Las auditorías detectan “duplicidades” en agencias públicas de la Junta

Elías Bendodo (en el centro con traje azul), junto a los delegados de la Junta en Córdoba.

La Junta de Andalucía ha detectado “duplicidades” entre las tareas que realizan las agencias públicas empresariales sobre las que había encargado unas auditorías a la Intervención General, y ha acordado “iniciar la liquidación de siete nuevos entes que se encuentran con actividad mínima desde hace varios ejercicios”, para lo cual han encargado un informe sobre cada uno de ellos a las consejerías correspondientes para tomar una decisión sobre su “extinción o disolución”.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, en el que se ha informado sobre el contenido de las referidas auditorías encargadas a la Intervención General sobre doce agencias públicas empresariales, y donde ha recordado que la Junta ya ha puesto en marcha la extinción de 82 consorcios y la disolución del Consorcio Guadalquivir, entre otros.

Ha explicado que en estas primeras auditorías se ha puesto el foco en “12 entes instrumentales que emplean a 9.461 personas” de las que “sólo hay 498 funcionarios”, y se ha constatado que no se ha delimitado bien “el ámbito de actuación de las competencias” de estos entes, de forma que “se duplican esfuerzos y malgastan recursos”.

En esa línea, Bendodo ha apuntado que, con estos informes en la mano, se ratifica en la idea de que “el Gobierno socialista ha gestionado el dinero público como si fuera dinero no de ellos, y sin mirar por el bolsillo de las familias andaluzas”, de forma que “la gestión consistía en intentar recaudar más para gastar más”, en “engordar más la administración autonómica y colocar a más gente”.

Bendodo ha defendido que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) tiene “la obligación y necesidad de tener el más profundo conocimiento” sobre “dónde estamos aterrizando”, y por eso “no se descarta que haya más informes, tanto del ámbito público como privado, sobre la actividad de estos entes durante estos 37 años” de gobiernos socialistas, y ha apuntado que los informes encargados “nos van a ayudar para tomar decisiones más pronto que tarde”.

Así, ha detallado que, a la vista de estas conclusiones, será el grupo de trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, liderado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local la que tomará las medidas oportunas.

Al respecto, ha defendido que las agencias públicas empresariales deben “dar entrada a la sociedad civil en sus órganos de gestión”, porque, hasta ahora, “todos los entes de la administración paralela eran internos” y quienes integraban sus consejos de administración eran “políticos de la Junta”. Según ha valorado, el nuevo Ejecutivo apuesta por “una apertura” y ya ha dado entrada a los empresarios en el consejo de la agencia Extenda.

Preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz lleve a cabo despidos en estos entes, Bendodo ha descartado dicha posibilidad, al tiempo que ha garantizado que no se van a mantener aquellos entes “que no sean estrictamente necesarios”. “Se va a extinguir, liquidar, fusionar o reducir, optimizando en todos los casos”, ha afirmado.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Industria y Minas, Juan Bravo, que ha comparecido junto a Bendodo, ha explicado que el Ejecutivo andaluz encargó a la Intervención General la realización de actuaciones de auditoría sobre el sector público andaluz que “se dirigirán a verificar la adecuada distribución competencial entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los fines que en su día

justificaron la creación de las entidades y, en su caso, si las mismas constituyen el medio más idóneo para lograrlos“.

SOLO AVRA Y EL IAPH ESTÁN JUSTIFICADOS COMO AGENCIAS

Según ha apuntado, la Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar siguen vigentes, si bien manifiesta que las competencias que desarrollan estos entes y las consejerías de adscripción no están bien delimitadas, lo que favorece la existencia de duplicidades, y concluye que solo en dos casos de los doce analizados --la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)-- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión.

En cuanto a si las agencias públicas empresariales constituyen el medio más idóneo para el cumplimiento de sus fines, la respuesta general de la Intervención es negativa, ya que no aprecia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta. Esta figura jurídica debe regirse por técnicas de gestión empresarial, una dirección estratégica, autonomía en la gestión y la evaluación permanente de objetivos.

Las entidades que han sido objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta lanza una serie de recomendaciones que están relacionadas con aspectos legales, de concepto y funcionamiento

de las propias agencias y encaminadas a reforzar y mejorar el control y la eficacia. Así, la Intervención recomienda que se devuelvan competencias a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.

Asimismo, sugiere definir mejor la diferencia entre una agencia pública empresarial y una agencia administrativa de régimen especial en la Ley de Administración de la Junta, así como delimitar mejor y definir con precisión cuáles son las competencias de estas agencias y las potestades de los funcionarios para evitar duplicidades.

En cuanto a la organización, las agencias deben elaborar sus planes estratégicos, evaluar de manera periódica el grado de cumplimiento de sus objetivos y establecer controles de eficacia, cuestiones que actualmente no se realizan, y garantizar que son un medio para el desarrollo de las funciones asignadas y no meros actores intermediarios en la ejecución de políticas públicas, sin aportar valor añadido frente a la Administración General.

Este informe provisional, que se ha realizado por primera vez con este alcance en una comunidad autónoma, será remitido por la Intervención General al Grupo de Trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, que lidera la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que será el encargado de evaluar este primer diagnóstico y del que saldrán los trabajos preparatorios para una regulación legal que delimite las funciones de los entes instrumentales.

De otro lado, Bravo ha explicado que a las auditorías se suman informes de control financiero y de la Cámara de Cuentas, que recogen diversos incumplimientos, entre ellos que la Agencia Andaluza de Conocimiento no llevó a cabo el recorte del 5 al 10 por ciento que se aplicó a todos los funcionarios y empleados públicos.

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