El alcalde de Córdoba se opone a la modificación de competencias con la nueva ley de Patrimonio

El alcalde, José María Bellido, en el Ayuntamiento.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha mostrado su oposición a la nueva ley de Patrimonio que prevé el Gobierno de España y que implicaría la gestión compartida de, entre otros monumentos, la Mezquita y el conjunto arqueológico de Medina Azahara, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Bellido, por contra, ha abogado por mantener las actuales competencias -en manos de la Junta de Andalucía-: "Vamos a pelear por que se respeten las competencias", ha dicho.

Preguntado por los periodistas este jueves, el alcalde de Córdoba se ha referido así al anteproyecto de la Ley de Patrimonio Inmaterial aprobado por el Consejo de Ministros, y pendiente de resolver en el Congreso, que prevé la creación de una figura para que se comparta la gestión de los monumentos protegidos por la Unesco en España, como la Mezquita Catedral, Medina Azahara, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de Granada, entre otros. La norma, que ha recibido el visto bueno del Gobierno, busca elevar el nivel de protección y control de estos monumentos, muchos de ellos en poder de la Iglesia, como el caso de la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla y la Giralda, o la Catedral de Burgos.

Sobre ello, Bellido ha reconocido que no cuenta con información al respecto por parte del Gobierno ni como ayuntamiento ni en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) del que forma parte Córdoba. El alcalde sí ha transmitido "de manera informal" a la comisión ejectiva del GCPH "la preocupación por cómo va a quedar redactada finalmente la ley de Patrimonio de ámbito nacional" y ha avanzado que también ha mantenido conversaciones informales al respecto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En ese sentido, Bellido ha anunciado que "sí vamos a defender el ámbito competencial de cada administración. Vamos a pelear porque se respeten las competencias", ha dicho para destacar que es la Junta de Andalucía la que tiene actualmente las competencias en cuanto a protección del patrimonio y que aboga por que esto se mantenga así "para evitar intromisiones".

"Tampoco veo la necesidad de cambiar los modelos" ha dicho el alcalde y se ha referido las cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad con las que cuenta Córdoba: la Mezquita, el Casco Histórico, el conjunto arqueológico de Medina Azahara y la Fiesta de los Patios. "Los cuatro se protegen adecuadamente, funcionan bien. No tenemos ningún problema" ha asegurado antes de reiterar su oposición al "cambio de modelo" sobre la protección del patrimonio.

Además, ha apuntado a otro factor: "De lo que tampoco tenemos información y creo que nunca la tendremos es sobre qué cuantía está dispuesto a aportar el Gobierno porque de eso en la ley no se dice nada", ha advertido para señalar que "es curioso que quieran ordenar la protección -del patrimonio- pero que paguen otros".

La norma que prepara el Gobierno da amplios poderes al Ejecutivo. Actualmente, las competencias de patrimonio están delegadas en las comunidades autónomas, que son las encargadas de aprobar sus propias leyes de protección. Ahora, el Ejecutivo se guarda la posibilidad de declarar Bien de Interés Mundial (BIM), una nueva figura jurídica para todos aquellos monumentos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en España. Eso sí, estos bienes no serán BIM automáticamente. El Ejecutivo los declarará a través de un decreto "previa consulta con la comunidad autónoma".

Pero la gran novedad es la creación de patronatos en los que "participen las administraciones autonómicas y locales afectadas, y las entidades privadas que ostenten derechos sobre estos bienes". En el caso de la Mezquita, por ejemplo, sería el Gobierno, la Junta, el Ayuntamiento y el Cabildo. "En todo caso, el Patronato estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte, que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo". Es decir, el Ejecutivo se guarda la mayoría para la toma de decisiones sobre la gestión de estos bienes.

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1 de julio de 2021 - 11:55 h