El futuro plan general de Córdoba prevé que los balcones dejen de computar en la edificabilidad
El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), está impulsando una actualización del plan general con el fin de adaptar la ciudad a los nuevos retos de sostenibilidad y habitabilidad. En el marco de unas jornadas técnicas, el gerente de la GMU, Julián Álvarez, ha detallado los avances hacia el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y una nueva ordenanza de edificación que transformará la fisonomía de las viviendas cordobesas.
Una de las novedades más significativas de esta reforma, que ya ha sido aprobada por el consejo rector de la Gerencia, es el cambio en el tratamiento de los balcones en las nuevas edificaciones. Hasta ahora, la superficie de los balcones computaba como edificabilidad, lo que obligaba a los promotores a reducir el tamaño de estancias como el salón, la cocina o los dormitorios para poder incluirlos.
Con la nueva normativa, los balcones que no representen más del 15% del total de la edificabilidad no computarán, permitiendo así construir viviendas más grandes, mejor protegidas contra la crisis climática y más acordes a las necesidades detectadas tras la pandemia. Según Álvarez, el objetivo es propiciar espacios donde los ciudadanos “se sientan mejor”.
Un modelo de ciudad para el año 2050
Este impulso normativo se produce de forma paralela al desarrollo del nuevo PGOM, el cual se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental estratégica. El gerente ha avanzado que el escenario previsto es tener articulada dicha evaluación para este verano, momento en el que se presentarán públicamente tres alternativas o modelos de la “ciudad del futuro” para que la ciudadanía pueda elegir uno.
El plan no solo busca dar respuesta a corto plazo, sino definir la Córdoba del año 2050. “Ante el dinamismo industrial, estratégico y turístico de la capital”, el nuevo planeamiento deberá definir suelos para habitabilidad e industria, integrando retos fundamentales como el cambio climático, la igualdad y la integración social.
La tramitación de estas normas busca un debate ciudadano que involucre a colectivos, partidos políticos y agentes del sector urbanístico. Tras la aprobación inicial por el pleno de la corporación, se abrirá un periodo de exposición pública y reuniones con entidades para recoger aportaciones mediante alegaciones. La previsión municipal es que esta modificación esté aprobada de forma definitiva en torno al verano.
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