El Cabildo ve en la denuncia por las inmatriculaciones “animadversión personal”

Tres exalcaldes, el día en que pusieron la denuncia que se ha archivado | MADERO CUBERO
El abogado de la Iglesia impugna el recurso presentado por los exalcaldes y Baquerín contra el archivo judicial a su denuncia

“Con los debidos respetos, esta representación [legal] entiende que nos encontramos ante una denuncia de carácter político que supone una utilización torticera de la Justicia para ir contra aquellas personas hacia las que se tiene una animadversión personal”. Así considera el abogado del Cabildo Catedralicio de Córdoba a los exalcaldes, encabezados por Julio Anguita, y al exconcejal Carlos Baquerín, que denunciaron en los juzgados las inmatriculaciones de distintos bienes llevados a cabo por la Iglesia en Córdoba. La defensa del Cabildo subraya esta frase en la impugnación que ha presentado al recurso que a su vez formularon los denunciantes contra el archivo de la causa.

A principios de junio, el Juzgado de Instrucción número seis decidió archivar la causa. A mediados, tanto Baquerín como los exalcaldes recurrieron el archivo e instaron al órgano judicial que la reabriera. Ahora, la defensa del Cabildo ha impugnado el recurso y reclama al juez que le dé ya carpetazo definitivo y sobresea la causa.

No obstante, en su escrito, de cinco folios, la defensa del Cabildo ataca a los denunciantes, de los que dice que persiguen intereses políticos y que además tienen algo personal contra los responsables de la Diócesis. Así, el abogado asegura que Baquerín solo denuncia al obispo actual, Demetrio Fernández, y al exalcalde, José Antonio Nieto, cuando las inmatriculaciones se produjeron (todas salvo una) con otro obispo y otros alcaldes. “Este hecho además de notorio es perfectamente conocido por el denunciante que, sin embargo, presenta su denuncia sin importarle la realidad contra las personas que simplemente no son de su agrado”, afirma la defensa.

En cuanto a los exalcaldes, el abogado considera que la mayoría de las inmatriculaciones se produjeron cuando ellos tenían responsabilidades en el Ayuntamiento o en la Gerencia Municipal. En cuanto a lo ocurrido en el Triunfo de San Rafael, cita dos documentos, de 2002 y 2010, en los que supuestamente el Ayuntamiento reconoció la propiedad por parte del Cabildo. Así, aseguran, uno de los denunciantes, Andrés Ocaña, era alcalde en 2010 y miembro de la Junta de Gobierno Local en 2002. “Esto es una muestra más de la carencia absoluta de fundamentación de las demandas presentadas, que únicamente tienen como finalidad el atacar la honorabilidad de las personas contra las que van dirigidas”, sostiene el letrado.

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