Joaquim Bosch: “Es un error pensar que cuanto más duras sean las condenas, mejor se protege a las víctimas”

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) lleva 20 años como juez instructor y podría decirse que lo ha visto todo. En su etapa como universitario nunca le hablaron de corrupción y ahora, más de dos décadas después del paso por las aulas, acaba de publicar el libro La patria en la cartera en el que realiza un recorrido histórico por la corrupción en España, desde la Edad Media hasta la actualidad. Mención destacada merece la corrupción que se asentó durante el franquismo y que continuó en democracia, una relación de la que deja buena cuenta el magistrado.

El juez se encuentra inmerso en la promoción de un libro que le ha hecho parar en Córdoba en unas semanas en las que continúan las informaciones sobre el denominado caso Infraestructuras por el que fueron arrestados en diciembre el concejal del Ayuntamiento David Dorado, un funcionario, la excoordinadora municipal de Infraestructuras y nueve empresarios. Este mismo viernes, la Policía Nacional ha detenido a otro empresario que estaría implicado en el caso.

En la siguiente entrevista, Bosch -tendente a ser catalogado como juez progresista- ahonda en cuestiones que sobresalen en La patria en la cartera y reflexiona sobre cómo España podría ser otro país si los cargos políticos realmente llevaran a la práctica aquello de lo que hacen gala, la honradez; del daño que hace la corrupción a los bolsillos de todos y de la necesidad de dotar de recursos a la Justicia para no “perseguir en bici a corruptos que van en Mercedes”.

¿Por qué este libro?

El libro parte de mi propio trabajo como juez instructor y de la percepción de que la corrupción es un grave problema para nuestro país. Además, en los últimos años han surgido dos claves importantes que nos ayudan a entender la magnitud del problema. Por un lado, investigaciones históricas sobre la corrupción en el pasado de España sobre datos que no se conocían y, por otro, las primeras mediciones económicas realizadas por expertos en la materia que nos hablan del enorme daño que causa la corrupción en nuestro país. Juntando la experiencia profesional, cierta perspectiva histórica y análisis económico, creo que era un libro necesario para aportar información sobre el alcance de la corrupción en España.

La corrupción está tremendamente instalada en la política española

Da datos de lo que le cuesta a España la corrupción, unos 40.000 millones de euros, una cifra que la población no palpa en su día a día.

Creo que, cada vez más, la ciudadanía intuye que la corrupción causa graves daños pero ahora hemos empezado a cuantificarlos. Por eso creo que es importante que se tenga más información. Los economistas nos dicen que la corrupción causa un daño de más de 40.000 millones de euros al año y que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción que venía de la dictadura, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Hay una correlación absoluta entre los países que tienen niveles más bajos de corrupción y los que tienen mejor calidad de vida porque han conseguido articular todo su potencial económico al servicio del bien común. Además, han acabado con las bolsas de pobreza, tienen servicios públicos muy desarrollados y prestaciones sociales muy amplias. Eso es lo que podríamos tener en nuestro país si activamos nuestra capacidad económica al servicio del interés general.

¿Se ha llevado alguna que otra sorpresa escribiendo La patria en la cartera?

He aprendido mucho por el camino. Había muchísimas cosas que desconocía. Por un lado, en el ámbito histórico, que me ha ayudado a entender la gravedad de la corrupción durante el franquismo, que es algo de lo que todavía hay pocas investigaciones y ojalá el libro anime a que haya historiadores que trabajen más la materia. Por otro lado, las importantísimos efectos que tuvo la corrupción del régimen anterior en el sistema democrático. He analizado más de 300 sentencias desde la Edad Media hasta la actualidad y me he encontrado, incluso en la etapa democrática, con conductas absolutamente indecentes de todo tipo que no conocía. De una gravedad extrema por un lado pero también de cierto impacto por cómo funciona la naturaleza humana en la pequeña escala.

¿Y los corruptos de la Edad Media sufrían lo que se denomina el castigo social?

Pienso que ha habido etapas de todo tipo en las que la corrupción ha sido más cuestionada por la sociedad y menos. Por ejemplo, en la Segunda República hay casos de corrupción, pero sí es cierto que hubo un fuerte rechazo intelectual y ciudadano. Por ejemplo, el gran caso de corrupción durante esta etapa histórica fue el caso Straperlo en el que miembros del Gobierno de centro derecha se vieron implicados en sobornos para la instalación de ruletas en casinos. Este caso provocó un manifiesto público de los principales intelectuales del país como Unamuno, Antonio Machado y otros escritores. En el franquismo hay mucha más corrupción que en las etapas precedentes, pero lo peor es que fue aceptada por las autoridades del régimen como un elemento estructural y funcional y acabó siendo naturalizada por la ciudadanía como algo lógico y comprensible del funcionamiento del país. Cuando España entró en los organismos europeos en los años 80, los auditores europeos que realizaban estudios de opinión se sorprendían porque España era el único país europeo que no ponía la honestidad en sus encuestas como primera virtud de los políticos porque se había naturalizado por completo la corrupción. En cambio, en los últimos años, según las encuestas del CIS, cada vez hay más ciudadanos que cuestionan seriamente la corrupción y la consideran como uno de los principales problemas del país. En función del sistema político, las percepciones ciudadanas pueden ser muy diferentes.

