La pancarta y el BOE
Si fuera alcalde registraría la Mezquita a nombre del Ayuntamiento
Si observamos la frase del señor Hurtado de forma aislada, podríamos deducir que se trata de un sintagma lleno de sentido común. Un portavoz municipal, aspirante a ocupar la Alcaldía, es lógico que se proponga recuperar para la ciudad un legado patrimonial construido, mantenido y financiado por generaciones de ciudadanos a través de los siglos (amén). Mucho más incomprensible resulta contemplar a otros munícipes esforzarse cada día en defender la privatización de un conjunto monumental genuinamente cordobés, símbolo comunitario indiscutible de todos nosotros.
Hasta ahí todo en orden. Pero, si colocamos la frase del señor Hurtado en su debido contexto, se nos caen sus piezas como un castillo de naipes. Por ejemplo. Si el señor portavoz municipal cree honradamente que la Mezquita de Córdoba es un bien de dominio público, podría, pongamos por caso, elevar al señor ministro de Justicia una petición fundamentada sobre el deber del Estado en impedir la apropiación ilegítima de un tesoro esencial del patrimonio común.
Decimos al ministro de Justicia como podríamos decir al titular de Cultura o incluso al mismísimo presidente del Gobierno. Fue el señor Sánchez, por cierto, quien en su discurso de investidura del 4 de enero de 2020 anunció solemnemente que su Ejecutivo iba a realizar las “modificaciones legislativas oportunas” para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados “indebidamente por la Iglesia”. Por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba.
Ya ha llovido desde aquel luminoso día.
El compromiso verbal del señor Hurtado nos recuerda otra entusiasta promesa contraída por una correligionaria suya, doña Carmen Calvo Poyato, esta vez sustanciada en un informe municipal de veinte páginas redactado por una comisión de expertos presidida por nuestro admirado Federico Mayor Zaragoza, ex secretario general de la Unesco, para mayor abundamiento.
La señora Calvo Poyato actuó en calidad de especialista en Derecho Constitucional junto a dos prestigiosos historiadores. La comisión de expertos dictaminó que la Mezquita de Córdoba era un bien de dominio público y su privatización episcopal estaba plagada de anomalías jurídicas nulas de pleno derecho que era preciso corregir en el Congreso de los Diputados.
Misterios del universo, la firma de Calvo Poyato desapareció del dictamen municipal minutos antes (o después) de que el señor Sánchez la sentara en el Consejo de Ministros en junio de 2018 como vicepresidenta del Gobierno. Seguramente para que su análisis jurídico sobre la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba no condicionara la real politik en la que estaba a punto de desembarcar.
Lo que vino a continuación es un clásico de la prestidigitación y otros trucos de la distracción escénica. Nada por aquí, nada por allá, y cuando el público estaba ensimismado mirando al conejito, salió la vicepresidenta del Gobierno de la mano de la Conferencia Episcopal con un fabuloso acuerdo de absolución inmatriculadora.
A lo largo de estos siete años de Gobierno hemos visto desfilar un aluvión de iniciativas parlamentarias, proposiciones no de ley y otros fuegos de artificio firmados por PSOE, Podemos, IU y Sumar. Probablemente porque suscribir compromisos en una pancarta es mucho más fácil (y rentable) que hacerlo sobre el Boletín Oficial del Estado.
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