El Gobierno garantiza las exhumaciones en Andalucía pese a la Ley de Concordia de PP y Vox

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El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha trasladado este viernes “el compromiso firme” del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en garantizar la continuidad de las exhumaciones en fosas de cementerios de Andalucía y España para identificar restos de asesinados por el franquismo, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello pese a la Ley de Concordia que se recoge en el acuerdo entre PP y Vox para que los populares gobiernen la comunidad junto a Cs.

Así lo ha avanzado el director general en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha visitado las obras de exhumación de la Fosa 36 en el Cementerio de la Salud, que han comenzado este jueves, acompañado por el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, y la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, entre otras autoridades, después de reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, en la Subdelegación del Gobierno para abordar la continuidad de las labores.

En este sentido, ha mostrado su “apoyo a la exhumación de los cadáveres” de la citada fosa, remarcando que “es un compromiso firme por parte de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyar la exhumación en cualquier caso”, algo que ha trasladado a la alcaldesa y también lo hace a los familiares y las asociaciones.

Por tanto, Martínez ha aclarado que “esta fosa va a ser una, junto con otras de Andalucía que se han analizando, que va a continuar”, de manera que ha avisado que “si alguien hace relegación de los compromisos con las exhumaciones, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de la Nación van a estar apoyando sistemáticamente las exhumaciones”.

No en vano, ha defendido que “esto no es una cuestión partidaria, sino de dignidad humana, de derechos humanos”, después de que “las víctimas de los vencedores fueron reparadas, pero las víctimas de los vencidos aún exigen dignificación, reconocimiento y reparación”, ha sostenido, para precisar que “una de las cuestiones fundamentales precisamente es la exhumación de los cadáveres que puede haber todavía en fosas comunes”. En fin, ha enfatizado que “es una cuestión de dignidad nacional democrática”.

Según ha detallado, “se ha llegado a un acuerdo con los representantes la Junta de Andalucía que han estado hasta este momento”, que han pasado al Gobierno “una amplísima información de las cosas que quedan por hacer en Andalucía”, de modo que “el compromiso es continuar la labor tan buena que se ha realizado desde la Junta”, ha abundado.

También, el director general de Memoria Histórica ha transmitido que “las leyes están para cumplirlas”, de manera que “evidentemente la Ley de Memoria Histórica del Estado tendrá que cumplirse hasta el último rincón de la geografía española”, a lo que ha añadido que “en absoluto” dicha ley entraría en conflicto con la Ley de Concordia pactada entre PP y Vox. “La ley estatal se tiene que cumplir en todos lados”, ha enfatizado.

Al respecto, ha expresado que pese a la ley recogida en dicho pacto “se va a continuar con los procesos de exhumaciones, no solamente en Córdoba, sino también en toda España, porque precisamente una de las tareas fundamentales que tiene la Dirección General para este año es hacer un plan estatal de exhumaciones”.

Ese plan, según ha dicho, se va a conveniar con las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, que “son claves en el proceso”, dado que “la mayoría de las fosas comunes están en los cementerios municipales”. A tal efecto, ha tendido la mano a “absolutamente todas las comunidades, sean del color que sean”, por lo que espera que “en Andalucía se continúe el proceso de exhumaciones que se ha hecho”.

En su opinión, “no hay que situar esto en el marco de la confrontación política, sino en el marco estricto de la defensa de los derechos humanos, porque se produjeron violaciones de los derechos humanos”.

En cuanto a la financiación para las labores, ha aludido a los convenios con las administraciones, incluyendo en este caso plantearlo a la Junta de Andalucía para que “cumpla con la Ley de Memoria Histórica”. No obstante, “en el supuesto que haya una dejación, evidentemente el compromiso es el plan de exhumaciones y que la fosa de Córdoba se contemple como elemento prioritario”, ha avanzado Martínez.

Ante ello, ha valorado “el repaso” realizado con el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía sobre “todo lo que está programado y queda por hacer, con la finalidad de retomar el Gobierno esta cuestión”, a la vez que “se va a plantear a todas las instituciones que lo hagan”, aunque “el planteamiento es que sea el Estado”.

En este punto, ha señalado que “la ley andaluza ha dado un paso más que la ley de 2007, al decir que bajo la recomendación de Naciones Unidas tendría que ser el Estado el que asumiera la responsabilidad de las exhumaciones”, de modo que la labor la ha realizado la Junta “en función de la Ley de Memoria Democrática” y el Gobierno “va a continuar de la misma manera”, al ser “una recomendación de Naciones Unidas”, ha declarado.

Preguntado por la partida para dicho plan este año, el director general ha informado de que “va a haber presupuesto para poder hacer el plan”, destacando que este viernes se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Consejo de Ministros y “habrá partida para la memoria histórica”.

Al hilo de ello, ha advertido de que “el Gobierno de Rajoy no derogó la ley, pero sí lo hizo de facto, poniendo cero euros a su presupuesto”. Pese a ello, “se ha intentado sacar dinero de remanentes”, de forma que “la actuación en el cementerio de Córdoba es fruto de un contrato menor logrado por el Ministerio de Justicia y gracias a ello se realiza esta fase de trabajos”, ha resaltado, para agregar que “se rastrean otras fosas en Andalucía”.

Igualmente, ha indicado que “se hacen estudios preliminares en otras fosas de Andalucía gracias a la participación del Ministerio”, aunque ha insistido en que “tiene que ser el Estado, que no solo es la Administración Central, sino también las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones, el que lleve a cabo el plan estatal de fosas para 2019”.

Como historiador, Martínez López ha opinado que “es un error y no tiene sentido desde el punto de vista histórico” la corriente negacionista de equiparar a víctimas y verdugos, puesto que “eso es hacer utilización de la historia indebidamente”, ha sentenciado, para apostillar que “no se puede entender de ninguna de las maneras”. “Cuando se trabaja con rigor científico se ve que las cosas no son equiparables”, ha dicho.