¿Se castigaba socialmente más al corrupto en la Segunda República que actualmente?

No es equiparable la sociedad de la Segunda República o de la Restauración a la actual porque el Estado estaba menos desarrollado, no había tantos servicios y obras públicas ni tantas prestaciones. Efectivamente, había corruptelas que provocaban un gran escándalo. Por ejemplo, durante la Restauración, Alfonso XIII tuvo muchas acusaciones públicas de corrupción y fue juzgado por ello en ausencia durante la Segunda República porque no se presentó al juicio, pero no tenía la magnitud ni la intensidad que tienen actualmente otros casos. De alguna manera y en función del desarrollo de los estados, la corrupción ha ido adquiriendo formas diferentes. La corrupción urbanística y turística que tenemos actualmente no existía antes del franquismo. Esta etapa es muy importante para mí y la considero de gran relevancia para entender la corrupción en el sistema democrático porque, como en todo el mundo occidental, hay un crecimiento de las instituciones estatales, pero en otros países hicieron controles democráticos y aquí, ese crecimiento estatal lo llevó a cabo una dictadura especialmente represiva y con toda la tranquilidad que da cometer abusos de poder sin ningún tipo de control. Por eso creo que es tan importante comprender la corrupción del franquismo. Sería absurdo culpar a Franco de la corrupción actual porque es culpa de los gobernantes democráticos que han estado en este país y es responsabilidad de la ciudadanía exigir que acabe. Pero si queremos comprender las formas corrosivas y de dónde arrancan, creo que el periodo más relevante es la corrupción del franquismo.

La Transición ignoró la corrupción del franquismo porque nadie se atrevía a hablar

¿Y cómo se relaciona la corrupción del Franquismo y la actual?

R. Una clave muy importante es que hubo enormes continuidades políticas, empresariales y funcionariales del franquismo a la democracia. La mitad de los últimos ministros de Franco continuaron en política en democracia. El primer parlamento democrático de 1977 tenía 110 parlamentarios que habían sido ministros, directores generales o procurados en cortes del franquismo. Además, hubo enormes continuidades en el ámbito empresarial. De hecho, gran parte de los dirigentes franquistas continuaron en los consejos de administración de las principales empresas del país. Esto generó continuidades importantes que explico en el libro porque hubo bastantes cargos políticos del franquismo que luego fueron condenados por corrupción durante la democracia ya que, por suerte, en esa etapa política ya se podía perseguir y condenar a los corruptos.

Por otro lado, la oposición democrática se adaptó a los sistemas institucional y legal que permitían la corrupción del franquismo. Estoy hablando del ámbito de la contratación pública, de las estructuras urbanísticas y de las redes clientelares de la alta administración. Esto no se modificó y cuando se hizo fue muy tarde y bastante mal. Además, la Transición generó nuevas necesidades, como la financiación de los partidos políticos, que usaron la facilidad que el sistema institucional que provenía del franquismo les permitía y está probado por multitud de sentencias en sus hechos probados. La corrupción financió a los principales partidos de este país.

¿La Transición, más bien el paso de Franco al rey Juan Carlos, no fue un dedazo?

Creo que el periodo de la Transición fue muy complejo y en el libro intento desmarcarme del relato oficial y mítico de que la transición fue maravillosa y que se hizo muy bien, pero también con los que dicen que aquello fue una bajada de pantalones y que vivimos en un franquismo disfrazado. Creo que no fue ni una cosa ni la otra, sino un periodo complejo. La Transición tuvo una virtud importante: en poco tiempo se pasó de una dictadura a una democracia, se aprobaron una Constitución y un sistema de derechos fundamentales equiparable a los países europeos y democráticos, pero hubo muchas renuncias que quedaron por el camino porque en aquel momento, con la correlación de fuerzas que existía y con unos dirigentes del postfranquismo que fueron los que pivotaron la transición y una oposición democrática que llegó débil por la represión anterior, era difícil que las cosas hubieran sido de otro modo. Una cosa es esto, entender la complejidad de una etapa que además fue muy breve. En poco tiempo cambiaron muchas cosas que quedaron estabilizadas hasta la actualidad. Y otra cosa es no cuestionar algunas renuncias que se plantearon, como la falta de exigencias de responsabilidad por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y mirar para otro lado ante los casos de corrupción que se cometieron durante el franquismo. Podemos decir que la Transición afrontó la corrupción del franquismo ignorándola porque nadie se atrevía a hablar. Se temía que aquello pudiera dificultar el tránsito a la democracia y la oposición no se atrevió a ponerlo sobre la mesa. La Transición tuvo cosas muy cuestionables y no podemos entender aspectos de insuficiencia de nuestra democracia si no vemos qué ocurrió en esta etapa.

