La jueza que investiga el accidente de Adamuz deja a Vox al frente de la acusación popular

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, encargada de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero, ha comunicado a las diferentes acusaciones populares representadas en el caso que deja en manos de los abogados de Vox la representación legal de todas.

Según ha confirmado a este periódico la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, y ha adelantado la Cadena SER Radio Córdoba, la jueza ha comunicado su decisión este viernes por la mañana. Este colectivo y el Sindicato Español de Maquinistas (Semaf), también presente en la causa, han anunciado que van a recurrir esta decisión.

Este tipo de resoluciones judiciales son normales por “eficiencia procesal”. Normalmente, las diferentes acusaciones suelen ponerse de acuerdo y nombrar al abogado de una de las partes en concreto como representante. Pero ante la falta de acuerdo, la jueza de Montoro ha optado por seguir la doctrina del Tribunal Supremo, en un fallo judicial del año 2024, en el que señala que la representación se quedará en manos de la primera acusación que la haya pedido, en este caso Vox.

Además de Vox, en la causa están representados como acusación popular Hazte Oír y la Asociación Víctimas de los Políticos. La jueza dejó fuera de la causa a los ayuntamientos de Huelva o de Punta Umbría, que pretendían defender los intereses de las víctimas de sus municipios afectadas en el siniestro. Tampoco ha podido personarse la Junta de Andalucía, que igualmente mostró interés en conocer de este sumario.

Al respecto, Vox se opuso a la unificación, manifestó “la falta de concurrencia de los presupuestos exigidos para la imposición de una unificación automática y la falta de motivación y/o fundamento”, a la vez que ha defendido que “la acción popular está configurada como un derecho fundamental por su reconocimiento constitucional en el artículo 125, lo que determina que queden afectos dos derechos a equilibrar, por un lado, la garantía de un derecho de defensa y la garantía de la tutela judicial efectiva”, y ha alegado “la inexistencia de riesgo de dilaciones indebidas ni alteración del orden del proceso, la inexistencia de intereses que converjan y la incompatibilidad de las acusaciones”.

Por su parte, la Asociación Víctimas de los Políticos se opone a la unificación, alegando “la improcedencia en la imposición automática de la unificación, al ser una facultad excepcional y que debe se motivada por el órgano judicial, en la que deben concurrir identidad sustancial de intereses y ausencia de conflicto material entre las distintas posiciones procesales, existiendo en el supuesto de autos posiciones procesales diferenciadas, propias y con estrategias procesales diversas, imponiendo la defensa única una restricción en el derecho de acción que supeditaría a la parte su estrategia procesal a decisiones ajenas”.

Igualmente, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se opuso a la unificación, alegando “la falta de motivación de la unificación pretendida, deduciendo que la única razón en la imposición de la medida toma como base el número de acusaciones populares personadas, sin que ésto pueda justificar la unificación”, a la vez que ha manifestado “vulneración de los principios de proporcionalidad y falta de ponderación de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y defensa, los que ostentan un rango superior a los principios de economía procesal y buena ordenación del procedimiento”.

También, se ha opuesto a “la aplicación automática de la medida”, haciendo mención a “la especial cualificación y conocimiento técnico” del que dispone, “lo que redunda en beneficio del procedimiento para el esclarecimiento de los hechos”. Además, ha expuesto que en la parte “concurren intereses específicos y diferenciados del resto de acusaciones populares, que se encuentran vinculados con la seguridad laboral y la protección de la vida e integridad de los trabajadores ferroviarios, ya que los hechos también pudieran ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, ejercitando acción no sólo en búsqueda de la verdad y por la acción de la Justicia, sino que ejercita acción desde la perspectiva de satisfacción de los intereses colectivos laborales de los trabajadores de conducción ferroviaria”.

La Fiscalía

Mientras, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha alegado “la falta de concurrencia de presupuestos materiales de acumulación, la lesión del derecho a la defensa y derecho a la tutela judicial efectiva por generar indefensión”, remarcando que “los fines perseguidos por las distintas acusaciones populares son distintos”, y creen que “existe trato discriminatorio si se aplica el criterio de prioridad temporal en la personación”. Y han subrayado que sus fines son “la defensa de los intereses de las víctimas, búsqueda de la verdad y la justicia a diferencia de las restantes acusaciones populares que tienen otros motivaciones que trascienden de la defensa de las víctimas”.

Y tras ello, el Ministerio Fiscal ha informado “a favor a la unificación de las acusaciones populares bajo una misma representación y defensa”, al considerar “cumplidos en el caso de autos los requisitos que se exigen para hacerla efectiva”, manifestando que “el número elevado de acusaciones tanto particulares como populares afecta al buen orden del procedimiento o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas y existe identidad de intereses”. Así, ha pedido que “la unificación se haga efectiva dando prioridad a la defensa y representación de la primera de las personaciones como criterio objetivo seguido por el Tribunal Supremo (TS)”.

Por todo lo expuesto, y a la vista de “la fecha de los escritos de solicitud de personación, la falta de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de quién debe asumir la representación y defensa comunes según sus escritos de alegaciones y no existiendo oposición por el Ministerio Fiscal”, la jueza ha determinado que “corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas”.