La consejera de Fomento advierte de “un socavón” de 1.028 millones de deuda en sus tres agencias
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha advertido este martes del “socavón” por valor de 1.028 millones que han encontrado en las tres agencias dependientes de su cartera --la de Obra Pública, la de Vivienda y la de Puertos--.
Así en comisión parlamentaria, la consejera ha detallado que la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía cuenta con 565,2 millones de euros de deuda. Y todo ello sin añadir los compromisos de pago por la explotación de los metros andaluces. En concreto, la Agencia de Obra Pública tiene 396,6 millones de deuda con las entidades financieras y 168,5 millones de deuda por sentencias sin cobertura presupuestaria.
En cuanto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA), la consejera ha detallado que la estimación a 31 de diciembre de 2018 del endeudamiento es de 378 millones de euros, de los cuáles 175 millones de euros eran préstamos a largo plazo de gestión delegada y 203 millones de euros préstamos hipotecarios. También existe una deuda con la Junta de Andalucía por el Fondo de Liquidez Autonómica de 65 millones de euros, por lo que el importe total de deuda de esta agencia es de 443 millones de euros.
En cuanto a la Agencia de Puertos, la deuda descubierta hasta ahora se eleva a 14,9 millones de euros. “Así, sólo las tres agencias suman una deuda de 1.028 millones de euros y podría ser más porque a los centros directivos de la Consejería se les ha solicitado también un informe sobre su situación económica y aún no disponemos de esa información”, ha añadido Carazo.
Traspasos pendientes
Además, la consejera ha apuntado que asciende a 579 millones de euros el volumen de traspasos pendientes “que hay que trasladar al presupuesto prorrogado”. “Se trata de un socavón que con trabajo y ganas vamos a salvar”, ha asegurado.
La consejera ha concretado que, de este montante, la mayor parte, un total de 571,8 millones, corresponde a los “principales capítulos inversores”, que son las tarifas técnicas de metros, la transferencia para financiación de las agencias, los costes de explotación del tren tranvía de la Bahía de Cádiz, la línea aérea Sevilla-Almería, los consorcios metropolitanos de transportes y diferentes de ayudas para vivienda.
Entre estos traspasos pendientes se encuentran el pago de la sentencia firme de Metro de Sevilla que alcanza un importe de
162,5 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2018, (35,7 millones de euros de intereses de demora).
La segunda obligación a atender en este año se refiere a los préstamos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA): por un importe de 56,6 millones de euros, del que el presupuesto prorrogado sólo recoge una cantidad de 10,36 millones.
Marifrán Carazo ha explicado que, a fecha 19 de febrero, la Consejería ha realizado los primeros traspasos, ascendiendo el importe a 516 millones de euros. Así, en menos de un mes ya se han traspasado 63 millones de euros, lo que equivalente al 10,88 por ciento de los traspasos iniciales pendientes.
De los 516 millones pendientes, 111,4 millones proceden de fondos Feder, 37,5 millones del Servicio-18 (del Ministerio) y 367,2 millones de euros son autofinanciados.
Según la consejera, de esta última partida de 367,2 millones, un total de 139,6 millones de euros corresponden a contratos adjudicados hace años (algunos de hace más de una década) no iniciados o suspendidos en ejecución y cuya resolución contractual implica necesidades presupuestarias adicionales. El conjunto de todos los traspasos de proyectos no iniciados o paralizados afectan a 239
expedientes (161 de la Dirección General de Infraestructuras y 78 de la Dirección General de Movilidad) y requieren al menos 4,5 millones de euros de crédito para cubrir indemnizaciones.
En relación a los fondos Feder, la consejera ha explicado que el Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020 cuenta con 817,7 millones de euros, de los cuales, desde el inicio presupuestario del mismo en 2016 y hasta la fecha, se han ejecutado 176,87 millones y certificado 85,5 millones. Sólo se ha ejecutado de este periodo el 21,6 por ciento y certificado el 10,5 por ciento, que habría que calificar como lamentable.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Felipe López ha afirmado que la consejera “miente, manipula y tergiversa para tratar de eliminar un problema y es que el reguero de demagogia sembrada mientras estaban en la oposición va a conducir inexorablemente a la frustración”. De igual manera, ha señalado que no se trata de deuda pendiente.
“Pare el metro de Sevilla, de Málaga o la obra de Alcalá de Guadaíra y así no tendrá que hacer traspasos pendientes”, ha asegurado López, quien ha tachado de “frivolidad” las palabras de la consejera. “El gobierno anterior no hizo nada irregular y le está faltando el respecto a los funcionarios”, ha subrayado López, quien ha asegurado que “no se ha devuelto ni un euro a Bruselas”.
En su segundo turno de palabra, la consejera ha criticado al diputado del PSOE-A, anterior consejero del ramo, que “vuelva a insultarle” y ha afeado que “hayan frustrado ilusiones” de los andaluces. “Venga desde la seriedad y deje de ejercer de abogado en defensa propia”, ha señalado.
Por su parte, el diputado del PP-A Juan Bueno ha apuntado que “si los andaluces hubieran conocido estos datos antes, habrían querido el cambio mucho antes” y ha señalado que la Consejería “ya está trabajando con fuerza e ilusión”. Así, ha tachado de “insostenible” la situación, por una gestión “plagada de gravísimos problemas, ahora heredados”.
En nombre de Cs, el diputado Juan de Dios Sánchez ha preguntado que, “una vez conocidos estos datos, qué dinero queda para poder invertir” y ha considerado que “se podrá hacer bien poco”.
Por su lado, el diputado de Adelante Andalucía Diego Crespo ha advertido que la gestión anterior “no puede ser escudo” frente a la futura gestión del nuevo Gobierno en coalición entre PP y Cs y ha pedido saber si se va a “volver a los niveles de ejecución e inversión de antes de la crisis”.
Por último, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha considerado “espeluznante” la cantidad que se adeuda “por más de 2.000 millones” y ha pedido por si estas actuaciones podrían conllevar algún tipo de responsabilidad por esta gestión.
En este sentido, en su segundo turno de palabra, la consejera ha respondido que además de la responsabilidad política, una vez reciban los resultados de las auditorías encargadas “este Gobierno decidirá si tiene que tomar otro tipo de decisiones”.
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