Años después, miles de cuerpos siguen en fosas comunes, si hablamos de los crímenes contra la humanidad. Córdoba es un ejemplo.

Las cuestiones criticables de la Transición explican este tipo de cosas, que estén decenas de miles de víctimas del franquismo en cunetas, que todavía haya honores públicos para cargos de la dictadura, que todavía haya tanta resistencia para quitar simbología. Si el franquismo fuera solo cosa del pasado no habría tanta resistencia para quitar sus símbolos en el presente. Eso de que la Transición ha sido alabada internacionalmente no es cierto, en absoluto. La Transición española es excepcional en este tipo de procesos en todo el mundo. Lo más habitual, como ocurrió en Argentina o Chile, es que cuando cae la dictadura, se exijan responsabilidades penales y de todo tipo a quienes hayan cometido delitos y violaciones de los derechos humanos. Los organismos internacionales, como los comités de la ONU, entidades de derechos humanos, como Amnistía Internacional, y todo tipo de colectivos de este tipo critican duramente la Transición española, que fue una excepción. El hecho de que una dictadura se reconvierta en democracia sin que se exija ninguna responsabilidad y se abandonen a las víctimas en fosas comunes, eso no puede ser digno de aplauso. Se ha vendido un relato mítico asegurando que hay un aplauso internacional donde yo no lo veo y, al mismo tiempo, se ignoran todas las cosas que quedaron sin resolver.

¿Las familias víctimas del franquismo dejarán de ser fichas del juego político?

La forma en que se hizo la Transición dejó persistencias claras de continuidad de un franquismo sociológico. De hecho, hay en el discurso público fuertes blanqueamientos de lo que fue la dictadura y una invisibilización de asesinatos, torturas, encarcelamientos y exilios, una represión al fin y al cabo, que como bien dijo Paul Preston, no tiene equivalentes ni en su intensidad ni en su larga duración en ningún país de Europa Occidental. Es como si no hubiera ocurrido, pero ni en la propia enseñanza del sistema educativo ni en las leyes de memoria democrática está presente. Es que si comparamos…Ahí está la política conservadora de Ángela Merkel y fíjate en su política de memoria democrática, no tiene nada que ver con la de España. Esto está bastante relacionado en cómo se hizo la Transición y la fuerte continuidad política de numerosos cargos de la dictadura. Pienso que si el pasado es abominable y el franquismo lo fue, se debe plantear autocrítica y rechazar aquello que deba hacerlo.

No se debe indultar la corrupción

En democracia, ¿cuál fue el punto más alto de la corrupción?

La corrupción tuvo fuertes continuidades en los años 80, con casos como el de Juan Guerra o Luis Roldán, con dinámicas muy parecidas a lo que se hacía en el franquismo. Pero en los años 90 y en la primera década de los 2000, la corrupción llegó a unos niveles estructurales que afectaron gravemente al sistema democrático. Hay dos casos muy claros: Gürtel, porque nos muestra una corrupción absolutamente instalada en las instituciones como nos dicen los hechos probados de la sentencia ya que conecta toda una trama de sobornos en múltiples instituciones que acaban generando millones de euros en dinero negro en la caja fuerte de uno de los principales partidos del país. El caso de los ERE, aunque tiene perfiles que no son idénticos, nos muestra cómo se organizaba todo un conjunto de redes clientelares financiado con dinero público para ser distribuido entre afines al poder para el propio mantenimiento del mismo. Son dos casos absolutamente estructurales que no es que algún político descarriado meta la mano en la caja, sino que es la propia organización de multitud de instituciones al servicio de beneficios privados y a través de abusos de poder. Junto a estos dos grandes casos, hay muchos otros pero estas tramas nos demuestran la gravedad estructural del problema.

¿Concurren las razones de equidad, justicia y conveniencia para indultar a Griñán?

