CCOO convoca movilizaciones contra la reforma de la administración local

El sindicato anuncia protestas durante el mes de noviembre en una provincia en la que trabajan 10.800 personas en los 75 ayuntamientos cordobeses

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha anunciado movilizaciones para este mes de noviembre contra la reforma de la Administración Local que pretende llevar a cabo el Gobierno, así como contra los recortes y privatizaciones que está sufriendo el sector público municipal.

Para informar a los delegados y delegadas sindicales de la administración local sobre los cambios que conllevaría el proyecto de ley del Ejecutivo central y los motivos por los que el sindicato se posiciona contra esta reforma, CCOO ha celebrado una asamblea informativa en la que también se dejó clara la postura del sindicato contra las privatizaciones y recortes que se están llevando a cabo en el ámbito de la administración local.

El sindicato presentaba el pasado octubre a los distintos grupos políticos en el Congreso de los diputados 70 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local con las que pretende ampliar los espacios de intervención local, garantizar la autonomía de las entidades locales y compatibilizar la normativa estatal y autonómica, ha indicado el sindicato.

El Secretario general de la mencionada federación en Córdoba, Luis Mena, considera que es imprescindible mantener la defensa de los servicios públicos esenciales para la comunidad, racionalizando los procesos de traspaso o transferencia de recursos y garantizando los derechos del personal asalariado del sector público y de la Administración Local.

Para CCOO, el proyecto de ley presentado por el Gobierno está lejos de afrontar la mejora de la eficiencia de los servicios municipales o de lograr un acercamiento de la gestión municipal a la ciudadanía ya que opta por restringir los ámbitos de intervención de las entidades locales y por reducir su número.

CCOO ha señalado que la aprobación de esta reforma implicará una pérdida de autonomía de los entes locales, lo que significará un retroceso en materia de servicios públicos para la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de los más de 10.800 empleados y empleadas públicos que trabajan en los 75 Ayuntamientos y empresas municipales de la administración local cordobesa.

La ley trasladará previsiblemente a las comunidades autónomas nuevas obligaciones y cargas financieras, para las que no se prevé dotación alguna. Esto, unido a la falta de valoración del impacto en los servicios y en el empleo público, abre un escenario precipitado de traspasos, transferencias y supresiones que pueden conducir a una situación confusa y de alta crispación social y laboral.

Además, remarca el representante sindical, con esta reforma de los ayuntamientos desaparece el principio de proximidad y crea una dependencia total de la financiación condicionada, alejándose, aún más, de unos ingresos estables y adecuados.

En 2012 el gasto de las administraciones públicas supuso el 43% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 47% de media de la zona euro, y hay que recordar que dos tercios de ese presupuesto van destinados a gasto social y servicios públicos básicos. Y el pasado año, explica Mena, se destruyeron 980 empleos públicos en Córdoba fruto del cese de trabajadores y trabajadoras de ayuntamientos, supresión de empresas públicas y organismos municipales, disminución de plazas en centros para personas con discapacidad y mayores, etc.