el monumento ha sufrido una grave amputación de su huella andalusí al haber sido eliminado el término Mezquita de todos sus documentos divulgativos mientras que el relato histórico del edificio ha sido claramente adulterado desde un prisma meramente confesional. La Mezquita-Catedral fue designada Patrimonio Mundial en 1984 por simbolizar de manera excepcional un mensaje universal de concordia entre culturas”.

Representantes de la plataforma, con su portavoz Miguel Santiago al frente, hicieron entrega al Defensor del Pueblo Andaluz de un manifiesto de cuatro puntos, que ha reunido ya 145.000 firmas a través de change.org. El documento exige la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, que deje de emplearse institucionalmente solo el término Catedral para referirse a todo el monumento, una gestión pública y transparente y la redacción de un Código de Buenas Prácticas.

El Defensor del Pueblo Andaluz aseguró ante los medios de comunicación que espera una “solución digna a este monumento Patrimonio Mundial tan importante para Córdoba”. Maeztu estimó que es preciso aclarar lo que significa el símbolo de la Mezquita y el de la Catedral para que ambos “se respeten con todas las garantías en un clima de intercambio”. La institución que dirige presentará esta queja ciudadana al Parlamento andaluz, la Junta de Andalucía y la administración local. “Todo esto”, subrayó, “conlleva un proceso de investigación”, que incluirá un estudio técnico detallado y se efectuará un informe a las partes afectadas. “Es un tema muy serio que hay que tratar con rigor”, declaró en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, en Sevilla.

El expediente podría precipitar alegaciones por parte de los afectados, que serían incorporadas a todo el proceso abierto por el Defensor, según aclaró Maeztu, que también destacó el carácter “ciudadano” e “inclusivo” de la Plataforma Mezquita-Catedral.

El portavoz del colectivo, Miguel Santiago, recordó que el primer acto público de la acción ciudadana ha sido precisamente ante el Defensor del Pueblo Andaluz por buscar una “figura de imparcialidad”. “Proponemos un camino de diálogo, abierto e inclusivo para resolver un problema que detectamos desde hace años”, agregó. Para Miguel Santiago, la Mezquita-Catedral es un “monumento singular que requiere un estatuto jurídico singular que compatibilice el uso litúrgico en el marco de una gestión pública, cultural, patrimonial y confesional”.

MÁSLIBRES.ORG ENTREGA SUS FIRMAS A LA JUNTA

Por otra parte, voluntarios de la plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres.org han acudido este miércoles al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con objeto de hacer entrega de 85.000 peticiones “para evitar la expropiación de la Catedral de Córdoba”.

En un comunicado, el responsable de prensa de dicha plataforma, Nicolás de Cárdenas, ha manifestado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “no puede pretender quitar a sus legítimos dueños (la Iglesia Católica) la propiedad de un lugar que siempre les perteneció desde el siglo VI, salvo el tiempo en que fue arrebatado por la fuerza, entre 714 y 1236. Salvo que Susana Díaz haya decidido volver 1.300 años atrás por alguna razón que desconocemos”.

Cárdenas ha señalado que “no existen razones históricas, jurídicas o de sentido común que sostengan la pretensión de expropiación del templo, más bien la intención es acabar con el culto, como ya se ha hecho en la Sinagoga de Córdoba”.

Según ha anunciado, la plataforma MasLibres.org prevé mantener esta campaña “el tiempo que sea necesario para evitar que los derechos de los creyentes sean pisoteados por la Junta. La libertad religiosa y de culto es un derecho humano fundamental que no puede ser atacado sin que se resienta la democracia”.