Ordenan la demolición de una casa prefabricada en una parcela de Rosal del Rubio

“Me lo tiran todo”. María de los Ángeles Costanillas Ruiz espera, de un momento a otro, la orden de ejecución definitiva que más teme: demoler todo lo que ha construido en una parcela de Rosal del Rubio en Córdoba. Y hacerlo, precisamente, en una zona donde abundan las parcelas y las viviendas. “Y donde se sigue construyendo”, denuncia.

El Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba ha condenado a esta cordobesa a dos años de prisión, a pagar una multa y a demoler todo lo construido en una parcela que “era un sueño” para su familia y que se ha acabado convirtiendo en una pesadilla, según detalla. Durante años ha invertido sus “ahorros” en unas obras irregulares, pero en una zona repleta de viviendas como la suya. Pero es precisamente su casa portátil “la única que ordenan demoler”, lamenta, en lo que considera que es un agravio comparativo.

Las obras de su parcela fueron sancionadas por una patrulla de la Línea Verde de la Policía Local, que elevó su caso a un juzgado de lo Penal. De ahí, acabó en la mayor sanción de todas las posibles: una condena a dos años de prisión, al pago de una multa “que ya hemos abonado” y a demoler lo construido. La sentencia ya es firme, después de los diferentes recursos interpuestos en todas las instancias judiciales posibles.

Las condenas a demolición de lo construido no son habituales en el urbanismo irregular cordobés, aunque las ha habido. La última se ratificó en diciembre del año 2020, cuando se condenó a una familiar a demoler la construcción y a restaurar la legalidad en la parcelación El Alcaide Vía Férrea, según publicó este periódico.

La propia Audiencia Provincial ya discutió en el año 2008 que aunque haya otras construcciones irregulares en los alrededores que no han sido sancionadas no es óbice para expedientar y demoler otras. “La mera existencia de construcciones previas en una zona, sea cual fuera su característica, no suponen por sí mismas una exoneración de responsabilidad penal. Habrá que examinar cada caso en concreto para saber si esa nueva construcción supone un plus de degradación del territorio del suelo”, afirmó el pleno jurisdiccional.

María de los Ángeles Costanillas sabe que tendrá que sacar la piqueta y demoler. “Pero estoy dispuesta a pagar”, a regularizar su situación, por lo que pide la mediación de las autoridades. La vivienda no es una segunda residencia en la actualidad, sino que es donde vive su hija con su novio, que se emanciparon hace unos años. De hecho, sostiene que instaló una casa preconstruida precisamente por que “me dijeron” que era lo que estaba permitido y lo que no se demolería. Pero al final el Juzgado de lo Penal número 4 ha considerado lo contrario.

La primera parcela que se demolió en Córdoba ocurrió en 2007. Desde entonces, los casos que han acabado en la destrucción de lo construido son muy escasos. Y más en los últimos años. De hecho, aún siguen en pie las 14 viviendas que se anegaron en las inundaciones del año 2010 en el entorno del Aeropuerto de Córdoba en la zona de Guadalvalle. Se precintaron pero de momento no se han derribado.