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CCOO exige a la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en Baena que cumpla el convenio del sector

Plaza de la Constitución en Baena, con el Ayuntamiento al fondo.

Redacción Cordópolis

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El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha exigido este miércoles a la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en Baena (Córdoba) “que cumpla el convenio colectivo del sector”, en lo que al pago de las nóminas se refiere, ya que, según ha recordado el sindicato “el convenio establece que el pago de los salarios debe realizarse entre el día 1 y 5 de cada mes”, pero la empresa “se retrasa en el abono todos los meses, llegando incluso a retrasarse un mes y medio”.

A este respecto y en una nota, el secretario general del mencionado sindicato, Antonio Salazar, ha señalado que “las 80 trabajadoras” de la empresa Cudoba “no pueden pagar las consecuencias de una situación en la que no tienen nada que ver”, en referencia al bloqueo de la licitación del servicio y la necesidad de que el pago del servicio tenga que ser aprobado por el Pleno municipal cada mes.

Los retrasos derivan de la situación del servicio, “que no se licita desde 2018, cuando caducó la última licitación. Desde entonces, por dos veces, el proceso de licitación se ha paralizado, la última de ellas, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobara el pasado 27 de enero por unanimidad el expediente de contratación por tres años con dos prórrogas anuales obligatorias y un importe de más de diez millones de euros”.

Pero este expediente se ha suspendido, “en tanto se resuelve el recurso que la empresa Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (Cecua) ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, contra el pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación del contrato”.

Mientras tanto, al tratarse de un contrato caducado, “el abono de la factura necesita del visto bueno del Pleno, lo que supuestamente está provocando un retraso en el cobro por parte de la empresa, que, a su vez, traslada el retraso a las trabajadoras, que no tienen culpa de esta situación, a la que no se debería haber llegado, porque se debía haber licitado el servicio en 2018, cuando concluyó la anterior adjudicación”.

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