Eduardo Ranz: “Incumplir la ley de la Memoria Histórica sale gratis”

https://youtu. be/38PIIU0-iko

Eduardo Ranz (Madrid, 1984) es un abogado memorialista que tiene cabreados a más de 400 ayuntamientos de toda España que a su juicio no están cumpliendo con la ley de Memoria Histórica, aprobada hace ahora una década. Está en Córdoba con la Asociación Dejadnos Llorar, que busca reparación para las víctimas del franquismo en la provincia.

Pese a su juventud, Ranz acumula ya un largo expediente en una lucha que libra sin cuartel y que parece obvia: que se cumpla la ley de la Memoria Histórica. Ha iniciado demandas, ha firmado derechos de petición, ha colaborado con forenses como Francisco Exteberria y, sobre todo, ha logrado la primera sentencia favorable para que se exhumen los restos del Valle de los Caídos, el gran símbolo de la represión franquista y donde reposa el propio dictador junto a 33.000 muertos más.

La entrevista se desarrolla en el cementerio de la Salud de Córdoba, a metros del lugar en el que desde hace ochenta años reposan los cadáveres de miles de cordobeses fusilados. Y a poca distancia, también, de donde están debidamente enterrados e identificados los militares cordobeses que también cayeron en la Guerra Civil, pero en el bando franquista. Un mismo lugar, dos realidades, que puede cambiar si prospera su demanda al Ayuntamiento de Córdoba en las próximas semanas.

PREGUNTA. Aquí, ante la enorme fosa común del cementerio de la Salud, en la que se calcula que hay al menos 2.000 cordobeses represaliados en la Guerra Civil (en San Rafael habrá otros tantos), le pregunto: ¿Se excavará y exhumará alguna vez?

RESPUESTA. Según el Ministerio de Justicia, la fosa existe. Pero están sin identificar las personas. Hasta que no haya una autorización u orden de exhumación y un forense decrete la identidad de estas personas, por un lado, la herida no se cerrará, y por otro lado, no se habrá obtenido ni justicia ni reparación. Por tanto estamos en manos de esta autorización u orden ya sea administrativa o judicial.

P. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué puede hacer un abogado como usted, prácticamente solo aunque con el aliento de muchas asociaciones de víctimas detrás?

R. Las asociaciones de víctimas o familias aisladas piden lo obvio, que es el derecho a dar digna sepultura a sus padres o a sus abuelos. En definitiva, a reencontrarse con sus seres queridos. Un abogado o abogada lo que puede hacer es activar el mecanismo para ejecutar una ley que por otro lado lleva diez años en vigor y que debería tener aplicación automática.

Hasta que no haya una exhumación y un forense decrete la identidad de esas personas no habrá reparación

P. Pregunta obvia. ¿Por qué no se aplica la ley?

R. No se aplica por determinados alcaldes y alcaldesas. Me refiero al ámbito nacional, no a Andalucía. La propia ley no prevé una sanción en caso de incumplimiento ni remite a otra ley. Por tanto, este incumplimiento a los alcaldes, alcaldesas, obispos y arzobispos les sale gratis. Esperamos que se corrija con la ley de Memoria Democrática de Andalucía.

P. ¿Qué sanción prevé la ley andaluza por no acatarla? ¿Qué se juega un alcalde? ¿Prevaricación?

R. No, las sanciones son económicas y administrativas. No son penales.

P. La pagaría el Ayuntamiento, la administración. Es decir, incumplir la ley nos obligaría a los ciudadanos a pagar.

R. Efectivamente, la sanción sería para el Ayuntamiento, que puede ser incluso de 150.000 euros según está previsto. Sí, en caso de una personación judicial, etcétera, etcétera, serían los vecinos los que pagasen. Otra cosa es que haya una sentencia en firme que condene al Ayuntamiento a exhumar. En ese caso, si el alcalde o alcaldesa decide incumplirla sí que se enfrentaría a un delito de desobediencia a título particular, con nombres y apellidos. Pero para esta segunda parte hace falta un procedimiento judicial.

En el Valle de los Caídos hay una sentencia que ni Patrimonio Nacional ni el Gobierno han cumplido: es una burla a las víctimas

P. ¿Qué problemas se está encontrando con la magistratura? Hay sentencias contradictorias y otras que no se cumplen o no se obligan a cumplirse. Ahí está el caso del Valle de los Caídos.

R. En el Valle de los Caídos hay una sentencia en firme que ordena o autoriza a exhumar. Esa sentencia tiene ya un año. Hasta la fecha, Patrimonio Nacional e incluso el Gobierno nacional no la ha cumplido. Y aquí no dimite nadie, nadie se hace responsable, etcétera, etcétera. Mientras tanto, las víctimas del franquismo siguen sin obtener reparación y una familia de Calatayud que tiene una sentencia en firme sigue recibiendo el más omiso de los casos, lo cual es una burla a las víctimas y al sistema del Estado de Derecho.

