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María José Lara se acoge a su derecho a no declarar ante Alaya

María José Lara, en la Audiencia Provincial de Córdoba en una imagen de archivo | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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La jueza Alaya deja en libertad con cargos a la exconcejala lucentina y exdirectora general de la Junta, para la que Anticorrupción pide una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros | Antonio Fernández sigue detenido

La exdirectora general de Formación de la Junta y exconcejala en el Ayuntamiento de Lucena María José Lara se ha acogido a su derecho a no declarar cuando ha sido puesta a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya. Lara ha sido trasladada ante Alaya tras ser detenida por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Barrado, que investiga el fraude en los cursos de formación financiados a cargo de la Consejería de Empleo. Lara ha sido puesta en libertad con cargos esta madrugada, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Fuentes judiciales han precisado que Lara ha comparecido ante Alaya junto a otras tres exdirectorales generales de Formación de la Junta de Andalucía arrestadas ayer por la mañana. Una vez que han pasado ante la jueza, en la Audiencia Provincial de Sevilla se celebró una especie de vistilla entre Alaya y la Fiscalía Anticorrupción para decidir el futuro procesal de las arrestadas. La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido el ingreso en prisión de manera preventiva de Lara, por lo que ha quedado en libertad con cargos. No obstante, sí que ha trascendido que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros a María José Lara, a lo que ha accedido la jueza Mercedes Alaya.

María José Lara ha sido arrestada como exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía. Lara fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lucena por el PSOE desde 1999 hasta 2008, cuando renunció a su acta de concejal para ocupar este cargo orgánico en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Lara fue directora general hasta el año 2010.

Tanto Lara como el exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernández, que aún sigue detenido, han sido imputados anteriormente por la justicia. En la actualidad, Fernández está imputado en Córdoba por el caso de las Unidades Territoriales de Empleo. Por su parte, Lara fue juzgada en 2010 por su supuesta implicación en el amaño de unas oposiciones en el Ayuntamiento de Lucena.

Las indagaciones se concentran en esclarecer diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota de prensa.

En concreto, a lo largo del día de ayer la Guardia Civil ha arrestado a 16 personas en todas las provincias andaluzas. De manera paralela, la Guardia Civil también ha iniciado otra operación en Mijas (Málaga) también dirigida por la jueza Alaya contra un supuesto fraude de dinero público en el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio). En este operativo habría arrestado a al menos tres altos cargos.

En cuanto al resto de Andalucía, la Guardia Civil ha detenido a nueve exdirectores generales de Empleo en otras tantas demarcaciones andaluzas (Cádiz tiene dos, una en la capital y otra en el Campo de Gibraltar) y también a al menos cuatro exdirectores generales de formación de la Consejería de Empleo. Entre los arrestados confirmados está el exdelegado de Empleo en Sevilla y exalcalde de Camas, Antonio Rivas, y la exdirectora general de Empleo y cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. La investigación también salpica a este exconsejero, arrestado en operaciones anteriores por fraude en cursos de formación.

Las fuentes han detallado que esta operación nace de un registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la Dirección General de Formación hace meses. También se sustenta en los distintos informes elaborados por la Cámara de Cuentas y las ocho intervenciones generales de fondos en las ocho provincias andaluzas. Las fuentes detallan que el operativo se desarrolla en la que es la primera línea de investigación surgida tras los registros y la toma de declaraciones en la sede de la Dirección General de Empleo.

Aunque la operación de la Guardia Civil sigue en marcha, se sospecha que hubiese podido existir falsedad documental a la hora de justificar y certificar los gastos en muchos de los cursos de formación. Las fuentes detallan que en el periodo investigado, que arranca en el año 2002, lo que era una excepción se convirtió en norma. Es decir, lo que era justificaciones puntuales para que las empresas no fuesen sancionadas y pudiesen seguir optando a las subvenciones para cursos de formación se convirtió en algo habitual.

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