Mi opinión es que no se debe indultar la corrupción porque precisamente en nuestro país las prácticas corruptas son muy difíciles de detectar y de perseguir, más aún de condenar y cuando pasa esto, son muy fáciles de indultar. Con gran diferencia, proporcionalmente, los delitos vinculados a corrupción son los más indultados en nuestro país. Llegan a multiplicar los indultos por 11 al resto de delitos. La percepción que se lleva al ciudadanía es la impunidad. Cuesta localizar los hechos, los procedimientos son inacabables, las condenas son bajas y luego se indultan a los condenados. Creo que no debemos minimizar ni justificar la gravedad de todo lo que ocurrió en el caso de los ERE porque hay dos sentencias que consideran probado que Griñán cometió esos delitos y creo que la condena debe ejecutarse. Otra cuestión es que por razones de salud, como cualquier otra persona, por enfermedad grave o avanzada edad, me parece lógico que Griñán tenga el mismo trato que otro en su situación. No debe tener ni un trato de favor ni un ensañamiento porque haya cometido un delito concreto. Si los médicos forenses y el tribunal consideran que es extremadamente gravoso para su salud el ingreso en prisión, me parecería una decisión óptima.

¿Y qué cree que hará el Gobierno, o el coste político puede ser muy grande de cara a las elecciones municipales de mayo?

No me atrevo a hacer un pronóstico de lo que puede hacer el Gobierno en el caso de un posible indulto a Griñán, pero pienso que se enviaría un mensaje peligroso a la sociedad: por un lado, se endurecen las penas contra marginados sociales de pequeños delitos contra la propiedad y, al mismo tiempo, se rebajan las penas por malversación y se aprueban indultos para condenados por corrupción. Da la imagen de que el sistema legal tienes dos varas de medir y que en nuestro país es rentable perpetrar conductas relacionadas con la corrupción.

¿La figura del indulto no debería blindarse para unos condenados específicos?

Se podría reflexionar sobre una reforma en ese sentido. Creo que el indulto es una figura que debe mantenerse para aquellos casos en los que haya equidad y razones de interés público que lo justifiquen, pero estas deben existir. No basta con que el Gobierno considere que debe indultar a alguien porque crea que la sentencia es injusta, ya que dejaríamos en papel mojado toda la actividad judicial, o porque alguien sea compañero de partido o porque se considere que es una buena persona. Las sentencias judiciales no juzgan que alguien sea bueno o malo, sino que si actos concretos encajan en el Código Penal. Hay casos muy claros de indulto, como un chaval joven de 18 años que por inexperiencia se ha visto implicado en temas de tráfico de drogas, pasan 10 años y por la lentitud del sistema judicial puede ser un rigor excesivo y desproporcionado ejecutar la pena si la conducta no es especialmente grave. En el caso de Griñán no veo razones de interés público, más bien todo lo contrario. El interés público es demostrar que la corrupción causa un grave daño a nuestro país.

En España, las prácticas corruptas son muy difíciles de detectar, de perseguir y de condenar

Hablabas antes del CIS y de lo que preocupa la corrupción a los españoles, pero recientemente ha sido público el primero de 2023 y aunque este problema sube un poco, se sitúa aún en la décimo segunda posición.

Hemos avanzado en percepción crítica de la corrupción, pero está claro que debemos continuar. Esa naturalización y resignación de lo que ocurre es un elemento peligroso porque favorece la corrupción. Creo que en lugar de resignarse, lo que hay que hacer es indignarse. Lo cierto es que no hay día en que no conozcamos un nuevo caso de corrupción. En el Ayuntamiento de Córdoba, sin ir más lejos, hay una causa abierta y tendremos que ver hasta dónde llegan las actuaciones judiciales. En nuestro país tenemos condenados, imputados o en prisión provisional en casi todos los territorios autonómicos que han sido presidentes, consejeros, presidentes de Diputaciones, alcaldes y concejales. Esto no tiene equivalentes en ningún país de la Europa democrática. La corrupción política en España no tiene equivalentes ni en Nápoles ni en Sicilia. Tenemos unos niveles de exteriorización judicial que no tienen parangón. La singularidad de España es la tremenda corrupción en el ámbito político que, aunque hayamos asimilado como normal, no lo es.

¿Qué lleva al electorado a seguir votando a personas relacionadas con la corrupción, como el presidente del Cabildo de Lanzarote?

Efectivamente. En el libro reflexiono sobre una idea que es la del electorado corrupto. Creo que en unas elecciones generales influyen muchas variables y no se puede decir que alguien por votar a un determinado partido es un votante corrupto, pero en poblaciones medias todo el mundo se conoce y todos sabemos de muchas poblaciones en las que sus ciudadanos saben que su alcalde es un corrupto aunque no esté condenado y han seguido apoyándoles y haciendo que revalidara su continuidad en el cargo. El caso del Ayuntamiento de Marbella es especialmente conocido. Esto se produce porque quienes votan piensan que pueden conseguir beneficios personales por las redes clientelares que genera la corrupción y en otros, implemente, lo hacen porque no le dan a la corrupción la importancia que realmente tiene y consideran que aunque roben, si hacen otras cosas, pues bueno.

