El Juzgado de lo Social declara nulo el plan de externalización de Hitachi

El Juzgado de lo Social número dos de Córdoba ha declarado nulo el plan de externalización parcial (PEP) que Hitachi Energy Córdoba ha implantado “de forma unilateral sin la preceptiva negociación en el marco del convenio colectivo” y ha condenado a la multinacional “a pagar 30.000 euros por vulnerar derechos fundamentales”, según ha informado el sindicato CCOO a través de una nota de prensa. De esta forma, el fallo declara la nulidad de las decisiones de la empresa de marzo a mayo de 2026 y de todas sus ejecuciones (cartas individuales, reubicaciones o movilidades) “al entender que la empresa actuó al margen de la ley, eludiendo el periodo de consultas obligatorio y vulnerando el derecho de información de los trabajadores”.

Las secciones sindicales de CCOO -sindicato con la mayoría absoluta en el comité de empresa- y USO entienden que la sentencia “no solo frena la externalización unilateral, sino que aclara de forma contundente los puntos de controversia que se han generado en los últimos meses: la vigencia de la negociación del convenio colectivo y la representatividad legítima de las personas trabajadoras”.

La sentencia ratifica en sus hechos probados que “el convenio colectivo de empresa está denunciado y la mesa negociadora válidamente constituida (con sus correspondientes reuniones y actas). La decisión unilateral de la empresa de imponer externalizaciones se produjo precisamente en este contexto de negociación, utilizando maniobras unilaterales para dinamitar el marco convencional”.  

Asimismo, la resolución judicial deja constancia formal y probada de que “la plantilla ha ejercido sus derechos legítimos mediante concentraciones, reclamaciones y la convocatoria legal de huelga en el marco del conflicto de la negociación colectiva”. El juez vincula “el actuar de la empresa con una conducta de represalia e interferencia en el conflicto laboral, condenándola a pagar 30.000 euros de indemnización por vulnerar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”.  

Al certificar la continuidad de la mesa negociadora, la vigencia del comité de empresa legítimamente constituido y la plena legalidad de las medidas de conflicto (como la huelga) e indemnizar por vulneración de la libertad sindical, queda jurídicamente desarticulada cualquier maniobra o asamblea de “revocación” promovida para debilitar la representación legal. “La sentencia deja claro quiénes son los representantes legítimos reconocidos por la ley y la injusticia de las trabas impuestas por la empresa durante la negociación”, según la nota de prensa.  

CCOO y USO exigen a la Dirección de Hitachi Energy que acate de inmediato la resolución judicial, detenga las externalizaciones, revierta cualquier cambio forzoso y se siente a negociar de buena fe el Convenio Colectivo con la representación legal y legítima de la plantilla.  

En este sentido, CCOO y USO reclaman a la empresa “la paralización inmediata de la pretensión de iniciar un periodo de consultas sobre el Plan Parcial de Externalización que, hay que recordar, debe llevarse a cabo en el marco de la negociación del convenio colectivo”. Ambas secciones sindicales tachan de “incongruente y fraudulento que la empresa pretenda” iniciar un periodo de consultas alegando hacerlo “en cumplimiento de la sentencia” cuando el acatamiento de la resolución judicial exige, de forma previa e ineludible, devolver a toda la plantilla afectada a sus puestos y condiciones originales, dejando sin efecto las movilidades, reubicaciones y subcontrataciones nulas.

Ambos sindicatos recuerdan a Hitachi que pretender negociar sobre hechos consumados que siguen desplegando efectos ilegítimos contraviene el Estatuto de los Trabajadores y las Disposiciones Final Octava y Adicional del Convenio Colectivo de Empresa, además de persistir en la falta de entrega de la información previa y detallada requerida en la normativa convencional.

Por ello, la mayoría del Comité de Empresa de Hitachi Energy en Córdoba exige la reposición de la plantilla a sus puestos de origen, la entrega de toda la documentación sobre subcontratación y el reconocimiento de la negociación del convenio colectivo como requisito indispensable para iniciar el periodo de consultas, cuyo inicio ha fijado la empresa para mañana viernes.

De seguir adelante, CCOO y USO advierten que se reservan ejercer acciones legales, administrativas y judiciales —incluida la denuncia ante la Inspección de Trabajo y la solicitud de ejecución provisional de la sentencia— a los únicos efectos de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.