La plataforma por la Comisión de la Verdad exige que no se derogue la ley de memoria histórica

La Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba (integrada por familiares de víctimas del franquismo, Foro de la Memoria de Córdoba, Círculo de la Memoria de Podemos Andalucía, CNT-Córdoba, CCOO-Córdoba, UGT-Córdoba, AREMHISA de Aguilar, Malenos en Mauthausen de Posadas, Asociación Germinal de Bujalance, Docentes por la Memoria Histórica de Andalucía, Dejadme llorar, Recuperación Memoria Histórica de la Rambla, Foro por la Memoria de Espejo y Sindicato COBAS) han mostrado su preocupación ante “la formación del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía”.

“En la voz de sus líderes, apuestan por liquidar la Ley de Memoria Historia (que se aprobó en su día sin ningún voto en contra) para convertirla en una Ley de Concordia”, exponen. “Si la concordia quiere decir que los represaliados por el franquismo hay que olvidarlos, y sus restos óseos no recuperarlos en aras de no remover las heridas, desde la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba decimos que no queremos remover heridas, queremos sanarlas dando a los  familiares, que desde hace más de 80 años están buscando a sus seres queridos un mínimo de reparación y justicia, como cualquier país que mire al futuro, y sea decente, haría”, consideran.

“Ha sido mucho el esfuerzo realizado por toda la comunidad memorialista y esperado por toda la sociedad (o buena parte de ella); mucho el trabajo en defender los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, amparados como estamos por la legislación internacional”, lamentan.

A la vez señalan que en los últimos años “se ha trabajado desinteresadamente para poder llevar a cabo exhumaciones de los asesinados por el franquismo y darles un entierro digno, así como el trabajo, exhaustivo en muchas ocasiones, para cambiar la simbología de calles y plazas, donde se ensalzaba a golpistas que nos condujeron a una guerra que, después de más de 80 años, no podían seguir rememorándose y ensalzándose en espacios públicos”. 

Ante ello, reivindican al nuevo gobierno la continuidad de la ley de memoria histórica y su dotación económica. “Según los expertos de la ONU, esto es un deber y obligación que los gobiernos tienen que asumir para que sea posible un futuro digno a partir de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para con las víctimas”, concluyen.