Que roben los míos.

Exactamente, que roben los míos, que tampoco es tan grave. Esto nos demuestra que no solamente hay sectores de la sociedad que han naturalizado la corrupción, sino que hay otros que la aplauden y la votan. Esto nos debe llevar a una reflexión sobre medidas de vertebración de infraestructuras éticas y de discursos públicos para acabar disolviendo estas concepciones del electorado corrupto.

¿La naturalización de la corrupción también entiende de clases sociales?

No conozco estudios en ese sentido. Sí puede haber un sesgo de clase social, pero es cierto que, sin hacer una valoración sobre si es posible o no, en nuestro país hemos tenido unas élites empresariales que en el franquismo ya experimentaron enormes connivencias con el régimen que acabaron en tramas de corrupción y esto ha continuado en democracia. En gran parte de los casos de corrupción, en los hechos probados vemos algunas de las principales empresas del país y esto implica que todavía en el ámbito económico no hay un rechazo frontal a estas cuestiones. Al principio de los 90, Josep Borrell era ministro de Obras Públicas y reunió en su despacho a los máximos representantes de las siete grandes empresas constructoras del país para pedirles que no siguieran pagando sobornos para quedarse con las obras públicas. Al día siguiente le contestó José María Cuevas, presidente de la CEOE, diciéndole que eso era cierto, que esas prácticas estaban generalizadas pero que era culpa de los políticos, que exigían esos sobornos. No habría corruptos si no hubiera corruptores.

En lugar de resignarse, lo que hay que hacer es indignarse

La imagen que hay en la sociedad es que las grandes empresas, como las eléctricas, influyen notablemente en lo que llega al Congreso.

Lo de las compañías eléctricas creo que iría en el ámbito de las puertas giratorias, que no son estrictamente corrupción. Se establecen relaciones peligrosas entre el mundo de la empresa y el de la política porque si un cargo político relevante, después de dejar su puesto pasa al consejo de administración de una de las principales empresas del país con un sueldo astronómico y sin ninguna experiencia previa profesional o empresarial que lo justifique, hay dos preguntas: si ese cargo público ha podido favorecer a la empresa cuando ejercía el cargo para que lo premien y si luego no va a utilizar esas relaciones personales para defender los intereses privados de quien le paga por encima del interés general. Las puertas giratorias pueden favorecer la corrupción y por eso en el libro explico que es necesario regularlas. Esta fue otra dinámica muy habitual durante el franquismo ya que el salto entre la política y la gran empresa era continuo. El 40% de los presidentes del Gobierno y ministros de la democracia han pasado por la puerta giratoria. Son porcentajes altos y por los que hay que preocuparse.

¿En esto también somos únicos en Europa?

Somos una excepción en algunos aspectos de su regulación y también en la práctica. Cuando en algunos países ha habido casos puntuales, como en Francia o Alemania, ha generado una auténtica conmoción social y enormes críticas, mientras que en España el político que no va a una puerta giratoria parece que ha sido un ingenuo prácticamente.

¿Se está haciendo algo por que haya más recursos para la judicatura?

Sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático. Ya Roosevelt dijo que en política casi nada pasa por casualidad. Puede haber un año malo económicamente o una legislatura complicada, pero cuando pasan años de legislaturas y todo sigue igual, es para preocuparse. Además, esta falta de recursos no afecta por igual a causas sencillas que a casos complejos como los de corrupción o los económicos. Es conocido que el sistema judicial funciona con cierta eficiencia en causas sin tanta entidad penal, pero se atasca y las causas duran muchos años en los más grandes. Perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes, lo digo a menudo. Tienen más medios las tramas corruptas para eludir la acción de la justicia que los que tenemos los jueces para poder perseguirlas. Cuentan con instrumentos de ingeniería financiera, con tramas de testaferros, con empresas pantalla, con circuitos para canalizar los beneficios de la corrupción, los paraísos fiscales…Ahí, el tiempo y la respuesta son muy importantes. Cuando los jueces instructores damos las primeras patadas, el dinero casi se ha volatilizado.

¿Hace falta un espectro parlamentario más de derecha o de izquierda para que se den más recursos?

