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Estudian la detección de violencia de género con patrones de voz de quienes llaman a Emergencias

Servicio de Emergencias 112.

Redacción Cordópolis

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El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, están llevando a cabo un proyecto de investigación de detección precoz de la sospecha de violencia contra la mujer en los centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Andalucía.

El objetivo es detectar por la voz y el tono de una mujer que llama a un servicio sanitario si está sometida a violencia de género. La previsión es tener dicho sistema desarrollado y en servicio en 2021 o principios de 2022, informa la Junta en un comunicado.

Este proyecto de investigación, denominado 'Certeza de voz', está financiado con Fondos Feder. Se trata de una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 115.000 euros y que será financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, partidas que gestiona el IAM.

En este sentido, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha puesto de relieve la aportación de la “experiencia y conocimiento, especialmente en el ámbito social y comunitario, con el fin de nutrir la investigación sanitaria”. Este proyecto puede constituir “el inicio de una nueva línea de actuación innovadora y muy importante para poder acercar la administración a aquellas mujeres que aún no identifican la situación que están viviendo como violencia de género, y que acuden al sistema sanitario por una sintomatología que en principio pudiera tener múltiples causas en su origen”.

En este sentido, el sistema de procesamiento de la información “irá analizando la relación entre situaciones de violencia y aspectos de la comunicación como las pausas, la entonación, ritmo y hasta las propias repeticiones”. Este estudio tiene como objetivo definir un patrón de voz de mujeres que llaman a las emergencias sanitarias de la Junta de Andalucía pero no manifiestan que sufren agresiones machistas, lo que permitiría al personal de estos centros detectar a través del teléfono la posible existencia de violencia de género y, de esta manera, mejorar la atención a las mujeres.

A este respecto, Fernández ha subrayado que el IAM “siempre apoyará aquellos proyectos que nos permitan tener un conocimiento más fidedigno de la realidad, basado en la evidencia científica y el estudio de la propia práctica profesional”. Además, ha resaltado “la importancia de la colaboración entre instituciones con distinto ámbito de actuación para investigar, y en su caso, detectar nuevas formas de prevención e identificación de situaciones de violencia contra las mujeres”.

Fernández ha explicado que el IAM colabora en la recogida de los datos para lo cual se informa a las usuarias de los distintos programas especializadas que se llevan a cabo en los ocho Centros Provinciales de la Mujer sobre este proyecto de investigación y se solicita su participación voluntaria. Las mujeres que colaboran en el estudio deben firmar un consentimiento informado que permite que el 061 pueda rescatar las llamadas que hayan realizado a este servicio sin que hubiera advertido que era víctima de violencia de género. La participación es anónima y no constará en ningún registro ni conlleva obligación alguna, salvo la firma del consentimiento.

“La hipótesis planteada por Salud, así como la investigación, sigue un método riguroso y relativamente nuevo, como es el uso de la inteligencia artificial para el estudio de la propia conducta humana. Si se confirma la hipótesis, podríamos seguir sumando y construyendo vías de actuación de la administración pública para erradicar la violencia contra las mujeres”, ha enfatizado.

La responsable del IAM ha señalado que se si bien la investigación “indudablemente sigue la normativa vigente en materia de protección de datos, especialmente hemos tenido en cuenta y cuidado en cada uno de los pasos de la misma para velar por la integridad y privacidad de las usuarias y evitar la victimización secundaria”. “No podemos olvidar que muchas usuarias están inmersas en nuestros itinerarios de atención y en procesos terapéuticos, y su participación no podía, de ningún modo, suponer un retroceso o elemento obstaculizador para ellas”.

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