P. Víctimas que además se mueren, para las que el paso del tiempo es dramático.

R. De la sentencia en firme del Valle de los Caídos ha pasado un año. La nieta tiene 55 años. Un año más no le supone un especial problema. Aunque cuidado, Patrimonio no nos está haciendo ningún favor, porque se trata de cumplir una ley. Pero un año más no le supone un especial problema. En cambio, el hijo, que es el padre de la demandante, tiene 92 años: un año más sí supone un problema.

P. Puede ser que no vea cumplido el sueño de su vida...

R. ... enterrar a su padre. Recuperar sus restos, que los sueños se conviertan en derechos. Esta familia en concreto ha estado llevando flores durante 60 años a una fosa sin que ahí estuviera su padre, porque su padre fue secuestrado y desplazado al Valle de los Caídos, por supuesto sin autorización ni siquiera información.

P. Es usted un abogado profesional y usa un discurso jurídico. Pero en este asunto hay muchos sentimientos. No sé si influyen a la hora de firmar sus escritos, si le lleva a ir más allá de lo que se puede lograr.

R. El trabajo del abogado siempre es parcial. El imparcial es el juez, que está por encima de las partes. Un abogado tiene que fundamentar una demanda, una denuncia, una querella o un recurso en base a lo que le encarguen sus clientes, sus representados, ya estemos hablando de memoria histórica o de violencia de género, que también represento a víctimas de violencia machista. En cuyo caso lo que no se puede hacer es prometer cosas imposibles. Lo que hago tanto a título particular como con las personas o asociaciones a las que represento lo hago sabiendo hasta dónde podemos llegar y con una fundamentación legal y argumentos razonables, no pidiendo lo imposible.

Las víctimas sienten que si no fueran del franquismo la respuesta del Estado y la sociedad habría sido diferente

P. ¿Hasta dónde se puede llegar?

R. Pues hasta que no haya una buena legislación, una partida presupuestaria y un acceso a archivos pasarán otros 40 años de democracia y seguiremos sin resolver este problema. Es tan sencillo como si ahora que ha sido hace poco el 11-M dentro de 40 años una víctima del terrorismo islámico reivindica sus derechos y le dicen que si esto es reabrir heridas, que si ha pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Nos parecería absolutamente ridículo. En cambio, que se le diga a una víctima del franquismo es algo que ya ha asumido cierto sector de la sociedad, que en ningún caso justifica lo ocurrido.

P. Hay víctimas de primera y parece que las del franquismo son de segunda.

R. Son víctimas que hasta la fecha no han visto amparadas sus peticiones ni en juzgados ni en tribunales ni en determinados ayuntamientos, y por desgracia ellas sienten que si fueran otra clase de víctimas la respuesta por parte del Estado y la sociedad habría sido diferente.

España es un Estado, es un país avanzado en según qué leyes. Sin embargo, en materia de derechos humanos, no digamos ya de memoria histórica, estamos muy muy atrasados

P. Con la ley actual en la mano, ¿hasta dónde se puede llegar? Está la sentencia del Valle de los Caídos y hay ayuntamientos que están incluso exhumando. Pero parece que se complica en otros. De hecho, es como si la memoria histórica hubiera salido ya de la agenda de prácticamente todos los partidos políticos.

R. Sí, hay un problema de voluntad política clarísimo. Al principio -te estoy hablando de hace cuatro o cinco años-, para exhumar nos pedían un procedimiento judicial, después una demanda, después una sentencia, después una sentencia en firme. Y ahora que ha pasado todo eso que es que ha pasado mucho tiempo. Oiga, ¿qué broma es esta? Usted se está riendo del Estado de Derecho, del sistema judicial y de las víctimas del franquismo particularmente. España es un Estado, es un país avanzado en según qué leyes. Sin embargo, en materia de derechos humanos, no digamos ya de memoria histórica, estamos muy muy atrasados. Esto es contrario a cualquier sistema de valores democráticos y a cualquier sentimiento que tenga que ver con la legalidad y con la justicia.

El País Vasco y Navarra no están al igual que el resto de España en materia de exhumación

P. Vino la ONU y le tiró a España de las orejas con un informe que parece que ha pasado con más pena que gloria. También es curioso que un informe de la ONU no sea de obligado cumplimiento.

R. Ese informe tiene el problema que no tiene fuerza vinculante. Esto ha provocado que el Gobierno haga el más omiso de los casos, por decirlo de alguna manera. El año que viene el relator parece que va a volver y seguramente hará otro informe poniéndonos a parir. A mí me daría vergüenza. Con todo ello también hay que ser justos y hacer una separación. El País Vasco y Navarra no están al igual que el resto de España en materia de exhumación. Han tenido una ley propia, han hecho un trabajo, tienen un Instituto Forense, la sociedad Aranzadi, el doctor Francisco Etxeberria y Errasti, que en un año o dos años seguramente hayan exhumado a todas las víctimas del franquismo del País Vasco y Navarra. Por lo tanto, hay que diferenciar eso. Pero efectivamente esto de que a un Gobierno le tiren de las orejas y haga el más omiso de los casos es impresentable.

P. No sabía lo del País Vasco.

R. Y Navarra.

P. No sé si tiene algo que ver con una especial sensibilización con el horror reciente del terrorismo y la cantidad de víctimas que ha dejado, con tener que repararlas.

