Enríquez niega operaciones ficticias para no pagar IVA

El propietario de Promociones Los Jardines, que se enfrenta a 10 años de cárcel, asegura que todas las operaciones financieras las ha aprendido de Joaquín Rivero, propietario de Metrovacesa

“Todas las operaciones son reales y están pagadas”. El promotor José María Enríquez se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba junto a su esposa y a uno de sus socios, acusado de no pagar el IVA y el impuesto de Sociedades en los años 2001 y 2002. Enríquez, que se enfrenta a una pena de diez años de cárcel, contestó así a una de las innumerables preguntas a las que fue sometido por la Fiscalía. Agotado, Enríquez repitió: “Todas las operaciones son reales y están pagadas”.

Según la acusación de la Fiscalía Provincial y de la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria, Enríquez realizó distintos cambios de titularidad de terrenos e inmuebles que habiendo sido adquiridos por empresas del grupo sin soportar IVA. “Llegado el periodo impositivo con claro ánimo defraudatorio los acusados llevaron a cabo contratos privados ficticios de compraventa de inmuebles y adquisición de servicios con empresas del mismo grupo o de terceros generando un IVA soportado irreal para compensar el repercutido”, sostiene el fiscal, que cifra en cuatro millones de euros el fraude.

Antes del interrogatorio del fiscal y ante el juez, José María Enríquez aseguró ante la juez titular que la forma de gestionar sus distintas empresas inmobiliarias y de promoción de viviendas “la aprendí de Joaquín Rivero”, responsable de la multinacional Metrovacesa. Su abogado también pidió que se suspendiera el juicio ya que consideraba que los delitos estarían prescritos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado contestó que no, que las primeras denuncias se interpusieron en 2005, cuando se abrieron las diligencias y que por tanto no habrían prescrito. El juicio continuó.

La Fiscalía interrogó a Enríquez por tres operaciones de compraventa concretas, dos en Córdoba y una en Arcos de la Frontera. En la que más insistió el fiscal fue en la que firmó con una filial de Eroski para la construcción de un supermercado en la avenida de Cádiz, y también para la edificación de un hotel. Enríquez sostuvo que la filial de Eroski le obligó a una ingeniería financiera por que “nos retuvo la renta durante cinco meses” y los bancos no le concedían financiación. “Las empresas multinacionales tienen esas cosas”, aseguró, al tiempo que concretó que “eso fue así y está todo documentado”. En esta operación, su mujer intervino como accionista, “pero no firmó nada”, aseguró, por lo que lamentó que esté sentada en el banquillo de los acusados bajo una petición de condena de cuatro años de cárcel.

Otra de las operaciones tuvo que ver con el tercer acusado, que también se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel y es referente a la compra de un terreno por el que la Agencia Tributaria entiende que se pagó una comisión más elevada de lo que se pagaba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. La misma se produjo en el año 2002. Este acusado, J. A. A., vendió a Enríquez unas fincas de Arcos de la Frontera por 8.414.169 euros, “deduciéndose una cuota de IVA como soportado que asciende a 1.346.267 euros”, explica el fiscal.

En cuanto a una operación con Inmobiliaria Osuna, Enríquez achacó a la Agencia Tributaria de haber cometido un error al calcular el impuesto que correspondía, ya que lo hizo sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados que en realidad, y según su testimonio, era inferior a 10.000 metros.