Pienso que la justicia es un elemento importante de nuestra sociedad porque otorga elementos de protección y creo que un discurso político más vinculado a la defensa del estado social debe aportar más recursos públicos a la justicia. Pero, al mismo tiempo, es cierto que se han sucedido los distintos gobiernos y no se ha visto nunca un gran interés por hacer una reforma que suponga una gran inversión y modernice nuestro sistema judicial tal y como ha ocurrido con otros organismos públicos. En el presente no vemos iniciativas para que esto sea posible. Además, con una singularidad: hay servicios públicos en los que electoral y socialmente es más rentable invertir. Es obvio que tener una buena sanidad, mejores escuelas, inaugurar dotaciones públicas deportivas es muy bien recibido por la sociedad, pero la ciudadanía no acaba de entender la importancia de tener un buen sistema judicial y no valora tanto esas inversiones. Creo que, a veces, si los políticos tienen que priorizar, también favorecen que se ignore la necesidad de dar recursos a la justicia. Tampoco podemos olvidar que una mejora de nuestro estado judicial haría que la corrupción se persiguiera en plazos más cortos y de manera más eficaz. Es lógico preguntarse si en el ámbito político todo el mundo está de acuerdo en que sea así.

No solo se ha naturalizado la corrupción, sino que se aplaude y se vota

Son varios los casos de corrupción que son denunciados por quienes formaban parte de la trama. ¿Esta suele ser la tónica habitual?

La corrupción es tremendamente difícil de detectar. Cuando he comentado la reunión de Borrell, ¿cuántos de esos casos llegan a los tribunales? En los pequeños delitos contra la propiedad, como hurtos o robos, el 90% de los autores nunca es descubierto. Sería una ingenuidad pensar que en la corrupción no pasa igual o peor cuando además cuentan con grandes profesionales de la ocultación financiera. Lo que llega a los juzgados es la punta del iceberg y además a menudo no es tanto por investigaciones policiales o judiciales que comienzan la apertura de procedimiento sino porque, o bien se dejan rastros por el camino o muy comúnmente porque hay disensiones internas entre los miembros de la trama y eso provoca que haya filtraciones. Incluso, a menudo, se produce por fuego amigo de los partidos políticos.

En el libro habla también de la ética. ¿La administración lo pone muy fácil para llevar a cabo determinadas corruptelas?

Pienso que hay dos espacios de crecimiento institucional relevantes para aproximarnos a las democracias más avanzadas y son el de la transparencia y el de las infraestructuras éticas. Es importante crecer en transparencia porque la luz del sol siempre es el mejor desinfectante. Las paredes de las tesorerías de los partidos políticas, históricamente muy vinculadas a casos de corrupción, y las de las instituciones públicas deben ser de cristal. Debemos saber cómo se gestiona y cómo se gasta el dinero público y el de los partidos. Por otro lado, es muy importante vertebrar infraestructuras éticas que favorezcan conductas virtuosas. Hay políticos que se burlan de esto y dicen que esto es hacer buenismo, pero las democracias más avanzadas nos demuestran que no es así. Hay que crear códigos éticos en el funcionamiento de las administraciones que vayan acuñando conductas moralmente positivas porque no podemos confiar únicamente en el miedo a la consecuencia penal. Eso es muy peligroso porque si solo existe ese temor, quien sabe que no lo van a pillar se implicará en casos de corrupción. Es mucho más importante que el político y los cargos públicos actúen honestamente porque crean que deben hacerlo y la repetición de rutinas y buenas prácticas acaba generando también conductas favorables que son preventivas contra la corrupción.

Parece que lo que no está escrito en el Código Penal no debe tener consecuencias desde el punto de vista ético.

Efectivamente. Además, es inaceptable que los partidos políticos digan que un cargo público no dimite hasta que no sea condenado en sentencia firme. Cuando es condenado, el político no dimite, sino que es la sentencia y el juez quien la dicta quienes le echan, pero eso no es una dimisión. Una cosa es la responsabilidad penal y otra, la política. Hay muchas conductas que pueden no ser delito y son impropias de la ejemplaridad de un cargo público. Cuando se incurren en este tipo de conductas, un político nunca debería seguir en su cargo. Incluso, la presunción de inocencia no está prevista para el ámbito político y sí en el judicial. Un político puede no declarar ante un órgano judicial y no dar ninguna explicación porque tiene ese derecho pero ante la sociedad, cuando hay acusaciones y sospechas de corrupción, un político no puede decir que no da explicaciones, no puede decir que no tiene por qué aclarar nada. Ahí hay una presunción de culpabilidad hasta que no se desvirtúen esas acusaciones. Un político no puede estar sometido a un proceso penal, guardar silencio para protegerse y, al mismo tiempo, no explicar a la sociedad. En los casos en los que el político opta por no dar explicaciones, lo lógico es que deje su cargo para favorecer la honorabilidad de las instituciones.

¿Cuándo debe dimitir un político?