R. Además de tener unas prácticas forenses que son anteriores, el instituto Aranzadi va a cumplir ahora 100 años, aparte de tener unos medios, hay una implicación política, de partidos, que han dado financiación, que han buscado a chicos y chicas que trabajen a pie de fosa, en unas condiciones que habría que regularizar, habría que darles una Seguridad Social, una cotización, un seguro privado... Estos chicos duermen en tiendas de campaña, se levantan a las 5 de la mañana para aprovechar la luz, en invierno trabajan en laboratorio... y a mi juicio la sociedad no ha sido todo lo justo que debía con este tipo de profesionales, que lo son y que se merecen todo el conocimiento.

La verdadera memoria histórica se vive en los pueblos y no en las ciudades

P. ¿Cómo lo ha hecho Eduardo Ranz para tener cabreados a más de 400 ayuntamientos?

R. (Risas) Pues salió solo, la verdad. El tema de los ayuntamientos empezó en febrero del año 2015 coincidiendo con la fecha de la I República. El 14 de abril es la segunda, el 11 de febrero es la primera. Ahí fuimos contra 27 ayuntamientos. Cual fue mi sorpresa cuando ese mismo día la centralita del despacho se colapsó de ciudadanos anónimos, asociaciones, periodistas, radios de toda España... Unos días después comprendí que la verdadera memoria histórica se vive en los pueblos y no en las ciudades. Después vino el 14 de abril, que ampliamos a las comunidades autónomas, después vino el 18 de julio, que ampliamos al Vaticano, obispos y arzobispos. Y los siguientes trabajos han sido a partir de informaciones ciudadanas, que hay que decir que el criterio que hemos utilizado es absolutamente genérico. Me explico: avenida 18 de julio, General Franco, José Antonio, General Yagüe, etcétera, etcétera. Si aplicáramos un criterio local, gobernadores civiles, militares, seguramente esta cifra [la de demandas a ayuntamientos] se multiplicaría por cinco o por seis.

Mantener honores y distinciones no solo a Utrera Molina, sino a Franco o a José Antonio vulnera el Código Civil, que es algo bastante anterior a la Ley de la Memoria Histórica

P. Aquí en Córdoba el Ayuntamiento sigue manteniendo como hijos predilectos de la ciudad a los militares golpistas de 1936.

R. Ese es otro problema, porque lo hemos hecho ahora en Málaga, Sevilla y Nerja. Yo mismo he presentado los derechos de petición para que se retiren los honores y distinciones a Utrera Molina [el ministro franquista recientemente fallecido], y al Consejo de Ministros, la semana pasada. Pero es que los honores y distinciones, según el Código Civil, son vitalicios, se terminan con la vida. En el momento en el que hay fallecimiento se deben retirar por la institución que los otorgó. Por tanto, mantener honores y distinciones no solo a Utrera Molina, sino a Franco o a José Antonio vulnera el Código Civil, que es algo bastante anterior a la Ley de la Memoria Histórica. En estos casos hay que ponerse en el contexto, en un contexto en el que prácticamente nos habían echado de Europa pues cualquier ayuntamiento que hacía hijo predilecto a Franco o a cualquier otro miembro que simboliza la exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura inmediatamente recibía una subvención. No vamos a llamarlo de otra manera. Y aquí hay un problema de archivos: muchos municipios no saben que tienen de alcaldes honoríficos a este tipo de personas. Aunque hay un caso de un municipio en la Comunidad Valenciana en el que el mismo alcalde presume que su alcalde es Franco. Es verdad que hay un problema de acceso a archivos, pero también hay una clara voluntad que incumple, ya digo, todo el Código Civil que es bastante anterior a la ley de la Memoria Histórica.

La primera obligación que tiene el Ayuntamiento es elaborar un catálogo de vestigios

P. Sí, sí. En el caso de Córdoba se ha creado una comisión de memoria histórica que va a estudiar todos estos casos. Incluso el del callejero cordobés, que es cierto que mantiene nombres que ni siquiera los propios ciudadanos saben que pueden ser franquistas. Aquí, junto al cementerio de la Salud, está la avenida del Conde de Vallellano. No sé hasta qué punto merece la pena cambiarle el nombre. Me explico: en la memoria colectiva de la ciudad la avenida del Conde de Vallellano carece de significado, nadie sabe que se trataba de un ministro de Obras Públicas franquista.

R. Pues en la misma avenida de la que hablamos, en el número 4, hay una placa del Ministerio de la Vivienda con el símbolo de Falange Española. La primera obligación que tiene el Ayuntamiento es elaborar un catálogo de vestigios, en el que se tiene que incluir por ejemplo esta placa de Falange, o esta calle u otras muchas. Después hemos presentado en el Congreso de los Diputados una ILP [Iniciativa Legislativa Popular] de memoria histórica que le proponíamos a las comunidades autónomas hace dos años. Ahí pedimos que se cree una comisión de expertos en la cual no haya ni un solo político, ni un solo abogado, ni un solo periodista, sino estrictamente historiadores que determinen efectivamente la vinculación de ese profesional con el franquismo. Una vez que esté ese informe hecho que se dé traslado a los ayuntamientos para que sean ellos, los titulares del bien, los que retiren, modifiquen, renombren, ese tipo de simbología. Pero desde luego hace falta una colaboración de catedráticos de Universidad pública y es fundamental su función, pese a que los ayuntamientos además tienen la obligación de hacer un catálogo de vestigios. Ese es un incumplimiento de prácticamente de 500 o 600 ayuntamientos de toda España.

