Piden nueve años de cárcel para un acusado de intentar quemar a clientes y empleados en un local de Córdoba tras echarles gasolina

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá el próximo mes de junio el juicio contra un hombre acusado de un grave intento de incendio en un establecimiento de la capital y de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el procesado se enfrenta a una petición total de nueve años de prisión por intentar prender fuego a un local mientras se encontraban en su interior tanto empleados como clientes.

Los hechos se remontan a 2024, cuando el acusado se dirigió a un establecimiento de Córdoba portando dos botellas de gasolina. Una vez en el lugar, comenzó a rociar con el combustible a las personas que estaban dentro. Acto seguido, derramó el contenido de una de las botellas en la entrada del local, tanto en la parte interior como en la exterior, y lanzó un cigarrillo encendido a la gasolina con la finalidad de prender fuego.

Lejos de deponer su actitud, el acusado se dirigió específicamente hacia personas que ya habían sido alertadas por los empleados y las roció de nuevo con la gasolina que le quedaba en la segunda botella. El escrito fiscal detalla cómo les lanzó varios cigarrillos encendidos para que el combustible prendiera fuego y, al no lograrlo, lo intentó de nuevo utilizando un mechero. La tragedia fue evitada gracias a la intervención de un cliente del establecimiento, que logró reducir al atacante. En el momento de su detención, se le intervinieron las dos botellas de gasolina y dos mecheros.

No obstante, el altercado no terminó con la reducción del procesado en el local. Según el Ministerio Público, durante su traslado a la comisaría, el acusado mostró una actitud violenta, negándose a bajar del vehículo policial y golpeando a un agente, causándole una herida.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de tres delitos: incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, en grado de tentativa, por el que solicita siete años de prisión; y un atentado a la autoridad, por el que pide un año de cárcel, al igual que por el delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, el fiscal interesa que se imponga al acusado el pago de las costas y la prohibición de aproximarse al establecimiento a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con el local durante un periodo de tres años. El Ministerio Público señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.