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La concertada muestra su rechazo a la ley Celaá bajo el lema “Más plurales, más libres, más iguales”

Protesta contra la Ley Celaá en el Santa Victoria | MADERO CUBERO

Juan Velasco

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La escuela concertada comienza a organizarse contra la llamada Ley Celaá en Córdoba, una ciudad donde, a diferencia del resto de la provincia, los colegios concertados o privados son mayoría.

Así, este miércoles se han iniciado las primeras protestas contra la reforma educativa de la LOMLOE, impulsadas por las Escuelas Católicas de Andalucía, Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados.

En la capital, ha habido concentraciones en diversos centros. En el Santa Victoria, por ejemplo, ha sido para sumar a este colegio a la campaña “Más plurales, más libres, más iguales”, y ha consistido en dos minutos de silencio y la lectura de un manifiesto en contra de la nueva ley de educación.

Para los convocantes, la reforma “pone en serio peligro” la viabilidad de muchos de estos centros, al incluir “eliminación de conciertos o denostación de la asignatura de religión”, entre otras cuestiones. En el acto estarán han estado presentes profesores, padres y madres y también alumnos y el acto se ha hecho cumpliendo los protocolos sanitarios.

Por su parte, el Colegio Cervantes también ha realizado idéntico acto de rechazo contra la reforma educativa. Desde este centro han reclamado “mayor diálogo y consenso en todo proceso de renovación legislativa de la Educación, además de un trato justo que garantice los derechos de todas las opciones de enseñanza y la libertad de todas las familias para acceder a las mismas”.

Celaá dice que la reforma educativa reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la libertad de enseñanza

Mientras se producían estas concentraciones, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparecía en el Congreso de los Diputados para defender que el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, que se encuentra en trámite parlamentario, “sí reconoce la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, así como la libertad de enseñanza”.

Así lo ha asegurado en el Pleno del Congreso al diputado Óscar Clavell (PP), que le ha preguntado a la ministra sobre qué entiende por dar cumplimiento al artículo 27 (que recoge que todos tienen el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza) de la Constitución Española (CE), en una clara referencia a la reforma educativa.

La ministra ha pedido al diputado que, en primer lugar, abra el proyecto de reforma, y en segundo lugar, que abra la Constitución, en concreto en sus artículos 3 y 27, preguntando a este qué dicen tales artículos. “¿Y qué dice nuestra ley al respecto?”, ha formulado.

Así, se ha limitado a reproducir en voz alta lo que recoge el proyecto normativo: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Y ha proseguido: “Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.

“¿Qué se hace? Se reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y se observa un objetivo educativo”, se ha contestado a sí misma la ministra, que ha insistido en preguntar al diputado que, de los tres puntos del artículo 3 de la CE, cuál de ellos no se encuentra en el proyecto de reforma, así como el artículo 27 de la CE.

“En la Ley, en el artículo 1, se consagra, se ratifica, se reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza y la plena posibilidad de que todo el mundo pueda llegar al dominio y desarrollo pleno de su educación, de su personalidad, en el respeto a los principios de convivencia y de libertad y derechos fundamentales”, ha zanjado Celaá.

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