P. No lo consideran una prioridad, imagino.

R. Bueno, es que lo de 'ahora no toca hacer esto' lo llevamos escuchando desde hace diez años. La ley el año que viene cumplirá diez años. Yo no sé cuándo será la prioridad, pero lo que sí sé es que llevan diez años saltándose la ley. A mí me daría vergüenza.

Si se destinara un millón de euros de los Presupuestos Generales del Estado, en diez años, diez millones de euros, la cuestión de la memoria histórica ya estaría resuelta

P. Replanteo la pregunta. Parece que los derechos humanos no son una prioridad en este país.

R. Hombre, ha tenido que venir una jueza argentina, con dos ovarios, por cierto, a recordarnos cómo se tiene que investigar el franquismo en España. O lo comentábamos antes, con la ONU. Desde luego, yo no estaría muy a gusto, yo no dormiría bien, dando prioridad a otros asuntos, a otros recortes, que con el tiempo sucedido es un problema que ya tenía que estar resuelto. Si se destinara un millón de euros de los Presupuestos Generales del Estado, en diez años, diez millones de euros, la cuestión de la memoria histórica ya estaría resuelta.

P. ¿Sólo con un millón de euros?

R. En un año un millón, en diez años, diez millones, ya tendríamos resuelta la cuestión de la memoria histórica, tanto de exhumación como de simbología. No se puede hacer todo en un año por una cuestión clara, no hay suficientes profesionales. Ya te digo: doctor Etxebarria hay uno. En el momento en el que se aplicara eso ya tendríamos resuelto el problema. La ley es de 2007 y ya estamos en 2017.

P. Me sorprende esa cifra porque uno de los argumentos que yo siempre he escuchado es que abrir la fosa común de Córdoba es muy caro, y sobre todo el proceso para identificar a todas las víctimas a través de las pruebas de ADN.

R. Sobre todo cuando no se ha hecho nada, se ha incumplido con el deber de investigación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal porque no se ha iniciado ningún trámite. Difícilmente vamos a saber cuánto cuesta algo si no lo abrimos. Y en segundo lugar, para que te hagas una idea, en el País Vasco una prueba de ADN cuesta 300 euros.

P. ¿Una sola?

R. Una sola 300 euros. De ADN.

P. Aquí hay enterradas supuestamente 4.000 personas.

R. No estamos hablando de una cifra disparatada de unos presupuestos ya sean generales de ámbito nacional o finalista de un Ayuntamiento. No estamos hablando de una cifra escandalosa. Y ya digo: la ley lleva varios en vigor. Los ayuntamientos han tenido tiempo suficiente para prever y pronosticar cómo llevar a cabo este trabajo tan digno y tan necesario.

En Madrid ha habido comisiones, pero ni una sola placa, ni un solo honor han sido retirados

P. En Córdoba ha gobernado siempre la izquierda, salvo ocho años del PP no consecutivos.

R. A mí me duele más a título personal cuando veo que el incumplimiento lo hace un partido de izquierdas. Pero eso no quiere decir que los ayuntamientos decidan qué ley se cumple o qué ley no se cumple en su municipio. Ni que los concejales tengan el poder de amnistiarse a sí mismos en las normas, ya sean de izquierdas o de derechas. La ley de memoria histórica ya lleva diez años, casi cuatro con el PSOE, casi seis con el PP, y por desgracia estamos en el mismo punto de partida.

P. Recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el cambio de su callejero. No sé si le parece suficiente.

R. Todo esto nació a raíz de un recurso de lo Contencioso Administrativo que yo le mando al Ayuntamiento de Madrid y que ahora está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. Han pasado dos años y no se ha cambiado ni una sola placa. Por tanto, insisto, me duele más la situación de Madrid por la esperanza que prometía su equipo de gobierno, que no se ha cumplido. Lo que hay es una propuesta de una comisión que ha llevado un informe a Pleno. A día de hoy se habla de unas 40 calles, pero insisto, ha habido manifestaciones, ha habido comisiones, ha habido tal, pero ni una sola placa, ni un solo honor han sido retirados.

P. Con lo fácil que es quitar una placa.

R. Son cinco minutos. Un Pleno, la aprobación y publicación con el nuevo nombre, y ya está cambiada la calle. En el caso de que el nombre del pueblo se llame así, en lugar de cinco minutos son dos, que es votar el cambio de nombre y dar traslado a la Diputación Provincial. Con lo cual que no nos cuenten que es un problema. A ver si nos han vendido que es que las placas cuestan mucho dinero. A ver si en 40 años las mismas placas con el mismo nombre no se han cambiado. Que no nos den excusas.

P. Luego tenemos el caso de ayuntamientos que han cambiado las calles y han tenido que volver a poner el nombre antiguo por sentencias judiciales.

