Moreno aprueba en plena campaña electoral un decreto ley que regula las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El Consejo de Gobierno ha aprobado en plena campaña y después de las declaraciones del alcalde del municipio Rafael Moreno un decreto ley para conceder ayudas a las víctimas directas e indirectas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de cada uno de los 46 fallecidos percibirán 14.424 euros.

La concesión de estas ayudas ha sido propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario, al considerar necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que no son incompatibles. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes.

La norma aprobada fija que estas ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde que se presente la solicitud. Ésta se podrá presentar tanto por Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria, algo que el Decreto establece que debe hacerse en los 15 días siguientes a su entrada en vigor.

Transcurridos más de tres meses desde el accidente, las víctimas se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación: la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación e incluso algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo. Víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges (o relación análoga) e hijos (con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos). En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

Un decreto que llega tras una mañana de polémica

Tras el debate electoral celebrado durante el pasado lunes, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, rompió su silencio para denunciar lo que considera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero después de que el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, sacara el tema a colación para pedir explicaciones al Gobierno central.

A través de un comunicado en su perfil oficial en Facebook, Moreno expresó su malestar, señalando que “no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso”. El alcalde ha decidido relatar su vivencia en primera persona para evidenciar los fallos que, según su testimonio, se produjeron la noche del siniestro.

Tras ello, Óscar Puente pidió explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, mientras que el consejero Antonio Sanz alegó que “no todo vale” en una campaña electoral que también ha servido de escenario para aprobar el decreto-ley para las ayudas de las víctimas del accidente ferroviario.