Un grupo de opositores llevará a los tribunales la selección definitiva de Educación por “irregularidades”

La Plataforma Oposiciones Docentes Justas presentará un recurso contencioso-administrativo en septiembre contra la lista de aprobados definitiva y las supuestas irregularidades del último proceso de oposición a los cuerpos docentes de Secundaria, Formación Profesional (FP), Idiomas y Artes Plásticas y Diseño de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Esta decisión se produce después de que la Sección de Selección e Ingreso de la Consejería rechazara, entre otras, su solicitud de revisión de sus exámenes amparándose en un punto de la orden de convocatoria que advertía de que “contra la resolución de publicación de las listas del personal seleccionado no cabrá recurso, pudiendo el personal interesado interponerlo contra la Orden por la que se publique el personal seleccionado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)”.

Patricia Núñez, una portavoz de este colectivo compuesto por alrededor de 170 opositores que han decidido “llegar hasta el final”, ha criticado la resolución de la Junta sobre este asunto, además de que “tampoco se han publicado las plantillas de corrección de los tribunales ni los criterios de calificación”.

Por ello, y por otras “irregularidades” como la existencia de “tribunales de evaluación que no permitieron utilizar materiales que venían recogidos como obligatorios/necesarios”, el colectivo ha presentado alegaciones tras la celebración de las oposiciones a finales de junio y ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para que estudie su caso.

Aportando la respuesta de la Consejería y la del Defensor, que todavía está en trámite, la portavoz ha asegurado que denunciarán en septiembre y que presentarán el recurso que tendrá un coste aproximado de 30.000 euros.

Núñez ha asegurado que los que se plantearon la posibilidad del recurso fueron muchos ya que “centenares de opositores --interinos y nuevos aspirantes-- se vieron sorprendidos por las calificaciones extremadamente bajas”. “En la mayoría de los casos no concordaban con la sensación de satisfacción tras las pruebas teóricas y prácticas”, ha argumentado Núñez, que lo ha ejemplificado señalando que hubo “doctorados a los que les cayó el tema del temario relacionado con su tesis, lo desarrollaron a la perfección y han suspendido”.

Sin embargo, según ha relatado, muchos desistieron al tratarse de la posibilidad de “ir a juicio” con la administración enfrente y con tener que poner dinero. En su opinión, esto provoca “miedo a todo un proceso contra la administración y a que no sepas si al final va a tener una resolución positiva o si va tardar años”.

Ha profundizado que en España y en Andalucía “no hay conciencia de ir a juicio” porque “se tiene la sensación de que no compensa” y ha censurado la idea de que “por mucho que se denuncie el problema no se va a resolver”. “No es verdad, porque la mayoría de juicios contra la administración se ganan. No es difícil que la administración tenga fallos en los procesos públicos”, ha valorado.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

En concreto, los afectados que habían cumplimentado los denominados formularios 'Expone/solicita' dirigidos a los tribunales evaluadores de cada una de sus especialidades censuraban que se incumplía el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en cuanto a la regulación del derecho de los interesados al acceso y a la transparencia a cualquier documentación pública.

Según exponían en estas alegaciones, esta Ley “no exonera de dicha obligación a los Tribunales de Oposiciones y Concursos creado y constituido por la Administración”.

Asimismo, también alegaban que se incumplía la exigencia de transparencia establecida en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, “en el marco de la cuál debe alojarse la necesidad de que el tribunal explique los criterios empleados en la evaluación de los opositores” y los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “en lo referente a que las bases del concurso deben publicarse de forma íntegra”.

Núñez ha indicado que cuando presenten el recurso contencioso-administrativo se sabrá el número definitivo de personas que denuncian, ya que en agosto se han ido sumando personas a la plataforma que hasta julio estaba formada por 170 opositores.