R. Bueno, eso ha ocurrido cerca de Alicante por una cautelarísima que ha conseguido el Partido Popular. Lo único que ha hecho es enredar. Se ha aprobado en Pleno el cambio de nombre y efectivamente había una formalidad que no era correcta, un juez de lo Contencioso Administrativo, como medida cautelar, cautelarísima, ha ordenado reponer las placas, pero esas placas se acabarán quitando. Además el Ayuntamiento ha sido demandado por un partido político, ha tenido que designar abogado y seguramente procurador. Eso es usar recursos ciudadanos, además de los operarios que ponen y quitan las placas otra vez. Eso es dinero que les cuesta a los votantes de esos municipios, y lo único que han hecho ha sido retrasar algo que será inevitable de aquí a meses o a pocos años como mucho.

El PP ha derogado la ley de la memoria histórica de facto

P. El PP está bloqueando gran parte de la aplicación de la ley de la memoria histórica. ¿Por qué no la derogaron?

R. Yo pensaba que la iban a derogar, pero lo que han hecho ha sido derogarla de facto. Han cerrado la Oficina de Víctimas del Franquismo, han retirado toda ayuda o subvención destinada a exhumar, la última ayuda es del ministro Ramón Jáuregui de noviembre del año 2011. Con la mayoría abrumadora que han tenido y tienen, cualquier iniciativa ya sea de mandato queda automáticamente retirada. Por tanto, de facto la han derogado. Y eso sí, son el partido político que más cercano está al cántico del Cara al sol.

P. Hay veces que tenemos la sensación de que determinados sectores ideológicos, no vamos a poner apellidos, se sienten impunes. Vimos el entierro de Utrera Molina donde se cantó el Cara al sol. Yo lo veía coherente. Fue un ministro de Franco. No sé si es legal desde el punto de vista de un jurista.

R. No es legal porque vulnera la ley de la memoria histórica en un acto claro de exaltación de la Guerra Civil. Por las imágenes que hemos visto parece que el cántico solo lo hace el público y vulnera la ley de la memoria histórica. Si fuera un acto de recuerdo privado, no lo vulneraría. Ejemplo: Casa Pepe. Hemos visto autobuses, la Legión, la cabra de la Legión y todos desfilando ahí. No hemos entrado en que si eso muy caro, reabrir heridas, no, ese discurso no lo hemos tenido. Y hasta se ha cerrado una carretera. En este caso, en el de Utrera Molina, hay un cántico en una vía pública que incumple la ley de memoria histórica. Pero, el problema está en contra quién dirigir esta acción, porque las personas que lo cantan no sabemos quiénes son, por qué lo cantan, de dónde dirigen esta acción. Quizás la Fiscalía debería investigar, pero probablemente no lo harán. A mi entender la circunstancia de que haya un exministro de Justicia del PP presente, no participando pero sí presente, agrava el hecho de la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

P. Un ministro que tuvo que aplicar esta ley desde Justicia.

R. Bueno, dijo que sí. Pero insisto, las últimas ayudas son del ministro Jáuregui en 2011. No se conoce recorrido ni en su Ministerio ni en ningún otro en la legislatura de Rajoy.

P. ¿Qué habría pasado si esas imágenes hubieran sido en el País Vasco, en el entierro de un etarra donde se cantara el Eusko Gudariak o algún himno de ETA?

R. Yo creo que esto fue un lunes al mediodía, me parece. Pues el lunes por la tarde estaban todos en la Audiencia Nacional. Lo creo de verdad. Lo que tardase la Guardia Civil en escoltarles desde San Sebastián, Bilbao o donde hubiese sido. En fin. Desde ahí a la Audiencia Nacional.

Nos parece desproporcionado un chiste pero nadie es enjuiciado por cantar el 'Cara al sol'

P. Sería exaltación del terrorismo y estaría bien aplicada esa ley, ¿no?

R. Sí, no digamos ya si hacen un chiste. En fin. Nos parece desproporcionado un chiste y tal, pero aquí no ocurre nada, nadie dimite, nadie es castigado, enjuiciado o sancionado. Efectivamente, si esto hubiera ocurrido en Euskadi a las cuatro o cinco horas estos autores habrían estado en la Audiencia Nacional.

P. ¿Nota presión? ¿Se siente amenazado, inseguro con esta iniciativa tan en masa?

R. No. Sí es verdad que determinados jueces con unos ingredientes toman decisiones diferentes en unos u otros juzgados. Por desgracia, hay un sector que no termina de comprender esto, pero para bien hay otro sector en el ámbito judicial que sí está a favor de los derechos humanos y de la aplicación de la ley de la memoria histórica, y afortunadamente para nosotros son los más preparados. Yo no he tenido ni una sola presión, no he tenido ningún problema de nada, los mensajes que he recibido en su mayoría han sido de afecto, de cariño, de amigos, de gente de la cultura, de compañeros de profesión y muchísima gente desconocida. Lo único que he tenido ha sido un mal susto que por desgracia lo malo destaca sobre lo bueno. Se puso en manos de la Policía Nacional e hizo un trabajo exquisito y excelente y no he vuelto a tener ningún problema.

