La muerte de Montesquieu

Dada la situación que se está atravesando con el protagonismo tan negativo de las decisiones judiciales, sería necesario echar la vista atrás, como siempre que ocurre cuando se llega a situaciones extremas, para repasar los fundamentos que sustentan nuestra sociedad, nuestra convivencia y nuestra estructura de gobierno, para reivindicar esos valores.

La ambición del ser humano siempre ha sido, y continúa siendo acaparar todo el poder posible: el poder absoluto. Desde la revolución francesa se abrió un camino para el reparto de ese poder. Su estructura y la forma de ejercerlo se lo debemos, en primer lugar al barón de Montesquieu, que puso en el siglo XVIII los pilares del sistema de separación de poderes frente a los absolutismos existentes.

Nuestro sistema democrático definido en la Constitución de 1978, establece ese reparto del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, a la vez que define claramente que todos emanan del pueblo. La convivencia democrática se basa, fundamentalmente, en el respeto a este reparto. A veces es necesario refrescar lo obvio para ver las tropelías que se cometen y diferenciar a los demócratas de los que no lo son.

Volviendo al barón de Montesquieu en la definición de las funciones de cada poder, decía: “No hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Porque el poder sobre la vida y la libertad del ciudadano sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador”.

He recordado a este personaje histórico, tantas veces citado y tantas traicionado, a raíz de lo que está aconteciendo en España con las decisiones escandalosas de algunos jueces que en sus decisiones pretenden ocupar el poder legislativo y el ejecutivo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo en la aplicación de la Ley de Amnistía al caso del “proces”, a fuerza de interpretarla para su conveniencia ha terminado modificando su contenido, en lugar de aplicarla con el espíritu y la letra del legislador. Pero de haberlo hecho correctamente no se podía imputar a Puigdemont, verdadero objetivo político del PP. Es el enésimo caso en el que dictan resoluciones de contenido político del ideario de la derecha, obedientes al mandato del máximo ideólogo y jefe, José María Aznar, “Quien pueda hacer, que haga. Quién pueda mover, que mueva”,

Lo escandaloso es que lo hacen con el mayor descaro. (El juez Joaquín Aguirre: “ La ley de amnistía se tumbó por mí. El Gobierno dura dos telediarios. A tomar por culo.” ) Los jueces de Sala Segunda del Tribunal Supremo (la que el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó dijo que el PP controlaba desde atrás), podían hacerlo gracias a que habían aupado a Manuel Marchena para presidirla, un magistrado que siempre que puede manifiesta la dependencia de sus decisiones a los intereses del Partido Popular.

El caso de los ERES fue utilizado por la jueza instructora, Mercedes Alaya, la Audiencia Provincial de Sevilla y la famosa Sala Segunda del Tribunal Supremo, para tapar los escándalos de corrupción del PP, con el concurso interesado de sus fieles medios de comunicación. El Tribunal Constitucional ha tenido que aclarar algo que era obvio y que venían repitiendo las defensas de los acusados y juristas cualificados, de que una ley aprobada por el Parlamento, órgano legislativo, no podía ser juzgada y condenada por ningún tribunal. Sólo el Constitucional podía apreciar si su contenido se ajustaba a los derechos fundamentales. Pues bien se condenó a prisión a relevantes cargos políticos del PSOE por ese hecho. Otra cosa era la ejecución que se hiciera de esa ley, que es cuando debe intervenir la Justicia, y se hizo mal en algunos casos. Ahora el Tribunal de Garantías, como era obvio, ha resuelto el entuerto y corregido la injusticia cometida. Decía Javier Pérez Royo “El juez que dice una barbaridad en la interpretación de una norma jurídica, no solamente hace el ridículo, sino que comete un delito”. A lo que habría que añadir que se debía proceder contra ellos de oficio, porque ha habido ciudadanos y ciudadanas que han pasado un tiempo en prisión al haber sido condenados por un hecho que no podían juzgar.

El descaro sin límites llega al “Caso Peinado”, un juez mediocre, pero obediente a las directrices del PP, que da cobertura a la denuncia de los franquistas de Manos Limpias contra la esposa del Presidente del Gobierno. Ni el resultado negativo de la investigación de la Guardia Civil, ni el informe igualmente negativo de la fiscalía, ni el sentido común, le disuaden de archivar el caso. Al contrario, lo prolonga de forma torticera hasta el extremo de citarla a declarar como investigada sin haber formulado cargo alguno.

La enumeración de los casos dónde estos personajes han actuado deliberadamente para beneficiar intereses políticos sería demasiado largo. Seguro que todos recordamos más de uno.

Al menos sería de agradecer que guardaran las formas. Ya conocemos que su ideología es de derechas, pero se presume que tienen, o deben tener, una ética profesional que le obligue a no utilizar su posición para apoyar posturas políticas de forma descarada. Eso no es hacer justicia, es hacer política partidaria.

Es absolutamente inasumible, escandaloso e inconstitucional el comportamiento que tienen estos nefastos representantes del poder judicial, que actúan con la mayor impunidad, ignorando con maldad, los principios profesionales y éticos de su profesión que les obliga a juzgar con arreglo a la leyes que emanan del pueblo a través del poder legislativo. En ningún caso a modificar su contenido. Eso no se puede hacer porque entonces el juez sería el legislador y eso solo se produce en las dictaduras. Parece que es eso lo que estos sujetos añoran.