Los cuatro acusados de 'La Manada' se niegan a declarar por el caso de Pozoblanco

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio a cuatro miembros de La Manada por los supuestos abusos sexuales cometidos en mayo de 2016 en Pozoblanco. Los acusados, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, se han acogido a su derecho a no declarar y no han respondido a las preguntas ni de la defensa, ni del Ministerio Fiscal ni de las acusaciones particular y popular. Los acusados se enfrentan a penas de siete años de prisión por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad.

Así lo han manifestado ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, tras declararse “inocentes” de los hechos. El juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo de los hechos que supuestamente involucra a los cuatro procesados.

En este sentido, la defensa de los acusados solicitó al inicio de la vista el cambio de orden en la declaración de sus defendidos para que estos declararan después de la testificial de la víctima, además de la nulidad del vídeo que probaría lo supuestos abusos cometidos por los jóvenes. En ambos casos, el magistrado de lo Penal número 1 de Córdoba rechazó sus peticiones aludiendo en primer término a la no vulneración de los derechos fundamentales de los acusados al declarar antes que la víctima. En relación al vídeo, el juez ha remarcado que “no es la única prueba existente en el procedimiento” y ha aludido al “consentimiento” prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral de Navarra inició investigación.

Tal y como adelantó a su llegada a los juzgados de Córdoba, Martínez solicitó la nulidad del vídeo en base a que “no existía autorización judicial expresa” para que la Policía Foral de Navarra accediera a los teléfonos de los acusados e investigara sus terminales móviles. “Es un exceso policial y y una investigación de carácter retrospectivo”, ha apuntado, señalando que lo que se pretendía era “buscar el hecho ilícito para que hubiera algo en lo que apoyar lo sucedido en Pamplona”.

En su petición de nulidad del vídeo como prueba fundamental que sustenta las penas que se piden para los acusados, Martínez ha denunciado que “por sospecha de que estos hombres hubieran podido cometer más actos delictivos, comienza la labor de un sabueso y se abre la investigación”. Ha manifestado, además, que una vez descubiertos los vídeos, “el juez instructora de Pamplona debería haber remitido a Córdoba el caso”, hecho que no llevó a cabo, a su juicio, “porque se debió dar cuenta de que si hacía eso no iba a ninguna parte ante la inexistencia de la denuncia”. En este sentido, ha declarado que el magistrado pamplonés “mandó a dos hábiles policías” para dar con la víctima de Pozoblanco y conseguir “el preciado trofeo: la denuncia”.

Sobre la licitud de la obtención de los vídeos, el Ministerio Fiscal ha recordado que fueron los acusados los que otorgaron su “consentimiento expreso” en sede policial el 7 de julio de 2016 -tras su detención por los abusos sexuales cometidos en San Fermines en julio de 2016- para que se inspeccionaran sus teléfonos móviles. Dicho consentimiento, según ha expuesto el Ministerio Fiscal, se hizo extensible al día 8 de julio, cuando los acusados reiteraron esa autorización para acceder al contenido guardado en sus teléfonos. Además, la Fiscalía ha señalado que “ninguno de los acusados han matizado nunca ni han condicionado dicho consentimiento” durante todo el proceso judicial.

Previa a que los acusados tomaran la palabra, la acusación particular -ejercida por la asociación Clara Campoamor- presentó un informe médico de la víctima, que el pasado 27 de agosto acudió a Urgencias por un intento de autolesión. Asimismo, el magistrado recordó a las acusaciones y a la defensa la petición de la víctima de declarar durante la jornada de mañana mediante la utilización de una mampara para evitar el contacto visual con los acusados, solicitud aceptada por todas las partes y por el juez.

En las cuestiones previas, el abogado de la defensa solicitó el cambio de orden en la declaración de sus defendidos petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal y se opusieron la acusación particular y la acusación popular.

Por su parte, el abogado de la víctima, Blas Arévalo, y la abogada de la acusación popular, Patricia Catalina, se opusieron tanto a la petición de nulidad de la prueba principal como al cambio de orden en las testificales ya que los acusados “sabían a lo que se enfrentaban” en las diferentes fases de este juicio.

La sesión se reanudará mañana martes con la declaración a puerta cerrada de la supuesta víctima de los abusos sexuales para preservar y proteger su intimidad.

El abogado de los miembros de 'La Manada' asegura que “se está haciendo un juicio sobre el juicio”

Tras finalizar la primera sesión del juicio, el abogado de los acusados ha declarado a los periodistas congregados en la Ciudad de la Justicia que “se está haciendo un juicio sobre el juicio” de los hechos ocurridos en Pamplona ya que “las pruebas obtenidas no son ilícitas”, ha sostenido. Durante las sesiones que restan ha señalado que intentará demostrar que la autorización que los acusados formularon para prestar sus móviles a la Policía Foral de Navarra no era “una especie de barra libre para intervenir en cualquier tipo de hecho delictivo” que pudieran haber cometido los imputados con anterioridad al 7 de julio de 2016.

Martínez ha afirmado de nuevo que “ninguna autoridad judicial permitió que se buscara” material en los móviles en “las fechas anteriores” a los sucesos acaecidos en Pamplona. Asimismo, ha rechazado las palabras del Ministerio Fiscal al referirse al descubrimiento de los vídeos como un hecho “casual” ya que “la investigación que se realizó era para eso, para ver si alguien que había cometido supuestamente un delito podía haber cometido otro”.

Sobre la negativa de sus defendidos a declarar, ha manifestado que esta posición es fruto de la ilicitud de la obtención del vídeo, “prueba sobre la que se basan los dos delitos graves, el de abuso sexual y el de la intimidad”. “Ante eso, es absurdo decir nada ni contestar a las preguntas, ni siquiera a las mías”, ha espetado Martínez.

Por último, el letrado ha mostrado su “estupefacción” después de que haya sido la acusación popular y no la particular la que haya presentado el informe médico de autolesión de la supuesta víctima. “No salimos de nuestro asombro, al igual que el Ministerio Fiscal, aunque sus motivos tendrán”, ha concluido.