Los pensionistas de Córdoba rechazan parte del acuerdo del Pacto de Toledo

Pensionistas en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba | MADERO CUBERO

La Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones se ha vuelto a concentrar este lunes ante el Ayuntamiento aunque, esta vez, para mostrar su rechazo a parte del acuerdo del Pacto de Toledo que afecta de lleno al Sistema de Pensiones. Las recomendaciones, aprobadas por consenso en la Comisión Parlamentaria, formarán parte de una ley que reformará las pensiones.

Tal y como explica la plataforma en su manifiesto, el acuerdo “no deroga” las leyes de 2001 y 2013 -del PSOE y del PP, respectivamente- “aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarán”, como la que afecta a la actualización anual de las pensiones, que volvería a ser según el IPC y desaparecía el factor de sostenibilidad. Sin embargo, “la edad de jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados”. En 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada de la pensión inicial habrá sido de un 30%.

Así, la organización denuncia que “se penalizará más todavía la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación”. La mayoría de las pensiones, además, “seguirán sin alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional y menos todavía los 1.084 euros que establece la Carta Social Europea ni se reducirá la brecha de género”.

Otro aspecto que ha sido criticado por la plataforma es el favorecimiento “de los planes de Pensiones de Empresas, un paso más para la privatización del Sistema Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas claramente insuficientes, siguiendo el modelo vasco y británico”. A juicio de los pensionistas, esta estrategia se trataría “de la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenidos de empresa.

El plan de saneamiento, ha continuado la asociación, “consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios -como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad- para empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos y no desde las cuentas de la Seguridad Social”. Por todo ello, la plataforma ha pedido una auditoría de estas cuentas.

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