El momento en que es recomendable que un cargo político deje su puesto es cuando se incoa el procedimiento abreviado, que es el final de la instrucción. En ese momento se han practicado todas las diligencias y un órgano judicial independiente e imparcial considera que hay indicios de delito y que hay que celebrar un juicio. Aunque es cierto que luego puede ser absuelto, creo que ponderando el daño a las instituciones públicas y el cargo, lo proporcionado es que lo deje. Es una forma de proteger la credibilidad de las instituciones. Desde el minuto uno en el que un cargo es imputado, si hay hechos muy claros que muestran una conducta poco honorable, sea o no sea delito, el político debe dimitir y el partido no debería ampararse en que la causa acaba de empezar. Si hay datos objetivos que demuestren que un político está implicado en casos de corrupción, no hay que esperar a la sentencia ni a la incoación de procedimiento abreviado, incluso aunque no haya aún una causa abierta.

Un político no puede decir que no da explicaciones cuando hay sospechas de corrupción

En el Ayuntamiento de Córdoba hay actualmente un concejal involucrado en una trama de corrupción que no ha dimitido y tampoco ha sido cesado por el alcalde, por ejemplo.

No me atrevo a hablar de un caso que está con el procedimiento judicial abierto. Creo que hay que respetar la presunción de inocencia pero debemos valorar que hay una investigación judicial que dice que hay indicios de graves irregularidades en el Ayuntamiento y de posibles abusos de poder. Los responsables políticos, que son los que tienen acceso más directo a cómo funciona el Ayuntamiento, son los que deben hacer una valoración de si mantenerse en el cargo un político que está implicado en actuaciones judiciales puede dañar la honorabilidad de la institución o si no hay suficientes elementos todavía.

Hay otro tema que aborda en el libro y es la corrupción administrativa. ¿Para que un político se corrompa es necesaria la colaboración de un funcionario?

A ver (risas). En algunos casos está claro que hace falta la colaboración de funcionarios, pero a mí me ha intrigado todavía más otro fenómeno: cómo es posible que en este país se haya movido miles de millones de euros en corrupción sin que prácticamente hayan saltado alarmas internas en la administración. ¿Es realista pensar que todo ese dinero se ha movido sin que nadie se haya enterado? Creo que no. Parece que es evidente que en todos los casos de corrupción había funcionarios públicos que sabían lo que estaba pasando pero que no hablaron, y es obligatorio preguntarse por qué. Mi respuesta es que hay dos problemas que explican ese silencio: la falta de protección a los denunciantes de corrupción y la forma en la que está diseñada la carrera judicial. Sobre lo primero, los que se han atrevido a denunciar han sufrido tremendas represalias y en muchos casos les ha cambiado la vida. Hay una directiva europea que obligaba a España a tener una ley de protección de denunciantes de corrupción en diciembre de 2021. Estamos en 2023 y veremos cuándo tenemos esa ley. En corrupción, en este país siempre vamos tarde y mal. Por otro lado, me parece que hay que meditar cómo está perfilada la carrera funcionarial en la que tanto la promoción profesional como buena parte del salario dependen del cargo político que puede verse implicado en casos de corrupción. Tener que denunciar a quien te puede dañar a nivel profesional y económico, tal y como están configuradas las instituciones, es una cuestión complicada. Deberíamos reflexionar sobre cuáles son las soluciones porque me parece claro que no es normal ese silencio abrumador de los empleados públicos. Creo que en muchos casos no es por complicidad sino por miedo a denunciar. Yo he tenido corrupción funcionarial y policial, pero mucho más política en todos los destinos por los que he pasado. Llevo 20 años como juez instructor y he tratado casos de corrupción en casi todos los partidos políticos.

¿Es distinta la actitud de un político que la de un funcionario que declaran en instrucción por un caso de corrupción?

No veo grandes diferencias pero lo que sí veo es que en los casos de corrupción hay un enorme nivel de preparación de los investigados y con estrategias de defensa muy meditadas, con capacidad de generar un discurso probatorio que intente desvirtuar una posible acusación.

Mediáticamente, ¿se castiga más la corrupción de la derecha y electoralmente, la de la izquierda?

Sería interesante que hubiera estudios sobre eso. Hay una percepción social de que los sectores progresistas son más exigentes moralmente y que castigan más la corrupción. No me atrevería a decir que todos los sectores conservadores son más permisivos con la corrupción, pero sí creo que hay sectores conservadores de nuestro país, y muy impregnados del franquismo sociológico, que sí son más permisivos con la corrupción. Consideran que no es tan grave, que es lógico y que puede engrasar el sistema económico. Esos discursos los he escuchado y se da en muchos países latinoamericanos.

La inviolabilidad del Rey es un comodín para poder delinquir

¿La inviolabilidad del Rey es carta blanca para delinquir?

