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¿Las instituciones saben hacer frente a los delitos de odio?

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Alejandra Luque

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¿Las instituciones del Estado saben hacer frente a los delitos de odio? ¿Las víctimas que sufren estas lesiones se atreven a denunciarlas? ¿Cuál es la actitud de los jueces, fiscales y policías ante estos acontecimientos? Ante estas preguntas, los Colegios de Abogados de Córdoba y de Madrid, junto con la organización Kamira y la colaboración de la Fundación Abogacía Española, han organizado el I Congreso Nacional de Delitos de Odio.

Durante este jueves y mañana viernes, el Congreso pretende ser un espacio de estudio, reflexión y sensibilización de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y policía), para detectar y llegar a las víctimas de forma eficaz, así como para concienciar a toda la sociedad de la necesidad de denunciar estas prácticas a fin de proteger a las víctimas. Tal y como han declarado los intervinientes, en los últimos años se ha observado un incremento de este tipo de delitos de odio. Sin embargo, el fiscal experto en este tipo de delincuencia, Miguel Ángel Aguilar, ha explicado que “no podemos asegurar que esté creciendo este tipo de delitos” ya que, a su juicio, “lo que puede estar pasando es que el número esté empezando a aflorar”.

Aguilar es el Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación y empezó un arduo trabajo en esta materia en la Fiscalía de Barcelona en 2009, fecha en la que el nombre de delitos de odio aún sonaba a extraño en el resto de España. En aquel momento, la Fiscalía Provincial de Barcelona no contaba con cifras de víctimas de este tipo de delitos, por lo que su primer trabajo fue “crear las primeras estadísticas que ya exigían todos los organismos internacionales, como eran la Agencia De Derechos Fundamentales, Naciones Unidas y todo el movimiento asociativo que trabajaba con las víctimas”. De esta manera, fue en 2009 cuando en Cataluña se empezó a crear un protocolo policial para controlar y registrar cada lesión.

Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando el Ministerio del Interior elaboró el primer informe sobre delitos de odio, año en el que se produjeron 1.235 incidencias. Por ello, según Aguilar, “todavía queda mucho por hacer aunque sí se han empezado a diseñar las políticas para afrontar la lucha especializada contra este tipo de delitos”. La problemática de este tipo de incidencias es que requieren “de unas conocimientos especializados” por parte de todos los agentes que intervienen en su detección y de una concienciación por parte de las víctimas para “presentar la denuncia correspondiente”. Según los datos apuntados por Aguilar, “ocho de cada diez víctimas no presenta denuncia. Por tanto, lo que hay que hacer es que emerjan esas cifras”.

Por su parte, la diputada responsable del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro, ha declaro que en la capital “sí se han creado tres nuevos turnos de oficio como consecuencia de la entrada en vigor de dos nuevas leyes y del Estatuto de la Víctima de Delitos de Odios”. En relación a esta materia, Madrid está llevando a cabo un proyecto piloto en justicia restaurativa para dar cobertura y protección a los colectivos más vulnerables.

Castro ha denunciado que uno de los principales inconvenientes de los actuales procedimientos judiciales “es que se pierde el motivo prejuicioso que ha motivado la agresión. Al final, el hecho sólo se queda en lesiones puras, por lo que no tenemos la necesaria jurisprudencia para que los prejuicios se conviertan en agravantes”.

En representación del Colegio de Abogados de Córdoba, el diputado segundo de la institución, José Carlos Arias, ha agradecido que la “organizado haya elegido a Córdoba como lugar de celebración para este Congreso” ya que Córdoba “es la ciudad de la tolerancia y la convivencia”.

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