Interponen una querella contra el alcalde de Puente Genil por desobediencia y prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil (Córdoba) ha incoado diligencias previas sobre una querella interpuesta contra el alcalde de la citada localidad cordobesa, Esteban Morales (PSOE), por parte de un agente de Policía Local por la supuesta comisión de delitos de desobediencia y prevaricación, tras supuestamente adoptar medidas contra dicho agente con suspensión de empleo y sueldo.

Según expone el juzgado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que resultan de las actuaciones hacen presumir “la posible existencia de una infracción penal”, por lo que incoa las diligencias previas, a la vez que se inhibe a favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y propone acumular a otras diligencias previas del juzgado sobre este caso y “estése al sobreseimiento acordado en ellas”, tras un auto de agosto de 2017.

Al respecto, en la querella se precisa que en febrero de 2015 “la concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente Genil procedió de forma injusta a la adopción de medidas cautelares” contra el agente de Policía Municipal, “consistentes en la suspensión provisional de empleo y sueldo, señalándose expresamente que el tiempo de suspensión provisional no podría ser superior a seis meses”.

No obstante, dicha disposición, según el agente, “era del todo ilícita”, porque el tiempo que se podría mantener al policía en la situación administrativa de suspenso “no podría ser superior a tres meses”, toda vez que por los hechos por los que se le incoa el expediente disciplinario “no eran objeto de procedimiento penal alguno”.

Así las cosas, “pese a ordenarse la incorporación inmediata del agente de Policía Municipal, no se le restituyó a su puesto de trabajo ni se le pagó los sueldos atrasados dejados de percibir por el acto administrativo anulado”, según se indica en la querella.

Ante ello, se apunta que se entiende el comportamiento por parte del alcalde “desde la animadversión personal” que le profesa al querellante, “frente al cual presentó en su día varias denuncias por calumnias y que se encuentran archivadas/sobreseídas por ausencia de responsabilidad criminal”, entre otros aspectos que relata el agente.

La versión del alcalde

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), al conocer la querella por la supuesta comisión de delitos de desobediencia y prevaricación que ha interpuesto contra él un agente de la Policía Local del municipio, ha recordado que la suspensión de empleo y sueldo de dicho policía se mantiene porque se está “cumpliendo una sentencia judicial”.

En declaraciones a Europa Press, Morales ha reaccionado así después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil haya incoado diligencias previas sobre la citada querella, que el agente ha interpuesto contra el alcalde al entender que dicha suspensión de empleo y sueldo se le impuso de forma “ilícita” en febrero de 2015, que no debía durar más de tres meses y que tendría que haber sido restituido en su puesto.

Ello no ha ocurrido, según ha explicado el alcalde, porque se está “dando cumplimiento a una sentencia, que el agente no recurrió, y que, por tanto, debe ser acatada y cumplida” por el Ayuntamiento de Puente Genil y por su Alcaldía.

Dicha resolución, a la que ha accedido Europa Press, fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba el 17 de julio de 2015, se refiere al recurso que interpuso en su día por el agente contra su suspensión, y en el fallo se establece que dicha medida cautelar debía mantenerse más allá de los tres meses.

En concreto, la sentencia determina el “mantenimiento de la medida cautelar, si bien quedando vinculada a la duración máxima del procedimiento judicial de diligencias previas número 263/2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil”, relativo a este caso.

De hecho, según ha subrayado el alcalde del municipio pontanés, dicho procedimiento judicial sigue abierto, de modo que el Consistorio y él, como su alcalde, está obligado a seguir dando cumplimiento a la sentencia del contecioso-administrativo.