La Junta activa el sistema de reconocimiento facial de asistencia para las acciones de FP para el Empleo

Imagen de archivo de un cajero con reconocimiento facial

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo está poniendo en marcha por primera vez en Córdoba un sistema de control de asistencia de las personas que participan en las acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) mediante acreditación por firma biométrica, que está basada en el reconocimiento facial. La delegada de Empleo, María Dolores Gálvez, ha explicado en una nota de prensa que se trata “de una plataforma pionera en la Administración que va a suponer un gran avance en el control riguroso de los fondos públicos evitando la aparición del fraude”.

En concreto, la herramienta, denominada Sicpa, permite la mejora en la eficacia del control de asistencia con el desarrollo de una aplicación móvil para la acreditación del alumno y del profesor a través del reconocimiento facial. Respetando “en todo momento” la normativa relativa a la protección de los datos, según Gálvez, durante los cursos, “la aplicación móvil solicitará a los alumnos, previamente identificados, la realización de controles de presencia que serán verificados, realizándose, al menos, tres controles por jornada formativa, al inicio, al final y de forma aleatoria en el transcurso de la jornada. Todos los datos serán, además, almacenados en tiempo real y podrán utilizarse tanto para las auditorías como para la generación de informes”.

La responsable territorial ha recalcado que la Consejería de Empleo, además de reactivar la FPE, “ha redoblado los esfuerzos para que la pulcritud fuese máxima y el control exhaustivo con herramientas tecnológicas como la que se ha puesto en marcha en Córdoba”. También ha incidido que otro de los objetivos de esta App es alcanzar el compromiso 'papel cero', evitando el almacenaje de estos controles en soporte papel.

La Junta estima que la nueva herramienta permitirá en la comunidad autónoma seis millones de controles de presencia anuales y demostrables de cara a los procesos de auditorías tanto externas como internas, evitando además el desplazamiento físico de auditores, lo que “va a mejorar la eficiencia y el mejor uso de los recursos de la administración pública”. La inversión inicial es de casi 595.000 euros para su desarrollo y puesta en marcha durante dos años, prorrogable por dos más.

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