Aprobadas ayudas por 2,5 millones para rehabilitar edificios donde viven más de 1.200 familias
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha resuelto en Córdoba las solicitudes de la convocatoria 2017 correspondiente a las ayudas autonómicas destinadas a la rehabilitación de edificios residenciales, “que beneficiarán a 71 comunidades de vecinos, donde residen 1.232 familias, que recibirán 2,51 millones de euros”.
Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, quien ha explicado que estos incentivos, que ascienden en toda Andalucía con 14,5 millones de euros, “están dirigidos a sufragar obras de conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad, así como de la accesibilidad de las zonas comunes de los inmuebles”.
Vioque ha destacado que en Córdoba, “gracias a este apoyo económico de la Junta, 3.147 personas mayores o con movilidad reducida podrán mejorar su calidad de vida, ya que las obras, en su mayoría, están destinadas a la instalación de ascensores, lo que redundará en beneficio de la accesibilidad de las familias que viven en estas comunidades”.
Estos incentivos establecen como beneficiarias a las comunidades de propietarios de viviendas en las que, al menos, la mitad de los propietarios que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,50 veces el Iprem.
La cuantía máxima de la subvención por edificio será el 35% del coste subvencionable de las actuaciones. No obstante, en el caso de actuaciones que incluyan ajustes razonables en materia de accesibilidad, y solo en la partida correspondiente a la misma, se podrá alcanzar el 50% del coste.
Como actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios se incluyen las obras para la mejora de la envolvente térmica del edificio, la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes.
También se subvenciona la instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables -energía solar, biomasa o geotermia-, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, la instalación de reductores de agua, así como el acondicionamiento de instalaciones para la separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones.
En cuanto a las actuaciones subvencionables en materia de accesibilidad, se incluyen la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, grúas o artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares, además de la colocación de avisos mediante señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores.
Los edificios objeto de las actuaciones, que deben contar con el Informe de Evaluación del Edificio cumplimentado y suscrito por técnico competente y con fecha anterior a la solicitud de la ayuda, no pueden estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación o en situación de asimilación a fuera de ordenación.
Además, su construcción debe haberse finalizado antes de 1981 y tienen que presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención, salvo que las adquiera como resultado de las actuaciones, y al menos un 70 por ciento de sus viviendas han de estar ocupadas y constituir el domicilio habitual de sus residentes.
Una vez obtenida la subvención, la comunidad de propietarios en cuestión tiene un mes de plazo para solicitar la licencia de obras. El abono de la ayudas se realizará en dos pagos del 50 por ciento, uno al inicio, tras la presentación de la licencia de las obras, y otro al final, una vez entreguen el certificado final de obra.
El periodo máximo para ejecutar las mejoras no podrá exceder de 16 meses, aunque dicho plazo podrá ampliarse excepcionalmente hasta 18 meses, cuando se trate de obras que afecten a 40 o más viviendas.
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