El Ayuntamiento de Córdoba aumenta el gasto público en contratos de patrocinio por adjudicación directa

El Ayuntamiento de Córdoba cerró el ejercicio 2024 con el gasto más alto en contratos de patrocinio adjudicados de forma directa. El montante total de estos contratos duplicó al del ejercicio 2023 y se aproximó a los dos millones de euros, IVA incluido. Además, el gasto se aprobó en el mismo año en el que, sobre la mesa del equipo de Gobierno del PP, se presentó un informe de la Intervención General que desaconsejaba el uso reiterado esta fórmula administrativa, advirtiendo de que entraña varios riesgos.

Lo cierto es que el contrato de patrocinio (negociado sin publicidad, por supuesto) es una fórmula que lleva años siendo habitual para los contratos mayores que se aprueban en Capitulares. No obstante, los datos oficiales al respecto varían en función del órgano que responda a esta consulta. Así, según una respuesta del órgano de transparencia municipal facilitada a este periódico hace un año, en 2021 se adjudicaron cinco contratos de patrocinio, cifra que aumentó a seis en 2022 y que se mantuvo en seis en 2023.

Sin embargo, tanto la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento, como los propios planes de contratación municipales subidos al Portal de Transparencia muestran una cifra mucho mayor. Concretamente, del examen de toda la información, el número de contratos de patrocinio firmados en 2021 fue de 14; en 2022 de 10; y en 2023 de ocho.

El año pasado el número de contratos de patrocinio volvió a subir respecto al año anterior y se fue hasta diez. Esos son, al menos, los que aparecen en la información publicada de forma trimestral en la plataforma de transparencia del propio Ayuntamiento. Así, entre enero y diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Córdoba ha firmado los siguientes contratos de patrocinio y por las siguientes cantidades:

El monto total de estos diez contratos asciende a 1.476.656,26 euros sin IVA, lo que, al aplicarle el 21% de impuesto, supone un gasto municipal de 1.786.754,07 euros. Es la cifra más alta del último lustro, y que se produce, además, en un marco en el que Intervención muestra reparos continuos contra este tipo de arreglo administrativo.

Por comparar con otros ejercicios: en 2021, cuando se firmaron 14 contratos de patrocinio, el valor de estos fue de 845.592,20 euros. Por su parte, los diez de 2022 tuvieron un coste para las arcas públicas de 923.097,85 euros. En 2023, según la información del Plan de Contratación del Ayuntamiento, fueron ocho los contratos de patrocinio, que supusieron un total de 877.607,83 euros (IVA incluído). El gasto de 2024 en esta fórmula administrativa practicamente duplica al que se hizo en 2023.

El informe de Intervención

La cuestión es que el año pasado, un informe de Intervención emitido en relación con los contratos de patrocinio de los años 2021 y 2022, presentado al Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de febrero de 2024, ya alertaba sobre diversas deficiencias en la gestión de este tipo de transacción. El citado informe realizaba una valoración global desfavorable sobre los contratos de patrocinio no menores adjudicados por el Ayuntamiento de Córdoba, debido principalmente a la ausencia de la verdadera causa del contrato, que debería ser la publicidad y no una subvención encubierta.

El informe también señalaba un crecimiento exponencial de este tipo de negocios jurídicos, lo que parece haber aligerado la lista de convenios nominativos. Además, se observaba la concurrencia de patrocinio y subvención directa al mismo beneficiario en el mismo ejercicio (ocurría, por ejemplo, con el Córdoba Futsal, que recibía ayudas del Imdeco y, al mismo tiempo, dinero por patrocinio del Ayuntamiento).

En sus conclusiones, el informe detallaba varias debilidades significativas. Entre ellas la falta de un tramitador de expedientes electrónicos que cumpla con los requisitos de la ley 39/2015, lo que dificulta la fiscalización y genera información sesgada y desordenada; la ausencia de una instrucción o procedimiento reglado para la celebración de contratos de patrocinio o la falta de justificación del precio como adecuado al mercado y a la prestación recibida por el patrocinado. En este sentido, advertía de que, generalmente, no existen estudios independientes que comparen el coste del patrocinio con la contratación de publicidad a través de empresas del sector.

Además, también alertaba de que, en algunos casos, había incumplimiento por parte del patrocinado de las obligaciones expuestas en el pliego de prescripciones técnicas, así como no aportaban documentos gráficos que acreditaran el cumplimiento del contrato o, lo más básico, carecían de un informe de evaluación del impacto publicitario conseguido, lo que impide comprobar el cumplimiento del objeto del contrato y la eficacia en la asignación de recursos.

Asimismo, lo primero que señalaba la Intervención es que, al firmar estos contratos, se estaba incumpliendo la normativa europea que obliga a la publicación en el BOJA de los patrocinios de importe superior a 30.000 euros, algo que, según Intervención, el Ayuntamiento no estaba haciendo.

En resumen, el informe consideraba que, bajo la apariencia de contratos de patrocinio, en muchos casos se estaban concediendo subvenciones encubiertas, con deficiencias en la tramitación, justificación económica y control del cumplimiento. El informe alertaba de que, si un patrocinio encubre una ayuda que no cumple los requisitos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, podría ser ilegal, así como que la utilización continua del procedimiento negociado sin publicidad en la selección de los patrocinados, sin una justificación sólida, podría dar lugar a delitos de “prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas”.

De hecho, la Intervención llega en su escrito a citar el famoso caso Nóos como ejemplo de cómo la falta de licitación pública puede ser considerada delito. No obstante, pese a estas observaciones, el Ayuntamiento ha mantenido vigente, e incluso ampliado, este modelo de contratación, que ha ido in crescendo año a año, hasta llegar al máximo de gasto público a través de esta forma.