P. ¿Se puede contar ese mal susto?

R. Pues dos mujeres ligadas a un sector muy conocido de la extrema derecha tuvieron a bien dejar un caja de excrementos en la puerta de mi despacho. Entonces, esto se abrió y sumado a mensajes amenazantes... es que llegaron a entrar en el despacho. Se puso en manos de la Policía Nacional y no hemos vuelto a tener el menor susto.

P. Menos mal. Antes no dejaban excrementos, dejaban bombas.

R. Efectivamente, la diferencia es que mientras que antes todos estábamos fuera del Estado de Derecho ahora la Policía Nacional ampara a quien tiene que amparar, que es a quien recibe el abuso.

P. En el vídeo que precede a esta entrevista te pregunto por tu acercamiento personal a la memoria histórica, a través de un reportaje de Natalia Junquera en El País, donde conoció que también en su familia hay represaliados por el franquismo.

R. Bueno, el artículo hablaba de unos maquis. Yo sabía que tenía familia fusilada en Burgos, y no más. Todos llevamos el mismo apellido. Luego a través de un diputado, otro diputado, y un investigador, me contaron una historia que está en los libros, que es que de ocho hermanos fusilan a cuatro y un quinto logra ir a un campo de concentración en Francia y exiliarse en México. Todos eran de izquierdas. Hace poco hicimos una reunión en el pueblo donde ocurrió todo esto con los descendientes, todos con distintos acentos, y ahí me pareció que la involucración pasaba a ser personal. Normalmente es a la inversa. Normalmente es a través de una experiencia personal pues uno pone sus medios a disposición de la materia de la memoria histórica. Lo mío fue al revés. Primero como abogado y después interioricé esta historia. He tenido la suerte de que todos los miembros de mi familia, de tres o cuatro generaciones, nadie ha reaccionado mal. Esto no siempre ocurre en todas las familias. Luego fue debido a un artículo de Natalia Junquera. Años después la conocí, hablé con ella y le dije: tienes la culpa de que 400 ayuntamientos estén cabreados. Le dije: si yo no hubiera leído tu artículo no habría empezado en esto y seguramente los caminos habrían sido diferentes.

La ley tiene tres apellidos: el presidente Zapatero, el juez Garzón y el doctor Etxebarria

P. Y no lo habría hecho nadie. Usted está prácticamente solo como abogado en este tipo de iniciativa.

R. Bueno, paralelamente estoy terminando la tesis doctoral sobre los procesos legales de la ley de la memoria histórica en la Universidad. A lo mejor otra persona habría hecho una tesis parecida y habría empezado a desarrollar un camino. En fin, esto nunca se sabe.

P. Es curioso que haya tenido que salir de la nada un abogado para poner en marcha todo este engranaje, que no es más que cumplir una ley estatal.

R. Bueno, creo que los tres apellidos son el presidente Zapatero, el juez Garzón y el doctor Etxebarria. Yo creo que esos tres apellidos en esas tres profesiones han sido los referentes en memoria histórica. Ellos trazaron un camino que sigue vivo, y yo he podido ayudar como abogado en ejercicio, pero eso ya estaba hecho. Luego hay otros ejemplos de los que jamás se rindieron, como es el caso del abogado Carlos Slepoy, argentino que acaba de fallecer. Él jamás se rindió. Mucho menos derecho tengo yo a rendirme.

Carlos Slepoy jamás se rindió. Mucho menos derecho tengo yo a hacerlo

P. No va a vivir para ver cumplidos algunos de sus trabajos.

R. Carlos Slepoy sí vio otros. Hablábamos mucho, yo iba mucho a su casa y a mí siempre me decía: mientras que a todos hay que animarles a ti hay que frenarte. Trabajamos mucho con la guerrilla argentina y fue una de las personas con las que tuve mucho trato. Sí vio muchas cosas avanzadas, sí vio citar a declarar a un supuesto torturador, si vio órdenes de detención a ministros en Argentina, en Chile, en tantos y tantos lugares. Jamás, jamás, jamás, pese a que sus circunstancias eran especialmente duras, perdió la sonrisa. Él no se rindió. Y ya digo, los demás no tenemos derecho.

P. Aquí en España parece muy difícil que alguna vez veamos sentado en un banquillo de los acusados a algún verdugo del franquismo. Se ha intentado todo.

R. Seguramente no lo veamos o lo veamos de una forma muy suave. Pero en ningún caso eso puede ser la excusa para no exhumar. Esto que nos han contado de que si los delitos están prescritos, que si la ley de Aministía, que si no se puede enjuiciar al culpable... bueno, eso está ahí. Pero no estamos buscando eso. Estamos buscando reencontrarnos con nuestros abuelos, nuestros padres. Por tanto, que no nos insistan en que esa excusa es lo que impide algo tan serio y tan digno como es la exhumación. Lo de la Ley de Aministía cada vez me hierve más. Esa ley tiene folio y medio. Hablamos de ella como si fuera un compendio de tratados internacionales. Y no habíamos oído hablar de ella hasta 30 años después con el proceso al juez Garzón, y ahora es la excusa para supuestos torturadores, cuando el espíritu de la ley era para que volvieran a casa exiliados y personas que estaban presas por política. Solo hubo una reforma posterior que fue para regularizar la Seguridad Social de estas personas y ya está. En ningún caso debe ser esa la interpretación para no devolver la dignidad a las personas a través de la exhumación.

