Vox estudia acciones legales por el cambio de nombre de la estación Córdoba-Julio Anguita

Vox Córdoba estudia denunciar en los tribunales el cambio de denominación de la estación de tren a Córdoba-Julio Anguita, algo que ha calificado como “la foto de la vergüenza” y “la mayor traición del Partido Popular a sus votantes y al pueblo de Córdoba”.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha expresado en un comunicado la indignación de su grupo: “Ayer sentimos verdadera vergüenza y tristeza al ver cómo el mayor homenaje al comunismo en esta ciudad se hacía de la mano de un alcalde del Partido Popular con mayoría absoluta. Julio Anguita ya tenía sus reconocimientos como alcalde de Córdoba, pero lo de ayer es un exceso. El PP ha renunciado a sus principios y a la coherencia, avalando la iniciativa de Izquierda Unida y convirtiéndose en cómplice de la izquierda más radical.”

Badanelli recordó que ya existía un acuerdo para que la estación llevase el nombre de Luis de Góngora, “una figura de consenso, intemporal y sin carga ideológica. ”Vergüenza ajena da ver a un alcalde del PP pasar a la historia por auspiciar el mayor homenaje que se ha hecho nunca a un secretario general del Partido Comunista. Córdoba merece unidad y grandeza, no propaganda ideológica.“

Quiere que el Colectivo Prometeo pague los costes

El responsable jurídico provincial de Vox, Miguel Gómez de la Rosa, ha detallado que la denominación de estaciones ferroviarias se regula por la Orden Ministerial de 6 de septiembre de 2024, cuyos artículos 5 y 6 establecen que cuando la iniciativa parte de un colectivo privado, los costes derivados del cambio deben ser sufragados por dicho promotor.

En este caso, el procedimiento se inició a propuesta del colectivo Prometeo, fundado por el propio Julio Anguita y estrechamente vinculado a Izquierda Unida. Esa circunstancia obliga, según la norma, a que Prometeo asumiera el coste de unos 180.000 euros, correspondientes a los trabajos de rotulación, señalética, documentación oficial y actualizaciones digitales, entiende el partido de Santiago Abascal.

Sin embargo, según apostilla, el Ministerio de Transportes decidió asumirlo como procedimiento “de oficio”, derivando el gasto al conjunto de los españoles. “El procedimiento está viciado de nulidad porque no se inició de oficio, como sostiene la resolución, sino a instancia de parte. Es el propio Ministerio el que reconoce en la página 7 de la resolución que lo hace suyo por compartir los postulados de una moción del Ayuntamiento. Esa contradicción demuestra que no estamos ante un expediente administrativo neutral, sino ante una decisión política revestida de legalidad”, asegura.

Gómez de la Rosa destacó además la rapidez “sospechosa” con la que se ha actuado: “Presentamos un escrito el 11 de septiembre advirtiendo que la resolución no era firme. Sorprendentemente, el 12 ya recibimos contestación. Esa agilidad no es habitual en la Administración, donde resoluciones de este tipo tardan meses o incluso años. Aquí, en 24 horas, se zanjó un trámite clave, lo que evidencia la premura política por ejecutar este cambio a toda costa.”

El jurista de Vox también amenanza sobre las consecuencias económicas que pueden derivarse: “Si finalmente la Justicia nos da la razón y declara nulo el procedimiento, habría que gastar otros 180.000 euros para revertir la denominación y reponer la anterior. Hablamos de un posible despilfarro cercano a los 400.000 euros en plena crisis económica, con los cordobeses soportando deficiencias en el transporte público, retrasos en trenes o barrios enteros sin inversiones básicas. Este es el verdadero coste del sectarismo político.”

Por ello, Vox ya ha presentado un recurso de reposición contra la resolución del 19 de junio de 2025 y estudia acudir a la vía contencioso-administrativa, donde se alegará nulidad de pleno derecho, desviación de poder e incumplimiento de la normativa de transportes.