El Consejo del Movimiento Ciudadano muestra “preocupación por la tendencia a reducir impuestos” del Ayuntamiento

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha presentado una docena de alegaciones al expediente de renovación de ordenanzas fiscales para el año 2022, mostrando su “desacuerdo” con que el dictamen que anualmente elabora “no sea estudiado con detenimiento y que no se recojan las propuestas ni se explique por qué no se hace”, a la vez que cree “necesario que se determine un protocolo de negociación sobre el dictamen que respete el reglamento de participación ciudadana”.

En este sentido, muestran su “preocupación por la tendencia a reducir impuestos y tasas, porque pone en peligro el mantenimiento de los servicios y el empleo público en una época donde va a haber bajada en la recaudación municipal”. “No sobran los ingresos, lo que hay es incapacidad para gastar lo presupuestado, lo que provoca un superávit ficticio, ya que en realidad lo que sucede es que los servicios públicos están en precario”, según indica el Consejo.

Sobre los beneficios fiscales, mantienen su petición de “introducir beneficios fiscales al máximo nivel posible y en todos los impuestos y tasas que lo admitan para el casco histórico y, en especial, en la zona Patrimonio de la Humanidad, para actividades no hosteleras”, con el objetivo de “ayudar a reintroducir el pequeño y mediano comercio, instalar equipamientos públicos y privados y la rehabilitación y construcción de viviendas no turísticas en esta zona que corre riesgo de despoblación y de gentrificación”.

Al mismo tiempo, abogan por “establecer penalizaciones para la construcción o apertura de alojamientos y apartamentos turísticos en el casco como vía de disuasión”.

Respecto a las familias numerosas, consideran que “se deberían limitar las ayudas a familias por debajo de un nivel de ingresos de tipo medio”. Y es que, “tiene iguales o más dificultades habitualmente una familia monoparental que una familia numerosa, por lo que se debe plantear un límite a los ingresos según el número de hijos”, según apunta el Consejo.

En cuanto a los beneficios fiscales para la eliminación de barreras arquitectónicas y para la utilización de energía renovables y respeto al medio ambiente, debe “autorizarse a toda vivienda o edificio que pague IBI o IAE independientemente de que cuente con licencia de primera ocupación o no”, a lo que añaden que “si se le hace pagar IBI sin tener licencia de primera ocupación, se le debe permitir acceder a los beneficios fiscales que acompañan a dicho impuesto”.

Zonas privadas de uso público

Igualmente, plantean “introducir beneficios fiscales o rebajar un orden fiscal en el callejero a las calles que se encuentran bajo la definición de zonas privadas de uso público derivadas de la ordenación abierta, porque no reciben todos los servicios municipales, viéndose obligados a pagar los servicios no prestados, lo que resulta discriminatorio sobre otras zonas del mismo orden fiscal que, pagando lo mismo, sí reciben todos los servicios municipales --limpieza, mantenimiento de zonas verdes, alumbrado--”.

Según manifiestan, “estas viviendas tienen ya más de 50 años en su gran mayoría y los gastos de mantenimiento de las mismas se multiplican a su vez”.

En lo relativo a expedientes administrativos para el otorgamiento de autorizaciones para la utilización privativa y aprovechamiento especial con carácter temporal de dominio público local con estructuras desmontables o portátiles y actividades diversas a tramitar por el departamento de vía pública, proponen “incluir la exención de pago para las actividades que estén dentro de la programación sociocultural de cada distrito o vengan reconocidas por un departamento o área municipal como actividad de interés social o ciudadano”.

Asimismo, piden “la reducción de la tasa de actuaciones o licencias urbanísticas para declaración como asimilado a fuera de ordenación al 1% para favorecer su desarrollo”.

También, apuestan por “cambiar del pago de IBI urbano a IBI rústico a todas las viviendas y suelos que están en suelo no urbanizable, o que estando en suelo urbanizable no han aprobado de forma definitiva su plan parcial, o que estando en suelo urbano no consolidado, no han aprobado su plan especial de reforma interior o proyecto de urbanización”.

De igual modo, trasladar a la Gerencia provincial del Catastro el listado de las viviendas que se encuentran en dicha situación para que “reconsidere su calificación catastral”, todo ello “siguiendo la jurisprudencia que se ha ido generando al respecto y ante la falta de acceso a servicios básicos y falta de servicios públicos”. “El IBI urbano debe representar que se tiene acceso a los servicios públicos o se convierte en una imposición no ajustada a derecho”, apostillan.

Barras en actos socioculturales

Sobre las actividades a desarrollar en vía pública con instalación de una barra que se encuentren en la programación sociocultural municipal del distrito o que estén avaladas por un departamento como de interés social o ciudadano, creen que “deben considerarse como parte de una actividad sin ánimo de lucro, pues sólo contribuyen a sufragar la propia actividad con trabajo voluntario”.

Respecto a la tasa por cesión del uso e instalación, transporte y montaje y desmontaje de estructuras metálicas, siguen solicitando que “la cesión de material no debe estar sometida a tasa alguna para entidades sin ánimo de lucro, porque ya les supone un gasto cuantioso el transporte, la instalación, el desmontaje y el transporte de regreso”, por lo que “es suficiente con el abono de fianza”.

En cuanto a la ordenanza de tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y parasoles, insisten en que “se disuada de una instalación excesiva por el uso que hace del espacio público”. Para ello, “a partir de cien metros cuadrados de ocupación se debería incrementar el metro cuadrado un 25 por ciento cada 25 metros cuadrados más y así sucesivamente”, según citan.

En relación al IBI, abogan por “reducir el 50 por ciento a los locales de asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir a su sostenimiento siempre que en ellos no se desarrolle ninguna actividad lucrativa”.

Y ante la situación socioeconómica que se prevé para el próximo año, reclaman “facilitar al máximo la línea de fraccionamientos y aplazamientos de pagos de tasas e impuestos y estudiar la ampliación de personas y entidades con exenciones o bonificaciones en tasas e impuestos”.