El Gobierno hará el censo de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia

El Gobierno ha rectificado y va a realizar un listado con los más de 4.000 bienes inmuebles que se calcula que la Iglesia inscribió como propios en los registros de la propiedad. Según avanza la Cadena Ser, en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista se informa de que “desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias (...) en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica”.

Se da así respuesta a la Proposición No de Ley presentada en abril por el socialista cordobés Antonio Hurtado en la que se urgía investigar en el plazo máximo de seis meses cómo fue el proceso de inmatriculación por parte de la Iglesia de la Mezquita Catedral de Córdoba. La proposición también plantea investigar qué ha ocurrido con los más de 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, cómo ha sido su proceso y reclamar la titularidad en el caso que se estime que se hicieron de manera fraudulenta.

Con 19 votos a favor, 17 en contra, de PP y Ciudadanos, y una abstención, la Comisión de Justicia sacó adelante un texto del PSOE que solicita al Ejecutivo que estudie los bienes inmatriculados por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998 (cuando se reformó la Ley Hipotecaria).

En la proposición, Hurtado pedía que en el plazo de seis meses se aportase un listado en el que se recogiesen todos los bienes que, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a través de un Real Decreto, han sido inmatriculados por la Iglesia.

Asimismo, Hurtado solicitaba que “se analicen los documentos acreditativos de la propiedad que se han utilizado por la Iglesia y que, en caso de no ser documentos suficientes ni válidos, se reclame la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también haya sido inmatriculados”.

Hurtado considera que el Real Decreto del Gobierno de José María Aznar, que dio potestad de inmatriculación a la Iglesia Católica, es claramente inconstitucional y que son dos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo las que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos.