Críticas de los ganaderos a la UE por su política de sanciones

La organización agraria Asaja Córdoba se suma a la postura anunciada por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien ha afirmado que mantendrá en la vía jurisdiccional la exigencia de que no se cargue a las comunidades autónomas el pago de los 262,8 millones de euros que reclama la Comisión Europea (CE) por no haber transpuesto “adecuadamente” a la normativa nacional los requisitos para determinar las superficies admisibles de los pastos en las campañas 2009 a 2013.

Según ha informado Asaja en una nota, desde la organización “no se consigue entender cómo, ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio de Agricultura no han sido capaces de convencer a los responsables de Bruselas en todo este tiempo, de la falta de rigor de esta medida y, por tanto, de lo injusto de la misma”, por lo que considera que también debería irse a los tribunales europeos.

La multa es relativa al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) y esta decisión, denominada 'corrección financiera', afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la cantidad que se tendría que devolver asciende a 63,7 millones de euros, por lo que es “preocupante” que no se haya defendido esto “con la firmeza necesaria” desde España y “no se haya hecho ver a Bruselas la realidad de los pastos en la región andaluza”, agregan.

En concreto, el CAP determina un porcentaje que refleja cuánta superficie de un recinto es admisible para recibir ayudas destinadas a los pastos. Para calcularlo, se tienen en cuenta varios factores, como son la pendiente del terreno, suelo y vegetación.

La pendiente es un factor excluyente, ya que toda zona de la parcela que tenga una pendiente media superior al cien por ciento no computa para el cálculo del CAP al entenderse que los animales no pueden pastar ahí.

También en los suelos con una pendiente inferior al cien por ciento pero que están ocupadas por arbustos o situados bajo un árbol no cuentan para las ayudas, pero, sin embargo, son zonas pastables para los animales. El cálculo se hace con las fotos por satélite de las parcelas, de tal forma que toda aquella zona que --en base a la lectura de la foto aérea-- no se vea ocupada por hierba, no recibe ayuda.

Así, según Asaja, la solución pasa por que la Unión Europea (UE) considere que estos sistemas arbolados y arbustivos también proporcionan alimento a los animales, que es la verdadera realidad de las dehesas españolas.

SE PRESENTA UN RECURSO Y UNA SUSPENSIÓN CAUTELAR

Por tanto, desde Asaja lamentan “la injusticia de esta decisión y aplaude que la Junta de Andalucía haya advertido que ante las graves consecuencias económicas que se derivarían de la inminente ejecución de la misma”, se vaya a presentar un recurso contencioso administrativo contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de solicitar la “suspensión cautelar” de la ejecución del procedimiento.

Todo ello, con el objetivo de preservar los derechos de los agricultores y ganaderos andaluces ante la posibilidad también de que pueda ponerse “en riesgo” el abono de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que en Córdoba suponen unos 320 millones de euros y afectan a unos 45.000 titulares, y en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros y afectan a más de 300.000 agricultores y ganaderos y empresas agroalimentarias.

Asaja pone de manifiesto las repercusiones de la medida contra el sector ganadero, la dehesa, y la forma de vida característica de las sierras andaluzas, así como de la labor que los ganaderos cumplen en la prevención de incendios, en la protección del medio ambiente y en el mantenimiento de la economía rural.