La Intervención reprocha la cesión gratuita de un local público en el estadio que dura ya 13 años

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba) lleva desde el año 2013 ocupando unas instalaciones en la planta baja y en la primera planta de la Preferencia del Estadio Municipal El Arcángel sin abonar ninguna contraprestación económica a las arcas públicas. Eso es lo que ha concluido la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba, que ha denunciado esta anomalía en su informe definitivo de control financiero correspondiente a 2022.

El órgano fiscalizador advierte de que existe un claro “perjuicio económico” para el municipio derivado del carácter gratuito de esta cesión, aunque derivado, a su juicio, de la falta de justificación del mismo.

El origen de esta situación se sitúa en el 2 de agosto de 2013, con José Antonio Nieto (PP) en el Gobierno local. En esa fecha, la Junta de Gobierno Local autorizó la cesión de uso de unos inmuebles ubicados en la planta baja y primera del estadio, calificados como equipamiento de hostelería y de servicios auxiliares. La adjudicación a favor de Comercio Córdoba se cerró por un plazo inicial de 10 años, con posibilidad de ser prorrogada por periodos de cinco años hasta alcanzar un total de diez años adicionales. 

Una gratuidad no solicitada

La Intervención General recuerda que ya en los informes emitidos en mayo y julio de 2013 avisó de que esta decisión no estaba justificada. El órgano fiscalizador señala una circunstancia sumamente llamativa: la propia entidad beneficiaria no había solicitado al Ayuntamiento que la cesión fuera gratuita. A esta circunstancia se suman las dudas sobre la legalidad de la fórmula empleada.

La auditoría plantea que calificar este espacio como “bien patrimonial” podría ser un error técnico, dado que en ese mismo edificio del estadio se ubican oficinas municipales. Este matiz apuntaría a que el recinto podría tener en realidad naturaleza de bien de dominio público (demanial), lo cual invalidaría la operación, ya que la normativa estipula que la cesión gratuita solo está permitida legalmente cuando se trata de bienes patrimoniales.

Además, el auditor recuerda informes de Intervención del año 2013 en el que ya afeaba la decisión política recordando el contexto de crisis de la época.  “Teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, con remanente líquido de tesorería negativo y sometido a un Plan de ajuste, y los principios enunciados por la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, entendemos que debería, cumpliendo el mandato legal establecido, promover la concurrencia pública y optimizar los ingresos que de la explotación de este bien pudieran derivarse”, señalaba en su día la Intervención, contraria a la idea de cederlos gratis a dedo.

En la fase de alegaciones a la auditoría provisional, los responsables municipales intentaron justificar esta situación argumentando que la Junta de Gobierno Local tramitó expresamente el expediente como una cesión gratuita y que, por tanto, el Órgano de Gestión Tributaria estaba imposibilitado para liquidar y cobrar ningún canon. Bajo esta defensa, el Ayuntamiento sostenía que, al no existir obligación de cobro en el acuerdo, “no existe perjuicio económico”.

Sin embargo, el órgano auditor ha desestimado frontalmente estas alegaciones. En el documento definitivo, la Intervención aclara que no está reprochando al Órgano de Gestión Tributaria un olvido o un error a la hora de cobrar los recibos, sino que el perjuicio económico radica en el propio acuerdo político. 

Una situación que ya fue denunciada en 2018

La cesión de este espacio ya ha levantado alguna polvareda en el pasado. En 2018, durante el mandato de Isabel Ambrosio (PSOE), el equipo de Gobierno reunió todos los expedientes relacionados con Comercio Córdoba después de que este periódico publicase que la federación debía a Hacienda más de 200.000 euros. La información que se facilitó en aquel entonces difiere de lo que ha detectado la Intervención en estos momentos.

“Las últimas cuotas que Comercio Córdoba pagó por la cesión de las oficinas del estadio son del año 2015”, indicaban desde el Ayuntamiento hace seis años, remarcando que, en el mandato anterior con el gobierno municipal del PP y Nieto de alcalde, Comercio Córdoba logró la cesión de estas dos oficinas y se comprometió a abonar todos los años un canon de 1.345 euros (un circunstancia no mencionada por Intervención). “Desde entonces, solo se han liquidado dos pagos: el del primer año, en 2013, y el del segundo, en 2014”, señalaron entonces desde el equipo de Gobierno de PSOE e IU.

Este periódico se ha puesto en contacto con el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, para conocer su impresión sobre el informe y saber el estado actual de la cesión (que, en su web aparece como sede social) y la actividad que en ella se lleva a cabo. Hasta el momento de la publicación, no ha obtenido respuesta.