Con una zanja de 12 metros “era casi imposible que el muro aguantara”

Los peritos que visitaron la obra de Palomares coinciden en que fue la forma de construir lo que provocó el siniestro que mató a un matrimonio

“Con una excavación que carecía de bataches” y una zanja de 12 metros de longitud por unos tres de profundidad “era casi imposible que el muro aguantara”. La juez que dirige el juicio sobre el siniestro de la calle Palomares, que en 2007 provocó la muerte de un matrimonio tras desplomarse parte de la vivienda en la que dormían, ha leído esta mañana las conclusiones de un informe pericial muy contundente. Lo ha redactado el perito principal designado por el Juzgado de Instrucción para revisar lo que pasó en la calle Palomares el 20 de febrero de 2007 y con sus conclusiones están de acuerdo todos los peritos (arquitectos e ingenieros) que esta mañana han asistido al juicio.

“La causa del derrumbe es sin duda la falta de bataches”, concluye el informe. Los bataches son una forma de excavación que asegura que el terreno no se venga abajo. Se construyen en tramos de tres metros de longitud como máximo y se aseguran con puntales y hormigón. En el caso de Palomares, según el perito, no se construyeron bataches, sino que se abrió una enorme zanja que dejó los cimientos de la casa que se vino abajo al aire. De hecho, al principio los trabajadores sí que abrieron una excavación con bataches, en concreto dos, en la zona derecha del muro. El perito insiste en que ésto favoreció que esta parte del muro no se viniera abajo, como ocurrió con la otra en la que se construyó la zanja de 12 metros de longitud.

El perito va más allá y asegura que, como argumenta una de las defensas, si el muro de la casa que se vino abajo estaba en mal estado no fue determinante, ya que “incluso si hubiera estado en perfecto estado” el muro se habría derrumbado por la enorme zanja que se abrió en la zona. De hecho, otro de los peritos que ha asistido al juicio para contrastar este informe asegura que “el mismo muro con sus mismas características” siguió en pie en la zona en la que se construyeron los bataches.

La juez ha tenido que leer las conclusiones del perito porque éste no ha podido asistir como testigo al juicio, ya que actualmente está en Panamá y no regresa a España hasta finales del próximo mes de febrero. Todos los abogados, salvo uno, acordaron que se leyeran sus conclusiones para no tener que suspender así una vista que se celebra cinco años después de que ocurrieran los hechos.

Una de las peritos solicitadas por la defensa, en un momento previo del juicio a la lectura de este informe, ya avanzó que las causas del derrumbe podrían estar en la enorme zanja que se abrió. Esta perito, ingeniera de caminos, sostuvo que el derrumbe “normalmente” no se produce de una forma “inmediata”, sino que el colapso llega horas después de abrir la zanja, como finalmente ocurrió en la calle Palomares. El derrumbe se produjo 14 horas después de que los trabajadores dejaran de excavar y justo antes de que iniciaran una nueva jornada laboral.

Por otra parte, esta mañana ha pasado por la vista la inspectora de trabajo encargada de vigilar esta obra y que emitió un informe posterior al derrumbe. Esta funcionaria ha admitido que la obra se inició sin que contara con un plan de seguridad, pero que esta circunstancia no habría motivado una paralización de los trabajos.

El juicio ha entrado ya en su recta final, tras la declaración de los peritos. En las próximas jornadas están previstas ya las conclusiones provisionales por parte de los abogados y que el juicio quede visto para sentencia.

La Fiscalía pide un total de 26 años de cárcel para los seis acusados por el derrumbe. El escrito de calificación les acusa de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.

El ministerio fiscal solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.750 euros para el promotor; una pena de siete años y seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros para el encargado de la obra y contratista; una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 6.750 euros para el arquitecto que redactó el proyecto; una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 6.750 euros para el arquitecto técnico que elaboró el estudio de seguridad; una pena de dos años y once meses de prisión y multa de 3.750 euros para el contratista secundario, y una pena de dos años y seis meses de prisión para el maquinista.