El juez de Baena abre juicio por el caso de las facturas falsas

El caso tendrá que ser juzgado por un jurado popular | Están acusados dos funcionarios, uno el secretario del exalcalde Luis Moreno, y un empresario

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena ha acordado la apertura de juicio oral, que llevará a cabo un jurado popular, para juzgar, por un presunto delito de facturas falsas y estafa a los dos funcionarios y al empresario, acusados los tres de tramar de común acuerdo un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena.

Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, los acusados son Rafael Santano Cañete, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del exalcalde de Baena Luis Moreno (PSOE); Juan Díaz Pérez, funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena, Antonio Jesús Gómez Rosa, propietario de la empresa Hagosan, carpintería metálica.

Según los hechos investigados, y afirmados en el auto de procesamiento, Antonio Jesús Gómez Rosa realizaba, desde el año 2000, obras menores para el Ayuntamiento de Baena y mantenía una relación continúa y habitual con el Consistorio para el cual realizaba obras menores en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.

Rafael Santano Cañete, como secretario del Alcalde, se habría ofrecido “a dar un trato de favor a Antonio Jesús Gómez Rosa”, para agilizar el cobro de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Baena por las obras realizadas siempre que este empresario las emitía por las cantidades que le indicaran los dos funcionarios procesados a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar. “Todo ello, cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía, con el fin de obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable”, afirma el auto.

Una vez que el empresario cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entregaría en mano la cantidad restante a los dos funcionarios acusados.

La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007. Los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y oficial, y un delito continuado de estafa.

Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan imponérsele, el juez requiere al empresario que preste fianza por la cantidad de 6.784 euros, y a los empleados del Ayuntamiento que presten fianza, cada uno de ellos, por la cantidad de 41.882 euros.

El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de una presunta trama constituida entre las tres personas acusadas para tramitar y cobrar facturas con cargo al Ayuntamiento de trabajos que nunca se realizaron. Los presuntos delitos en los que se ha podido incurrir en hechos repetidos entre 2005 y 2007 son: estafa y flasificación continuada y malversación de caudales públicos.

Una de las ultimas diligencias prácticadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones teléfonicas obtenidas.

Ésta es una causa que se deriva de una denuncia presentada en el verano de 2007 por el ex alcalde de Baena Carlos Arenas, su esposa María Jesús Muñoz y el particular Manuel Luque. A raíz de esta denuncia y su posterior investigación, el juez decidió instruir una segunda causa judicial sobre una supuesta trama de facturas falsas, después de escuchar la denuncia de un empresario que posteriormente se desdijo ante el tribunal.

Según una calificación de la Fiscalía Provincial de Córdoba, Antonio Jesús G. R., propietario de una empresa de carpintería metálica, concertó con estos dos funcionarios municipales -uno de ellos era en esa fecha el secretario personal del propio alcalde, Luis Moreno- la elaboración de las facturas de una obras por contratos menores que no se habían realizado por un valor aproximado de 38.000 euros entre 2005 y 2007. La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de los dos funcionarios y tres años para el particular, además del reintegro de las cantidades supuestamente defraudadas.