APDH-A reclama que se investigue la muerte de un joven en la Comisaría de Córdoba

Comisaría provincial de Campo Madre de Dios | MADERO CUBERO

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha denunciado que, después de dos años, las investigaciones sobre la muerte de un joven en los calabozos de la Comisaría de Córdoba no avanzan y que el procedimiento judicial se encuentra estancado. La asociación recuerda que los hechos ocurrieron en 2016, cuando Jonathan, de 25 años, se encontraba en las dependencias policiales por una pelea la noche anterior y que falleció "solo en su celda después de cuatro horas pidiendo auxilio".

Respecto del hecho, APDH-A señala que la defunción se produjo por una "peritonitis secundaria a rotura intestinal que no le fue diagnosticada tras estar varias horas en un centro de salud y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba". La asociación apunta que tras su muerte, la pareja y familia del joven, quien entonces era padre de un bebé, se personó como acusación particular en la investigación y solicitó la grabación de las cámaras. La misma "fue entregada por la Policía incompleta, sin la secuencia final", afirma el organismo, que considera que esta circunstancia genera "como mínimo sospechas".

Desde la delegación cordobesa de APDH-A aseguran que "en la grabación se observa cómo desde antes de las 18:00, el joven pedía auxilio de manera insistente, lo que corroboraron dos detenidos en celdas adyacentes". Estos últimos manifestaron que oyeron "gritos de dolor" y que el joven presentaba "un evidente mal estado. Pese a ello, denuncia la organización, el arrestado "no fue trasladado al hospital y falleció solo en el calabozo alrededor de las 22:00".

Es por ello que la asociación asevera que "es necesario investigar y esclarecer cuáles fueron las causas por las que pese a existir una petición de auxilio durante cuatro horas, Jonathan no fue atendido". También entienden relevante resolver "cómo pese a asistir en dos ocasiones a Urgencias no le fue diagnosticada una peritonitis de tal gravedad que en 24 horas le causó la muerte".

APDH-A añade a su reclamación que "el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura perteneciente al Defensor del Pueblo Español, en su última visita a la Comisaría de Córdoba Este había señalado importantes deficiencias en los calabozos y se había reiterado en las ya manifestadas en su informe de 2011". Entre estos supuestos problemas se encontraban "condiciones muy deficientes de limpieza, climatización, ventilación, luminosidad, conservación y mantenimiento, así como en especial de videovigilancia".

En este sentido, la asociación revela que el informe de la visita del órgano del Defensor del Pueblo Español destacaba expresamente que "para una rápida actuación de los agentes de custodia en caso de producirse un incidente en los calabozos, los monitores de visualización de las imágenes de videovigilancia, además de ir modernizándose, deberían estar instalados en la zona de custodia, con independencia de que también estén en la zona de control de acceso a las instalaciones".

Por otro lado, agrega APDH-A, "en marzo de 2015 la Defensora del Pueblo concluyó la necesidad de instalar sistemas sonoros de llamada en el interior de las celdas y se realizó sugerencia de instalar monitores receptores en los propios calabozos". La delegación de este organismo apunta que la actuación fue rechazada por el Ministerio del Interior por no considerar "conveniente el cambio de ubicación de los monitores receptores de imágenes de las cámaras ubicadas en los calabozos, dada la necesidad de no disgregar los recursos humanos de seguridad del edificio y custodia de detenidos".

De esta forma, la asociación considera que "la instalación de los adecuados sistemas sonoros y los monitores de visualización, unidos a la adecuada vigilancia hubieran impedido o dificultado el fallecimiento". "Es evidente la necesidad de revisar los protocolos de asistencia a los detenidos, pues con la privación de libertad existe una menor capacidad crítica o de acudir a Urgencias", critica la APDH-A. Además, esta organización remarca que "se hace plenamente exigible desde el punto de vista humano que una persona que acude en Urgencias en dos ocasiones hubiese tenido el derecho al menos a estar acompañado por sus familiares y de esta manera evitar el desenlace completamente inhumano de fallecer solo en un calabozo tras 24 horas de detención".

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