Es un comodín para poder delinquir y puede provocar impunidad en actos corruptos. Si no hay ninguna respuesta penal ni exigencia de responsabilidad… Creo que todas las instituciones del país deberían actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones. En una república o una monarquía parlamentaria, el jefe de Estado debe explicar cualquier cuestión que deba serlo. Los presupuestos de la Casa Real deben ejecutarse con transparencia como cualquier cargo público. Parte de esas insuficiencias institucionales explican todos los escándalos que han rodeado a la vida del Rey emérito. La figura de la inviolabilidad debería revisarse.

¿Y los aforamientos?

Si nos fijamos, muchas de las figuras institucionales más relevantes acuñadas en la Transición se han orientado en la línea más favorable a la corrupción: los aforamientos, la inviolabilidad del jefe del Estado, los indultos… Los aforamientos suponen que gran parte de los políticos de nuestro país tengan tribunales especiales para políticos, que en lugar de juzgarle el juez ordinario que le tocaría a cualquier persona, les juzga el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior autonómico, que están muy expuestos a las posibles injerencias políticas. Esto explica la enorme batalla campal partidística por el control del Consejo General Judicial, que es el que nombra a los jueces de los grandes tribunales. Si no hubiera tribunales especiales a través de los aforamientos, no habría esas tremendas presiones para ocupar los cargos de esos jueces. Esto no ocurre en ningún otro país y es otra figura que se tendría que revisar porque no facilita la lucha contra la corrupción y nos lo han reprochado también organismos internacionales. Las asociaciones judiciales además no somos muy escuchadas. Tenemos un país con unas concepciones políticas en los principales partidos en las que no se cree en la importancia de un sistema de contrapesos. El poder político controla el Gobierno y el Parlamento y es peligroso que también controle la cúpula judicial y todos los organismos que tienen que servir de contrapeso, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo…

¿En qué punto se encuentra la corrupción judicial en España?

Está en niveles bajos comparada con la política. Hace poco entró en prisión el juez Salvador Alba que para mí es un claro ejemplo de abuso de poder para beneficiar en un ámbito que no es el público. En Marbella hay otra pena a otro juez y también se ha condenado a un miembro del Consejero General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill.

Perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes

Durante la carrera de Derecho, ¿le hablaron de la corrupción?

La verdad es que no. Ha sido más una inquietud personal que he ido desarrollando porque percibía ese gravísimo daño al sistema democrático, a las instituciones y a la calidad de vida de la ciudadanía. A día de hoy no me consta que se trate la corrupción en las facultades y me parece que académicamente merece mucho poner el foco.

En 2015 y en 2018 rechazó entrar en política. ¿Por qué?

Yo me siento muy cómodo trabajando en el juzgado, intentando tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía y que funcione el sistema público de justicia, lo que me permite independencia de criterio. Si me hubiera implicado en la política partidista, es evidente que un libro como este tendría menos credibilidad. Además pienso que hay mucha gente que quiere dedicarse a la política y me parece necesario. Donde no hay políticos, hay dictadores. En el ámbito de la judicatura creo que puedo realizar más actuaciones para la sociedad.

Ya por último: ¿No hay cierta inseguridad social con que una ley, como la de solo sí es sí, esté sujeta a la interpretación del magistrado?

Esto ha pasado siempre que ha habido grandes reformas penales. Es decir, siempre se ha tenido que analizar si la nueva norma es más beneficiosa para una persona condenada. No hay que perder la calma, aunque es cierto que se ha generado mucha crispación en el ámbito político, pero en el jurídico son discrepancias normales. Tenemos que esperar a que el Supremo genere una doctrina jurisprudencial. Me quedaría con los aspectos más valiosos de la reforma: busca una visión integral de protección de las víctimas con muchos más servicios a su alcance, medidas de actuación jurídicas, prestaciones asistenciales y una revisión de conjunto del Código Penal. Creo que era importante una ley integral y hay que esperar a que los órganos judiciales acaben solucionando las discrepancias. Es un error pensar que las condenas, cuanto más duras sean, es mejor para la protección de las víctimas. Eso no es cierto y quien lo afirme debe demostrarlo criminológicamente. Países que tienen penas durísimas como EEUU tienen niveles de delincuencia mucho más altos que nosotros y países como Dinamarca, con una respuesta penal menos elevada que la española, tienen una delincuencia más baja. La delincuencia no baja con penas más duras, sino con una combinación de una respuesta penal adecuada y con mecanismos de intervención social. Está mucho más segura una mujer en Copenhague con penas más bajas que una mujer en Córdoba o en Nueva York. No hay que dejarse engañar por el discurso del autoritarismo penal de que cualquier reducción de pena supone un retroceso.

En todos los casos de corrupción hay funcionarios que sabían lo que estaba pasando pero que no hablaron