Piden cárcel al gerente y al encargado de una fábrica por el accidente de un empleado

El Ministerio Público ha pedido sendas penas de un año y seis meses de prisión para un gerente y un encargado de una fábrica de muebles de madera de la localidad cordobesa de Lucena, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones por imprudencia grave, tras producirse un accidente de un empleado, que tuvo que ingresar en el hospital y ha sufrido la pérdida total de la funcionalidad de una mano.

Según recoge la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, la empresa, dedicada principalmente a la elaboración de sillas, contrató en febrero de 2004 al empleado afectado como carpintero, aunque “en realidad dentro de la fábrica siempre desempeñó funciones de administrativo” hasta mayo de 2013, cuando se firmó por ambas partes una modificación del contenido del contrato “por razones técnicas y organizativas”.

De este modo, el trabajador empezó a compaginar sus funciones de administrativo con las labores propias de la fabricación de muebles. Así, en noviembre de 2014, tras concluir las labores administrativas de la empresa, el encargado de la fábrica y procesado le manifestó que debía lijar unas piezas y cuando finalizó dicho trabajo le indicó que debía dirigirse hacia una máquina espigadora doble automática, con el fin de dar forma a 200 piezas para ensamblarlas posteriormente.

Cuando llevaba aproximadamente cien piezas, se percató de que la máquina se había atrancado, porque una de las piezas se había desacoplado parcialmente del cargador, por lo que, “sin parar la máquina, que contenía elementos cortantes que giraban, accedió a su parte posterior para facilitar que la mordaza neumática que sujetaba la pieza se soltara, cogiendo después un palo para tratar de mover la madera obstruida”.

En ese instante, según el Ministerio Público, “la pieza cortante en movimiento del aparato enganchó la manga de la sudadera del operario, lo cual hizo que el brazo y la mano derecha entraran en contacto con las cuchillas”. En el momento del accidente, “la máquina no tenía colocadas las necesarias protecciones de seguridad que hubiesen impedido el acceso a los elementos peligrosos de la máquina, ni tampoco tenía puesta la aspiración localizada”.

Asimismo, según el fiscal, el trabajador no recibió formación sobre los riesgos y las medidas preventivas relacionadas con ese equipo, indicándole solo los dos acusados “escasas indicaciones verbales sobre el uso de la máquina, sin facilitarle su libro de instrucciones”.

Al respecto, precisa que el gerente y representante legal de la entidad, “incumpliendo las funciones que tenía encomendadas, consintió y no dio las órdenes oportunas para que su trabajador recibiera la formación adecuada para el manejo de la maquinaria”, a la vez que “permitió que la máquina se usara sin las adecuadas protecciones que evitasen los accidentes”, lo que motivó que “el operario no parara la máquina para intentar arreglar la obturación, por su falta de conocimiento, y que se cortara ante la ausencia de medidas de protección”.

Mientras, apunta que el encargado de la fábrica y supervisor del personal “incumplió sus obligaciones al ordenar al trabajador que manejara una máquina que carecía de las medidas de protección para impedir los cortes con las cuchillas, sin vigilar el trabajo del operario y no facilitar toda la información necesaria para el uso de la máquina”.

Las lesiones

Como consecuencia del accidente, el varón sufrió una fractura en el brazo y heridas en la mano derecha, cuya funcionalidad la ha perdido, al tiempo que tardó en curar 333 días, de los que 12 estuvo hospitalizado. El lesionado no reclama y ha renunciado a este procedimiento, después de haber sido indemnizado por la compañía aseguradora.

Por su parte, la Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción por dos infracciones graves a la empresa por “omisión de las medidas de seguridad exigibles conforme a la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales”.

Cabe destacar que el Ministerio Público, además de los años de cárcel, ha pedido para los procesados sendas penas de un año y seis meses de inhabilitación especial para el cargo de administrador de empresas y coordinador de seguridad.