P. ¿Teme que se acaben convirtiendo en restos arqueológicos los fusilados?

R. Ayer [la entrevista se realizó el miércoles] en Madrid se celebraba el 2 de mayo. Siempre es una conmemoración cargada de orgullo para los madrileños. Esperemos que esto no llegue a tanto y no tenga que venir alguien a decírnoslo. En junio habrá un acto aquí en Córdoba, donde recientemente se ha fijado la fecha, en homenaje a las víctimas del franquismo. Que no tengan que pasar 200 años para hacer un homenaje así.

No pensemos que las víctimas del bando nacional en el Valle de los Caídos están con un cristo, con los brazos cruzados y con una flor encima. Se llevarían muchas sorpresas los mismos del bando nacional si supieran cómo están

P. En España parece que la ley de la memoria histórica solo le interesa a la izquierda. Ese es un gran déficit democrático.

R. Puedo afirmar que yo he recibido llamadas y personas para que estemos juntos de familias del ámbito del bando nacional. En el momento en el que han tenido conocimiento de en qué estado están sus familiares del ámbito nacional les parece igualmente indigno. No pensemos que las víctimas del bando nacional en el Valle de los Caídos están con un cristo, con los brazos cruzados y con una flor encima. Se llevarían muchas sorpresas los mismos del bando nacional si supieran cómo están. Pero mientras que las víctimas del bando nacional siempre han sabido la cifra de fusilados... por ejemplo, en Paracuellos del Jarama el recuento lo hicieron los funcionarios republicanos, las víctimas del bando republicano jamás lo saben. Han tenido que pasar muchos años hasta el proceso del juez Garzón para que sepamos que son 114.000 de momento. Mientras que Patrimonio Nacional recibe 140 millones de euros, las víctimas del franquismo, cero. Mientras que en Paracuellos del Jarama posteriormente familias solicitaron ser enterrados con sus padres y abuelos y lo han sido, debidamente identificados con sus nombres, las víctimas del bando republicano están bajo tierra, tiradas, y con una hipótesis de una posibilidad. Por tanto, que no nos cuenten que es lo mismo. Ni de lejos. La comparativa es posible, ni mucho menos una víctima del franquismo, ni un simple demócrata podrá empatizar.

En el Valle de los Caídos, pese a que están en cajas de madera, las del bando republicano son un número y las del bando nacional son una profesión, un nombre y un apellido. Esa es la diferencia

P. ¿Cómo están las víctimas en el Valle de los Caídos?

R. Pese a que la diferencia está en que a algunas víctimas del bando nacional les informaron del desplazamiento, no así a las del bando republicano, que cogieron una pala y en dos horas llevaron los restos. Normalmente una exhumación tarda dos o tres días. Esto fueron dos horas. Esa noche por cierto hubo doble sesión de cine gratis para que la gente en la calle no viera pasar los camiones. Pese a que están en cajas de madera, las del bando republicano son un número y las del bando nacional son una profesión, un nombre y un apellido. Esa es la diferencia.

P. ¿Pero cómo están allí enterradas?

R. Enterradas no es el término. Están allí secuestradas y tiradas. Se supone que en cajas. En el bando republicano en columbarios, nichos gigantes, en cuatro criptas. Dentro de cada columbario hay seis o siete cuerpos. En el caso del bando nacional hay dos o tres. El Valle de los Caídos está más o menos en su mitad de aforo. Hay 33.000 víctimas y caben otras 33.000. En un primer momento se pensó para las víctimas del bando nacional, lo que pensaban que era la reconciliación, falangistas, fascistas y carlistas. Después, en un cierto alarde se llevaron a los republicanos. Y es así como está constituido actualmente. Actualmente solo hay cuatro víctimas identificadas, mejor dicho, cuatro personas: Franco, José Antonio y desde el año pasado los dos hermanos Lapeña. De 33.000, solo hay cuatro y los dos últimos por sentencia judicial desde hace un año. En un primer momento, el Valle de los Caídos estaba pensado para llevar a Calvo Sotelo, no a José Antonio. Se duplicó su tamaño aplicando la dinamita. Hay que ponerse en un contexto de los años cuarenta, en los que en un pueblo la gente se moría de hambre o de frío. Ese dinero podía haber sido invertido en comer, en carreteras, en educación. En vez de eso se hizo para una megalomanía de un dictador que quiso hacer un parque temático de sí mismo, que diría el periodista José María Calleja. Y una locura. Musolini está en una tumba muy discreta, Hitler no sabemos dónde está. En cambio Franco concibió eso cerca de los Reyes Católicos y a día de hoy todavía no nos hemos recuperado. Recientemente el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de trasladar, democratizar el Valle de los Caídos. Y lo ha rechazado en un proceso judicial que hemos iniciado Baltasar Garzón y yo, como abogados. No ha sido así. El Supremo ha archivado este procedimiento. Lo que nosotros pedíamos era extraer el cuerpo de Franco y la publicación de una esquela en todos los periódicos y sin apellidos, y la derogación del decreto por el que se rige el Valle de los Caídos que aún hoy está en vigor. Solo el preámbulo ya es exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, porque habla del bando vencedor sobre los vencidos, retira la identidad a los republicanos, rememora la victoria de un bando sobre otro, ambos de la misma nacionalidad. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo, salvo en el Valle de los Caídos.

