El Consejo del Movimiento Ciudadano ve “razonable” bajar algunos impuestos y tasas de modo “progresivo”

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha advertido en su dictamen sobre el expediente de renovación de la ordenación fiscal para el año 2024 que “no sobran los ingresos, lo que hay es incapacidad para gastar lo presupuestado”, algo que “provoca un superávit ficticio”, dado que “en realidad lo que sucede es que el presupuesto municipal se aprueba tarde, se ejecuta por debajo de lo razonable y los servicios públicos están en precario”. Pero en esta ocasión, “con una inflación aún alta, podría ser razonable bajar algunos impuestos y tasas, si bien con carácter progresivo”.

Así lo ha expuesto el Consejo en su dictamen, en el que muestra su “satisfacción” al haberse generado un protocolo de negociación sobre el dictamen anual de ordenanzas fiscales que “respeta el reglamento de Participación Ciudadana”, al tiempo que han apuntado que su “habitual preocupación por la tendencia a reducir impuestos y tasas porque pone en peligro el mantenimiento de los servicios y el empleo público queda en esta ocasión matizada ante el reiterado superávit municipal para gastos generales”.

Sobre beneficios fiscales, mantienen la petición de “introducir beneficios fiscales al máximo nivel posible y en todos los impuestos y tasas que lo admitan para el Casco Histórico y, en especial, en la zona Patrimonio de la Humanidad, para actividades no hosteleras”, con el objetivo de “ayudar a reintroducir el pequeño y mediano comercio, instalar equipamientos públicos y privados y la rehabilitación y construcción de viviendas no turísticas en esta zona que corre riesgo de despoblación y gentrificación”.

Al mismo tiempo, han abogado por “establecer penalizaciones para extender la construcción o apertura de alojamientos y apartamentos turísticos en el casco como vía de disuasión”.

En cuanto a las familias numerosas, creen que “se deberían limitar las ayudas a familias por debajo de un nivel de ingresos de tipo medio”. En este sentido, “tiene iguales o más dificultades habitualmente una familia monoparental que una familia numerosa”, por lo que “se debe plantear un límite a los ingresos según los miembros de la familia”, han indicado.

Por otra parte, han comentado que “los beneficios fiscales para eliminación de barreras arquitectónicas y utilización de energía renovable y respeto al medio ambiente deben autorizarse a toda vivienda o edificio que pague IBI, independientemente de que cuente con licencia de primera ocupación o no”, a lo que han agregado que “si se le hace pagar IBI sin tener licencia de primera ocupación, se le debe permitir acceder a los beneficios fiscales que acompañan a dicho impuesto, solicitando exclusivamente un informe de las condiciones habitables de la vivienda”.

Zonas privadas de uso público

También, han apostado por “introducir beneficios fiscales o rebajar un orden fiscal en el callejero a las calles que se encuentran bajo la definición de zonas privadas de uso público derivadas de la ordenación abierta, porque no reciben todos los servicios municipales, viéndose obligados a pagar los servicios no prestados”, algo que “resulta discriminatorio sobre otras zonas del mismo orden fiscal que, pagando lo mismo, sí reciben todos los servicios municipales --limpieza, mantenimiento de zonas verdes, alumbrado--”. “Estas viviendas tienen ya mas de 50 años en su gran mayoría y los gastos de mantenimiento de las mismas se multiplican a su vez”, han precisado.

Sobre expedientes en materia de urbanismo y vía pública, en el apartado relativo a expedientes administrativos para el otorgamiento de autorizaciones para la utilización privativa y aprovechamiento especial con carácter temporal de dominio público local con estructuras desmontables o portátiles y actividades diversas a tramitar por el departamento de vía pública, han defendido “incluir la exención de pago para las actividades que estén dentro de la programación sociocultural de cada distrito o vengan reconocidas por un departamento o área municipal como actividad de interés social o ciudadano”.

Asimismo, han defendido “evitar tratar como actividad con ánimo de lucro la instalación de una barra limitada a dar servicio a la actividad en el tiempo indispensable y que ayuda a financiar la actuación”. Como consecuencia de ello, “las actividades a desarrollar en vía pública con instalación de una barra que se encuentren en la programación sociocultural municipal del distrito o que estén avaladas por un departamento como de interés social o ciudadano deben considerarse como parte de una actividad sin ánimo de lucro, pues sólo contribuyen a sufragar la propia actividad con trabajo voluntario”, han agregado.

Igualmente, han apoyado “cambiar del pago de IBI urbano a IBI rústico a todas las viviendas y suelos que están en suelo no urbanizable, o que estando en suelo urbanizable no han aprobado de forma definitiva su plan parcial, o que, estando en suelo urbano no consolidado, no han aprobado su plan especial de reforma interior o proyecto de urbanización”.

Al respecto, desde el Consejo han pedido “trasladar a la Gerencia provincial del Catastro el listado de las viviendas que se encuentran en dicha situación para que reconsidere su calificación catastral”. Todo ello, “siguiendo la jurisprudencia que se ha ido generando y ante la falta de acceso a servicios básicos y falta de servicios públicos”, han aseverado, para apostillar que “el IBI urbano debe representar que se tiene acceso a los servicios públicos o se convierte en una imposición no ajustada a derecho”.

En relación a la tasa por cesión del uso e instalación, transporte y montaje y desmontaje de estructuras metálicas, siguen “solicitando que la cesión de material no debe estar sometida a tasa alguna para entidades sin ánimo de lucro, porque ya les supone un gasto cuantioso el transporte, la instalación, el desmontaje y el transporte de regreso”, de modo que “es suficiente con el abono de fianza”, consideran.

Mesas, sillas y parasoles

Sobre la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y parasoles, han insistido en que “se disuada de una instalación excesiva por el uso que se hace del espacio público”. Para ello, creen que “a partir de cien metros cuadrados de ocupación se debería incrementar el metro cuadrado un 25% cada 25 metros cuadrados más, y así sucesivamente”.

En cuanto al IBI, han apostado por “reducir el 90% a los locales de asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir a su sostenimiento, siempre que en ellos no se desarrolle ninguna actividad lucrativa”.

Y ante la situación socioeconómica que se vive, desde el Consejo han planteado “facilitar al máximo la línea de fraccionamientos y aplazamientos de pagos de tasas e impuestos y estudiar la ampliación de personas y entidades con exenciones o bonificaciones en tasas e impuestos”.