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Marisa Ruz acusa a Bernier de deslealtad y de ejecutar operaciones irregulares en Rafael Botí

Marisa Ruz, junto a Paco Ariza, visita la muestra.

Juan Velasco

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La presidenta de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, Marisa Ruz, ha salido este viernes al paso de las críticas que ha ocasionado la controvertida decisión que tomó el pasado lunes -y que aprobó el consejo rector- de cesar al gerente de este centro de arte, Juan Antonio Bernier.

En conferencia de prensa, Ruz ha cargado duramente contra la gestión de Bernier al frente del organismo y le ha acusado de “deslealtad” y de “ocultarle” operaciones irregulares. Una de ellas, según la documentación mostrada por la diputada de Cultura, le va a costar a la institución provincial alrededor de 50.000 euros por una exposición, Una historia propia: mujeres, vanguardia y política, comisariada por Óscar Fernández, y que no se va a llevar a cabo por la “mala gestión” del exgerente, según Ruz.

Concretamente, la diputada ha acusado a Bernier de contratar “verbalmente” el transporte de algunas de las obras de esta exposición -provenientes de ciudades como París, Barcelona o Salamanca-, haciendo un “fraccionamiento” de un contrato que, al superar los 50.000 euros, tenía que salir obligatoriamente a concurso público. Siempre según el relato de la diputada, al percibir que faltaba poco tiempo para la exposición -pospuesta para abril tras haber sido anunciada para diciembre de 2018-, solicitó información al gerente, que le transmitió que algunas de las 47 obras previstas se habían “caído”.

Así, tras investigar la gestión, Ruz asegura que el transporte de dichas obras ya había sido contratado irregularmente y que, al darse cuenta del problema burocrático, el gerente dio marcha atrás y ordenó que las obras se devolvieran a los museos de los que presuntamente ya habían salido. El resultado es que, mientras la mayoría de las obras volvieron al lugar de partida, alguna de ellas se la quedó “en stand by”, según Ruz, la empresa transportista, a la espera de que se resolviera el contrato de transporte.

A eso se le suma que, según una comunicación recibida este jueves, la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, con sede en Madrid, informó de que el gerente le había asegurado que las obras cedidas para la exposición estaban “bajo la custodia” de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Para la diputada, este tipo de actuación va a causar a este centro de arte “un importante descrédito”, así como un “perjuicio económico”, puesto que ya se ha dado la orden para pagar el transporte abortado de las obras, valorado en “más de 35.000 euros”, a pesar de que la exposición ha quedado oficialmente cancelada.

Este episodio, según Ruz, es el detonante que motivó que el pasado lunes, a media mañana, convocara una reunión urgente y extraordinaria del Consejo Rector de Rafael Botí para proceder a la votación del cese de Bernier. Una decisión, ha dicho la diputada, “legítima y prevista dentro de las competencias de la Presidencia de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí”, y que no fue “unilateral”, ya que fue ratificada “por la mayoría absoluta de los miembros del consejo rector y por la unanimidad de los presentes que asistieron a la convocatoria”.

Ha relatado otros episodios que han motivado el cese, justificado en “la pérdida de confianza” absoluta, como “una omisión de la fiscalización” que provocó que no se tramitara correctamente el expediente de la participación en Flora, a la que se debían “más de 36.000 euros desde octubre de 2018”, o el hecho de que la convocatoria para la Bienal de Artes Plásticas del año 2018 “no llegó a realizarse”, entre otros.

“No era un hecho aislado sino un funcionamiento deficiente continuado”, ha manifestado la diputada, que ha añadido que “el dinero público es sagrado” y que no pensaban ser cómplices y “mantener a Bernier en el puesto de gerencia ni un día más”. Sobre las dimisiones producidas en el seno de la institución, ha recordado que el único miembro que ha dimitido en el consejo rector “llevaba muchos meses sin acudir”, y que las cinco dimisiones ocurridas en la comisión técnica han sido por personas que no le han llamado para conocer los motivos.

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