Condenan a dos años de cárcel al administrador de Acsur
La Audiencia Provincial rebaja en un año la pena que solicitaba la Fiscalía Provincial por un delito contra los derechos de los trabajadores
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años de cárcel al que fuera el administrador de la subcontrata que, durante años, se encargó del mantenimiento de la red de abastecimiento de Emacsa y que, según la sentencia, es el responsable de prácticas contra los derechos de los trabajadores, en concreto de una treintena.
La Fiscalía formuló una petición de cárcel de tres años, que ha quedado reducida a dos tras el juicio que se celebró a principios del mes de marzo. A esta condena hay que añadir una sanción de 6.750 euros (nueve meses a razón de 25 euros diarios). Los hechos de los que se le acusa, y que durante 130 días provocaron la manifestación de sus trabajadores a las puertas del Ayuntamiento, se refieren al impago de nóminas -de enero a abril de 2013, así como la paga extra de diciembre de 2012-, las vacaciones, en algunos casos sin fecha de retorno, que dio a varios de sus empleados a partir del 25 de febrero de ese año, o el hecho de “no dar ocupación efectiva” a los empleados que aún estaban dados de alta y que, siempre según el escrito de Fiscalía, mantenía sin trabajo en una nave industrial en la que no había ni luz eléctrica ni agua.
El objetivo, según la acusación, era que los trabajadores pidieran la baja voluntaria y, de esta manera, no hacer frente a las indemnizaciones que les corresponderían por un despido, ya que el acusado no les daba otra salida. Sin embargo, al mismo tiempo que los empleados mantenían esta situación, el acusado habría fundado otra empresa, Canalizaciones y Viales Andaluces, con la que se hacía cargo de los trabajos de Emacsa, reza el escrito del fiscal. En él se pone de manifiesto que dejó fuera a los empleados de Acsur de esta nueva sociedad para no tener que afrontar las obligaciones en los pagos, realizando un cierre de Acsur “sin utilizar los mecanismos legales” para ello.
En esta situación se encontraron durante meses los empleados de Acsur, que llevaron su protesta a las puertas de Capitulares y exigieron al entonces presidente de la sociedad, José Antonio Nieto (PP), que la nueva adjudicataria, Magtel, subrogase sus contratos, algo a lo que el anterior gobierno local se cerró en banda porque “legalmente no podía ser”. La última novedad en este sentido es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se condenaba a Emacsa a hacerse cargo solidariamente de los impagos de la que, durante muchos años, fue su subcontrata. Este punto se iba a llevar en el último consejo de administración de la sociedad municipal, pero finalmente no se abordó, indicaron las fuentes consultadas por este medio.
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