CCOO rechaza la centralización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer

El sindicato CCOO ha criticado la decisión de agrupar los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Lucena, Cabra y Pozoblanco en el nuevo órgano judicial que se va a crear en la capital. Aunque valora positivamente la creación de un segundo juzgado exclusivo en Córdoba, considera que absorber los casos del sur y norte de la provincia solo traslada el problema sin resolverlo y aleja la justicia de las víctimas.

El responsable del sector de Justicia de CCOO Córdoba, José Carlos Alba, subraya que el actual juzgado exclusivo de violencia de género ya se encuentra muy por encima del límite recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2024 registró 2.199 casos, frente a los 1.600 que se fijan como tope por órgano. Aun así, CCOO considera que la centralización no aliviará esta carga, sino que la ampliará con los casos de otros partidos judiciales.

Desde el sindicato se cuestiona el argumento de la “especialización” que se esgrime para justificar la medida. Según CCOO, no se exige formación específica en violencia de género al personal que trabaja en estos juzgados ni en el momento del acceso ni posteriormente. Esta falta de preparación, sumada a la sobrecarga estructural y ausencia de incentivos laborales, está provocando un deterioro del servicio y una alta rotación del personal.

Además, CCOO alerta del impacto negativo sobre las víctimas, que tendrán que trasladarse a Córdoba para cualquier trámite judicial o ser atendidas por videoconferencia, lo que rompe la necesaria cercanía de estos procedimientos. También se pone sobre la mesa el riesgo de reencuentros no deseados entre víctimas y agresores durante los desplazamientos.

El sindicato insiste en que la solución pasa por mantener los juzgados actuales en cada partido judicial, dotarlos del personal necesario y garantizar su formación específica. Además, reclama que sea el juez quien se desplace al lugar donde reside la víctima cuando sea necesario, y no al revés.

CCOO pide al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas que, en lugar de centralizar servicios, creen áreas especializadas en violencia sobre la mujer en todos los tribunales de instancia, con personal propio y cualificado que garantice una atención cercana, efectiva y con perspectiva de género.