La Fiscalía pide 22 años de cárcel para cada uno de los cinco de la 'manada'

El Ministerio Fiscal ha solicitado un total de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por la presunta violación grupal ocurrida los pasados Sanfermines, según recoge en su escrito de calificación.

En concreto, el fiscal pide 18 años de prisión para cada uno de los procesados por un delito continuado de agresión sexual, prohibición de acercamiento a la víctima a una distancia no inferior a los 500 metros, prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años, así como 10 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

También solicita dos años y 10 meses de cárcel por un delito contra la intimidad y una multa de 20 meses y un día con una cuota diaria de nueve euros; además de dos años de prisión por un delito de robo con intimidación.

Además, reclama para los acusados, como responsables civiles directos, una indemnización de 100.000 euros para la víctima por “el daño moral ocasionado”; y que indemnicen al Servicio Navarro de Salud en la cantidad de 1.531,37 euros.

En su escrito, el fiscal señala que los cinco acusados, naturales de Sevilla, se encontraban sobre las 2:50 del 7 de julio de 2016 en la Plaza del Castillo donde se estaban celebrando un concierto con motivo de las fiestas.

Uno de los procesados, J. A. P., estaba sentado en un banco cuando se acercó y se sentó en el mismo asiento una joven, de 18 años de edad y natural de Madrid, que había acudido a Pamplona con un amigo a disfrutar de los Sanfermines. Ambos iniciaron una conversación, acercándose posteriormente al lugar, primero A. B., y después los otros tres acusados.

Transcurridos unos minutos, continúa el fiscal, poco antes de las 3 horas, la joven les dijo a los acusados que ella se retiraba a dormir al vehículo con el que había viajado a Pamplona en compañía de su amigo y éstos le dijeron que le acompañaban, “si bien la intención de ellos era la de buscar un lugar donde mantener relaciones sexuales en grupo con ella”, propósito que la joven “desconocía”.

A continuación, recoge el Ministerio Público en su escrito, “comenzaron a caminar por la parte exterior de la Plaza del Castillo en dirección a los porches”, a los que el grupo entró “valorando los acusados entrar en un portal con escaleras descendentes con el fin antes propuesto, si bien lo desecharon ya que se trataba del acceso a los baños de un bar donde había mucha gente”.

Posteriormente, los acusados se acercaron al portero de un hotel “preguntándole si tenían una habitación por horas o para toda la noche”, diciendo que “la querían para follar”, manteniéndose mientras tanto la joven “alejada del grupo”.

Según relata el fiscal, “al no conseguir habitación, siguieron caminando en dirección al Segundo Ensanche, disgregándose ligeramente al grupo”. Al llegar a la confluencia de Paulino Caballero con la avenida Roncesvalles, la joven “caminaba con uno de ellos, J. A. P iba unos pasos más atrás, un poco más retrasado un tercero y más alejados llegaban los otros dos”. Durante el trayecto, la joven “se besó con A. B.”.

PORTAL DE LA CALLE PAULINO CABALLERO

En este momento, aproximadamente a las 3:08, J. A. P se fija en que una mujer está llamando al telefonillo de un portal de la calle Paulino Caballero, por lo que “acelera el paso con el fin de alcanzar la puerta del portal antes de que la señora entre y de esa manera acceder al inmueble, lo que consigue”.

“Tras mantener una breve conversación con la señora, J. A. P. entra en el portal, y simulando que está alojado en uno de los domicilios, coge uno de los ascensores, sube al segundo piso y después baja de nuevo al portal, abriendo la puerta y franqueando el paso a sus compañeros, que estaban ya al lado del portal con la denunciante”, afirma el fiscal.

Según indica en su escrito, “cuando J. A. P franqueó la entrada, dos de ellos agarraron a la joven por los brazos y la metieron en el portal, tapándole la boca y diciéndole que se callara y no gritara”. La llevaron, tras subir hasta el segundo rellano, a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de servicio de agua y electricidad y una vez allí, la rodearon entre los cinco y le quitaron la ropa.

En opinión del Ministerio Público, “valiéndose de su superioridad física y numérica” y de la “imposibilidad” de la joven de ejercer “la más mínima resistencia”, los acusados, “actuando de común acuerdo y con ánimo libinidoso, le obligaron a realizar diferentes actos sexuales con cada uno de ellos”.

GRABACIONES DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS

Asimismo, el fiscal manifiesta que mientras se estaban produciendo los hechos, los acusados A. M. G. y A. C., “de común acuerdo con el resto de los acusados, pero sin el conocimiento ni consentimiento” de la joven, realizaron varias grabaciones de vídeo y fotografías con sus teléfonos móviles. Según indica, dichos vídeos “fueron grabados con la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlos, enviarlos y difundirlos a su grupo de amigos”.

Por otro lado, alega el Ministerio Público, cuando los acusados “se dieron por satisfechos” y antes de salir del portal, “valiéndose de la misma situación intimidatoria creada a la víctima y actuando de común acuerdo, se apoderaron en su propio beneficio de su teléfono móvil, si bien antes le quitaron la funda, extrajeron la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y las arrojaron en el lugar de los hechos”.

Fue a las 3:27 cuando los acusados salieron del portal dejando a la joven “sola en el interior” y se dirigieron hacia la Plaza de Toros. La víctima, por su parte, a las 3:29, se dirigió a un banco de la avenida Roncesvalles donde se sentó, “llorando desconsolada y en posición fetal, siendo auxiliada instantes después por una pareja de ciudadanos que transitaban por el lugar que se acercaron a ella al ver su estado y que dieron aviso al 112”.

El fiscal explica que la joven fue trasladada a un centro médico donde fue atendida realizándose una prueba de detección de alcohol en sangre que arrojó un resultado de 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia de los hechos, “tuvo lesiones y se le administró tratamiento farmacológico”.

Asimismo, como consecuencia de los hechos, “sufre trastorno de estrés postraumático para el que se recomienda tratamiento psicológico, no siendo posible valorar secuelas psicológicas hasta que transcurran al menos dos años”.