Niegan el asilo en Córdoba a un joven ucraniano que no quiere hacer la mili e ir a la guerra

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por un joven ucraniano de 22 años que había solicitado asilo en Córdoba para evitar hacer la mili en su país e ir a la guerra. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio le denegó el derecho de asilo y la protección subsidiaria y el hombre decidió interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior, que también ha rechazado su petición ya que no se ha constatado peligro y la mili es obligatoria en Ucrania.

Según la sentencia a la que ha accedido este periódico, el joven llegó a España en 2016, cuando tenía 20 años. En octubre presentó la petición de protección internacional ante la Comisaría Provincial de Córdoba, exponiendo que residía con su familia en la capital cordobesa y que tenía miedo de ir a su país, hacer la mili y ser llamado a filas. Según explicaba en su petición, su ciudad natal es frontera entre Crimea y Ucrania y añadía que cerca de su domicilio había muchas inspecciones y controles militares porque cerca de su domicilio habían construido una base militar donde realizaban ejercicios.

Hay que señalar que la actual situación en Ucrania comenzó con las revueltas el Maidán que se produjeron en Kiev en noviembre de 2013, enfrentándose los partidarios de un acercamiento a la Unión Europea contra los proclives a una unión más estrecha con la Federación Rusa. La consecuencia inmediata de estas revueltas fue la huida del entonces presidente Víctor Yanukóvich, de tendencia pro rusa, y la caída de su régimen en febrero de 2014, tomando el poder un gobierno interino e iniciándose un periodo de alta inestabilidad política. Aunque se preveía que el servicio militar dejara de ser obligatorio, esta contienda -que pasó a denominarse Guerra del Donbás- echó por tierra la propuesta.

Actualmente, y según se detalla en la sentencia, el Gobierno de Ucrania está reclutando a personas de edades comprendidas entre los 20 y 27 años que no hayan realizado el servicio militar o que no se encuentren exentos por ninguna de las causas que contemplan la ley ucraniana de 1992 o su modificación de abril de 2014 y julio de 2015. Entre ellas están los motivos religiosos, éticos o políticos. La pena por no hacer la mili contempla va de tres a cinco años y fuentes de ACNUR señalan que a lo largo de 2014 y hasta julio de 2015 se procesaron 661 causas judiciales por deserción o evasión, aunque la mayoría quedaron en suspenso o archivadas.

El magistrado explica que el joven no ha alegado ningún motivo para eludir el servicio militar y que tan sólo admite “tener miedo de ser reclutado”. En el fallo, y recurriendo a jurisprudencia del Tribuna Supremo, el juez apunta que el hecho de desertar “no es por sí solo motivo de concesión de la condición de refugiado o del otorgamiento de algún tipo de protección”. Además, una resolución a favor del joven supondría la autorización por parte del tribunal español a cometer un delito dada la obligatoriedad del servicio militar en Ucrania.

Sobre la protección subsidiaria -se ofrece a las personas que necesitan un amparo especial en base a motivos fundados- que había solicitado en caso de no conseguir la categoría de refugiado, el magistrado también ha rechazado su petición. A este respecto, el magistrado recuerda que la vivida del joven se encuentra a 458 kilómetros de Donetsk y a 626 kilómetros de Lugansk, epicentros del conflicto ucraniano. Contra la sentencia cabe recurso.