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Informe ‘CCF SAD 2011-19’ (IV): la ciudad deportiva nunca construida

Terrenos donde se proyectó la ciudad deportiva del Córdoba | MADERO CUBERO

Rafael Ávalos

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Más de uno y de dos asuntos son los que aborda de manera detallada. En concreto, son ocho, grosso modo, los que trata y en torno a los que expone posibles actuaciones constitutivas de delito. Sueldos elevados de los miembros del consejo que a veces no aparecen bien reflejados en las cuentas, operaciones de difícil seguimiento, el reparto de dividendos o descuadres financieros son algunos de los temas que analiza y detalla la administración judicial del Córdoba CF Sociedad Anónima Deportiva (SAD), a cargo de Francisco Estepa y Javier Bernabéu, ante el Juzgado de Instrucción número 5. Lo hace en un informe de 73 páginas remitido al juez el pasado 9 de diciembre y que es desglose de la gestión de la entidad entre 2011 -desde el 3 de junio- y 2019 -hasta el 9 de noviembre-.

Capítulo IV. Muchas operaciones, cero instalaciones

Los resultados del trabajo del informe de la administración judicial llegan en su cuarto bloque a uno de los asuntos más tratados desde hace tiempo. Se trata del proceso de construcción de la ciudad deportiva en el Parque del Canal, la cual nunca se efectuó. Éste es el apartado más extenso del documento remitido al juez pues se desarrolla a lo largo de 20 páginas. De entrada, Francisco Estepa y Javier Bernabéu señalan que los negocios jurídicos llevados a cabo por la SAD en este sentido eran “carentes de toda lógica jurídica y razón económica y que, en último término, supusieron un perjuicio económico para el CCF SAD por un importe superior al millón de euros”. “Además, la forma en que se registró y fueron tratadas las indicadas operaciones en el CCF SAD (contabilidad y cuentas anuales) pudiera constituir incumplimientos de las normas contables y/o fiscales, que hubieran supuesto la imposibilidad de conocer el contenido económico real de las indicadas operaciones”.

Dicha apreciación se realiza a modo de antecedente, un punto éste en el que surgen las entidades intervinientes. En su relación, los administradores judiciales apuntan a la Fundación Córdoba CF (FCCF), Grucal Andalucía, Football Management Sánchez y Estudio Povo Arquitectura. En cuanto a los hechos, indica que “el 28 de octubre de 2014 la FCCF presentó ante la Gerencia Municipal de Urbanismo” una solicitud para la concesión de los terrenos. “Existe un contrato privado sobre construcción de ciudad deportiva entre el CCF SAD y Grupo Constructor Grucal Andalucía de fecha, igualmente, 28 de octubre de 2014”, se apunta después. Es decir, el acuerdo se cerró cuando “ni siquiera se había admitido a trámite” la petición al Ayuntamiento.

Esto último es sólo una de las incidencias que aportan Estepa y Bernabéu, entre las que se cuenta el hecho de que “la estipulación 5.1 del contrato privado fijó compromiso del CCF SAD de anticipar pagos a Grupo Constructor Grucal Andalucía en concepto de anticipo de materiales durante el año 2015 por un importe total de 878.000 euros (IVA no incluido)”. “En base a lo anterior, en el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 al 23 de marzo de 2017 se hicieron pagos a la entidad contratista por un importe total de 1.030.407,20 euros (IVA no incluido”, se agrega. El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo admitió a trámite la solicitud por los terrenos el 14 de noviembre de 2014.

Sobre las incidencias, una de las más significativas es que “el 12 de enero de 2015 el CCF SAD suscribió con la mercantil Football Management un contrato de préstamo por un importe de 1,5 millones de euros, destinado a la financiación de las obras de construcción”. Si bien éste fue cancelado por el club en 2016, el interés pactado fue de un 15,73%. Por otro lado, la SAD llegó  a abonar un total de 276.000 euros más IVA por un proyecto técnico que “no consta en los archivos” de la entidad. También hablan los administradores judiciales del “contrato privado suscrito entre el CCF SAD y la FCCF de fecha de 1 de diciembre de 2015 por el cual el CCF SAD se obligaba a incurrir en todos aquellos gastos necesarios para la construcción de la ciudad deportiva de la FCCF, recibiendo en contraprestación el derecho de uso de las instalaciones deportivas durante un plazo de 40 años”. Un documento éste que Estepa y Bernabéu rebaten también por diversas circunstancias.

El hecho es que, más allá de otros muchos apuntes, la administración judicial remarca que “el tratamiento contable durante las temporadas 2014 y 2015, así como las siguientes, no ha sido el correcto”. “Las cuentas anuales no contienen información suficiente y adecuada para la compensación de la operación, ni de sus riesgos y compromisos”, se prosigue. Más adelante el texto recoge que “fiscalmente pudiera haber sido obligatoria la facturación por parte del CCF SAD de los trabajos realizados o facturas recibidas, circunstancia ésta que no se ha producido”. Son más las cifras que en este plano muestran Estepa y Bernabéu en su análisis.

Informe 'CCF SAD 2011-19' (I): el pacto de los 8,1 millones de euros

Informe 'CCF SAD 2011-19' (II): retribuciones al consejo y reflejo en cuentas

Informe 'CCF SAD 2011-19' (III): González, León y las facturas al club

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