La Junta justifica el recurso contra los ocupantes de Somonte por “los daños” causados

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha justificado este jueves el recurso de la Junta contra la sentencia que ha absuelto a los ocupantes de la finca pública de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), por “los daños” que han causado a cultivos ecológicos y maquinaria y por privar arbitrariamente al resto de andaluces de esa finca.

Así lo ha destacado Sánchez Haro, después de que la portavoz de Agricultura de IU en el Parlamento andaluz, María Carmen Pérez, le preguntase en la Cámara autonómica por dicho recurso, dado que la Fiscalía ha dado por buena la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Posadas (Córdoba), dictada en base a que “el delito de ocupación implica la voluntad o el ánimo de permanencia y no se ha podido acreditar que las 48 personas (juzgadas) tuvieran ese ánimo de permanencia”.

Por ello, a Pérez le ha “decepcionado” que la Junta recurra ese fallo judicial, cuando los ocupantes son “unas familias que cultivan unas tierras que el Gobierno autonómico quería vender”, y ello en “una comunidad con un 37% de paro y con índices de pobreza espectaculares”, siendo los ocupantes de Somonte jornaleros “que solo pelean por algo tan lícito como comer todos los días”.

Ante esto, el consejero ha señalado que “el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha procedido según lo dispuesto en la normativa de aplicación y, de acuerdo con ello”, su recurso “se basa en la abundante prueba documental practicada y que ha sido aportada al juzgado”, y también “por considerar que no ha sido correctamente interpretada esta prueba” por el juzgado.

Junto a ello, Sánchez Haro ha recordado a Pérez que ella misma ha defendido en el Parlamento andaluz que “las tierras públicas deben ponerse en cultivo y deben ser patrimonio de todos los andaluces”, pero ahora, según ha argumentado el consejero, “niega a esos mismos andaluces la igualdad en el acceso a la tierra”, considerando IU que tienen ese derecho solo quienes porten determinados “estandartes”, dejando de lado al resto de “desempleados, jóvenes y mujeres” de Andalucía.

Además, en el caso de Somonte “hablamos de 400 hectáreas, con el 97% de cereal y de girasol”, y “todo estaba certificado en ecológico hasta su ocupación en 2012”, pero “desde marzo” de dicho año “se ha impedido el control y la certificación necesarios para la producción ecológica y realizar las labores de cultivo previstas”.

El resultado, “desde entonces”, es que “hemos tenido seis campañas con pérdidas, en producción y en mano de obra, con daños en las instalaciones, en el suministro eléctrico y también con desaparición de la maquinaria” que allí se empleaba, añadiendo que los “daños y pérdidas” que se han generado se podrán “calibrar en su totalidad” cuando la Junta vuelva a tener acceso a la finca.