El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de democratizar el Valle de los Caídos. Y lo ha rechazado

P. En ningún lugar del mundo democrático, ¿no?

R. Ni dictatorial. No hay un monumento en el mundo, salvo el Valle de los Caídos y el Arco de la Victoria en Madrid que recuerde el triunfo de los vencedores sobre los vencidos, ambos de la misma nacionalidad.

P. Sorprendente. ¿Ni en Estados Unidos con su propia Guerra Civil?

R. No hay ninguno, ninguno. Y lo curioso es que quien lo recuerda fueron los traidores que se levantaron contra la legalidad de un pueblo.

P. ¿Están pensando acudir al Tribunal de los Derechos Humanos de Europa a pedir amparo?

R. Sí, hay que llevarlo ahora al Tribunal Constitucional. Pero la primera reunión la tuvimos en septiembre del año 2015. Ya desde la primera reunión pusimos mira a Europa. Estaba claro que esto había que llevarlo seguramente a Estrasburgo. Ahora del Supremo va al Tribunal Constitucional, pero según cómo nos dé la respuesta.

Hacen falta más ejemplos que recuerden lo obvio: el derecho de una familia a enterrar a sus seres queridos donde quieran

P. Hay jueces de primera instancia e instrucción que sí que están aplicando la ley de la memoria histórica. Pero parece que hay un bloqueo en el Supremo y el Constitucional.

R. En mi opinión hay que hacer una limpia de ámbito político. Y recordar a los jueces y magistrados que su deber es ponerse a trabajar, y no mirar cuestiones formales con lupa y ver cómo se pueden escabullir. Por cierto, su deber, y su sueldo que pagamos todos los españoles, las víctimas del franquismo también, es considerar que hay unos hechos fundamentales claros. Ha habido otros ejemplos, como el caso del fiscal Miranda, el primer fiscal que en su informe recomendaba exhumar en el Valle de los Caídos. Fue a través de un procedimiento judicial que yo llevé de esta familia de Calatayud en vía penal. Pero a este fiscal lamentablemente lo destinaron a otro sitio. Hacen falta más ejemplos que recuerden lo obvio: el derecho de una familia a enterrar a sus seres queridos donde quieran.

P. ¿Qué precio tienen los derechos humanos?

R. No lo sabemos, porque de momento no los hemos alcanzado. Cuando lo logremos, en esfuerzo, en tiempo, le pondremos una cifra, pero desde luego la reparación será mayor.

P. 114.000 víctimas en toda España.

R. Esa es la cifra vamos a decir objetiva, que se conoce a través del proceso judicial de Garzón. Seguramente cuando haya más transparencia y un acceso a archivos en condiciones, esta cifra se mejorará.

P. ¿Cuántas víctimas hay reparadas de esas 114.000?

R. A mí entender la reparación es cuando un forense decreta la identidad de la persona exhumada y la familia le puede dar la digna sepultura, algo que está en la Constitución Española. En mi opinión ahí es cuando termina el proceso. Esto es muy personal pero queda muchísimo por hacer.

P. Fuera del País Vasco y Navarra está todo por hacer, ¿no?

R. Bueno, tenemos ejemplos muy importantes como el del Parlamento de Andalucía. Es bueno que se apliquen leyes autonómicas, principalmente porque significa que la exposición de motivos de la ley de memoria histórica sigue viva. Esta exposición de motivos es un ejemplo de valores democráticos digno de un país como España. Es importante también que haya leyes autonómicas porque mejoran el supuesto, regulan sobre procesos que hemos conocido después como el caso de los niños robados o la importancia de que la Consejería costee el ADN. La exposición de motivos de la ley andaluza habla de la II República como antecedente de la democracia actual o reconoce a tantos y tantos andaluces, como Blas Infante, fusilado o muerto por luchar por los derechos de todos los andaluces. Es muy importante hacer ese ejercicio de reparación. También ese ejercicio de legalidad para regular sobre este tipo de supuestos. Un Parlamento lo tiene muy sencillo: va a ser siempre mejor porque es más moderno. Ojalá hablemos dentro de equis años en pasado.

P. ¿Encontraremos a Lorca?

R. Bueno, esa persona habría que hacérsela a dos personas que yo admiro muchísimo: Ian Gibson y Paul Preston. Y también quizás después a los forenses. No lo sé, parece que hay un problema con la investigación y no sé hasta qué punto está relacionado con el ámbito judicial. Esperemos que sus libros se reencuentren con su autor.

P. Es el símbolo de las víctimas del franquismo que sigue desparecido.

R. Y ya previó lo que iba a ocurrir, en sus libros y en lo que luego fue una canción. En sus poemas sigue vivo gracias a sus obras, pero hay una parte científica. Esperemos que la posibilidad se convierta en certeza dentro de poco.