CCOO insta a la Junta a que ponga una demanda por el fin del Miner

El sindicato contesta a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que fue el PP el que, a su llegada al Gobierno en 2011, cerró el Plan de la Minería 2006-2012 sin que se hubiera terminado

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO ha vuelto a insistir en que la Junta de Andalucía debería interponer una demanda por el incumplimiento del anterior Plan Miner como ya hiciera el Principado de Asturias, a quien la Justicia ha dado la razón en sus reclamaciones, para conseguir así las ayudas a los proyectos empresariales y de infraestructuras “que ya estaban aprobados pero cuyos convenios no habían sido rubricados cuando el Gobierno del PP decidió cerrar anticipadamente el Plan 2006-2012”, según informa a través de una nota de prensa.

El Real Decreto 675 de 2014 que acaba de entrar en vigor sólo establece proyectos de infraestructuras a las comarcas mineras que tienen explotaciones abiertas, que no es el caso del Guadiato, por lo que la comarca sólo podrá acceder a proyectos excepcionales que provengan del anterior plan, “aunque el Real Decreto no especifica ni cómo ni qué parámetros seguir para solicitarlos”, asegura CCOO.

Por ello, el sindicato remarca que la demanda de la Junta sería, en las circunstancias actuales, la única vía para conseguir que se financien los proyectos que ya estaban aprobados pero cuyo convenio de financiación no había sido firmado.

Sobre esta cuestión, y en contestación a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que afirmaba que se había buscado una fórmula viable para que los municipios cordobeses puedan acceder a fondos Miner, CCOO le recuerda que “fue el PP el que, a su llegada al Gobierno en 2011, cerró el Plan Miner 2006-2012 anticipadamente, cargándose de un plumazo todo lo referente a las ayudas a proyectos empresariales y de infraestructuras y becas, incumpliendo lo pactado. Además, y en referencia a sus declaraciones sobre que el Plan de la Minería 2013-2018 ha sido consensuado con los sindicatos, la organización sindical afirma que ha sido prácticamente impuesto por el Gobierno sin apenas margen de maniobra en la negociación”.