Denuncian que la Junta lleva a la vía penal los desahucios en su parque público de viviendas

Una protesta contra los desahucios ante los juzgados.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Federación de Vecinos Al-Zahara y la plataforma Stop Deshaucios han denunciado la práctica que viene utilizando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) dependiente de la Junta de llevar por la vía penal los desahucios en su parque público de viviendas.

Los colectivos sociales y vecinales han hecho pública esta situación este lunes junto a un edificio de diez viviendas públicas de AVRA que permanecen cerradas desde hace cinco años en la Plaza de la Corredera, para pedir también que la Junta lleve a cabo “una verdadera política social de vivienda”.

“Desde hace varios años los colectivos sociales cordobeses le están reclamando por escrito a AVRA que paralice las denuncias por vía penal a las familias que ocupan sus viviendas y locales ante la falta de una alternativa habitacional. Le hemos exigido que antes de iniciar cualquier proceso busquen una alternativa a la situación tan grave de estas familias”, han pedido.

En una respuesta parlamentaria ante preguntas de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, AVRA “admite que utiliza la vía más expeditiva y más gravosa para desahuciar a quienes no pueden hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas”, en palabras de Carlos Arce, de APDH-A. “Admite que realiza estos desahucios por la vía penal y sin dar alternativa habitacional alguna. Echa la pelota en el tejado del Ayuntamiento para buscar esa alternativa. Y admite que es la vía generalizada para la gestión de su patrimonio”, ha explicado Arce.

Los colectivos sociales ya solicitaron en mayo pasado una reunión para tratar el tema “y no hemos obtenido respuesta, mientras sigue aumentando el número de familias que no pueden pagar alquileres de viviendas por la situación de paro que tienen y se ven obligadas a ocupar viviendas”, aducen. Solo en Moreras, hay contabilizadas más de 50 familias que ocupan ahora mismo locales pertenecientes a AVRA. Y algunas de ellas ya han recibido orden de desalojos y han sido condenadas además a multas.

“La Junta de Andalucía no puede vulnerar los derechos de menores de edad con lanzamientos y desahucios, sin haberse preocupado de buscarle una alternativa habitacional”, critican. “No es comprensible que la administración responsable de la vivienda en Andalucía se dedique a castigar, todavía más, a las familias vulnerables con procesos penales”.

Por eso, los colectivos van a trasladar a los distintos grupos parlamentarios una propuesta para que realicen una Proposición No de Ley (PNL) para paralizar estos desahucios por la vía penal y que se ponga en marcha una política de vivienda adecuada a las necesidades de estas familias.

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